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miércoles, 28 de octubre de 2026

“ARGUYENDO ESTADO de DERECHO: EX-PRESIDIARIO del GOBIERNO de AMÉRICO AMAGÓ con CÁRCEL a TRANSPORTISTAS”… el predicador del orden estuvo 2 años en el penal de Tamatán por secuestro.


En Tamaulipas, Willy Zúñiga Castillo salió a recordar que las protestas pueden terminar en órdenes de aprehensión. El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y vocero de Seguridad,dejó abierta la posibilidad de proceder contra participantes en las movilizaciones de transportistas. 

El detalle incómodo para el predicador del orden es que su propia trayectoria incluye una detención por una acusación de secuestro que le valió dos años de carcel en el penal de Tamatan.Una cosa es pronunciar “Estado de Derecho” frente al micrófono y otra conseguir que el pasado no se siente junto a uno en la conferencia.

“Nunca se descarta nada, al final de cuentas el establecimiento del Estado de Derecho es el respeto a las garantías de todos”, respondió cuando le preguntaron por posibles acciones legales contra manifestantes, con el antecedente de la detención del dirigente agrícola Guillermo Aguilar, de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas. Traducido del idioma burocrático: reconocemos su derecho a protestar, pero la posibilidad de una aprehensión sigue sobre la mesa.

El pasado no desaparece porque ahora tenga nombramiento

La advertencia tiene un contraste que no cabe debajo del membrete oficial. Eje Central publicó que Zúñiga Castillo fue acusado y detenido en 2015 por el delito de secuestro. 

«El excoordinador antisecuestros en el estado, Willy Zúñiga Castillo, fue acusado por secuestro en 2015 , detenido dos años en el penal de Tamatan. Se le vinculó con Raúl Gámez La Borrega, expolicía ministerial integrante del Cártel del Noreste. Sin embargo el gobernador Villareal Anaya nombró a Willy Zúñiga como rector de la Universidad de Seguridad y Justicia del gobierno estatal» y luego Secretario del Consejo Estatal de Seguridad Publica,ademas de Vocero».

En Valor Tamaulipeco lo publicamos el 8 de junio de 2026 retomando información judicial y de la de Revista Vertical que sostiene que permaneció casi dos años preso y posteriormente fue liberado por deficiencias en la integración del expediente.

La estampa política, esa sí, viene completa: un funcionario con ese episodio en su trayectoria ofrece ahora lecciones públicas sobre los límites de la protesta. El expediente no desaparece de la conversación porque el señalado haya cambiado el lugar del interrogatorio por el del micrófono.

Derecho a manifestarse, con advertencia incluida

Zúñiga sostuvo que las autoridades respetan la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, pero actuarán cuando se presenten conductas constitutivas de delito, sean del ámbito federal o estatal. Su declaración no anunció órdenes ya emitidas: dejó abierta la posibilidad de proceder. La diferencia importa, aunque el tono del mensaje alcance para poner a los inconformes sobre aviso.

“Todos estamos sujetos a un Estado de Derecho”, dijo. La frase luce impecable en una declaración oficial. Lo incómodo aparece cuando quien la pronuncia tiene que compartir el encuadre con los antecedentes que no figuran en la presentación del cargo

Ni cierre total, ni órdenes anunciadas

De acuerdo con el reporte del propio vocero, había concentraciones en las rutas Monterrey-Laredo y Monterrey-Reynosa, con circulación parcialmente abierta y paso intermitente de vehículos. En uno de los puntos estimó entre 20 y 30 unidades, aunque señaló que podían incorporarse más transportistas. Es decir, su propio balance describía afectaciones parciales, no un cierre total sostenido de ambas rutas.

“Sí hubo un bloqueo inicialmente en lo que hacían sus maniobras”, explicó, antes de precisar que el último reporte indicaba “una vialidad parcial abierta”. Mientras las autoridades seguían pendientes de cierres y aperturas, Willy dejó colocada otra señal en la carretera: la posibilidad de proceder penalmente.

No anunció aprehensiones concretas, pero tampoco quiso descartarlas. Y ahí quedó la postal: el funcionario cuyo pasado incluye una detención reportada por secuestro, administrando desde el poder la advertencia de que otros pueden acabar detenidos. El micrófono cambió de manos; la memoria pública no tiene por qué apagarse.

Con información: EJE CENTRAL/ NOTICIERO DE VICTORIA/

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