La inversión extranjera busca reglas claras; la reforma aprobada en lo general por la Cámara de Diputados le ofrece un puesto de revisión con más uniformes y una barrera que puede quedarse abajo si la autoridad no responde. Presentada como un refuerzo de la seguridad nacional, la modificación corre el riesgo de incurrir en un error de manual: confundir la protección de posiciones estratégicas con la colocación de obstáculos al avance económico.
Con 314 votos a favor y 117 en contra, el pleno avaló incorporar a los titulares de Defensa, Marina, Seguridad y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE). La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum pretende que determinadas operaciones se examinen no sólo por sus beneficios económicos, sino también por sus posibles riesgos para el país.
Una cosa es custodiar el perímetro; otra, ponerle retén a la inversión
Proteger infraestructura estratégica, tecnologías críticas, productos de doble uso, insumos fundamentales, seguridad alimentaria e información sensible no es un capricho. Ningún argumento serio a favor de la inversión exige entregar activos delicados sin revisar quién compra, qué controla y para qué lo quiere.
Pero precisamente porque la misión importa, las órdenes deben ser claras. Una política de seguridad económica necesita identificar amenazas, delimitar competencias y establecer procedimientos previsibles. De lo contrario, el inversionista deja de calcular únicamente el riesgo de su negocio y empieza a calcular el humor de la ventanilla.
La reforma contempla una resolución favorable de la CNIE para determinadas adquisiciones en las que la participación extranjera supere, directa o indirectamente, el 49 por ciento del capital de una sociedad mexicana cuyos activos excedan el umbral correspondiente. El problema señalado durante el debate es que ese monto se determinará después y que la Comisión podrá ampliar las actividades o sectores sujetos a revisión.
En lenguaje de cuartel: primero ordenan el despliegue y después dibujan el mapa.
No se trata de exigir que toda cifra quede congelada para siempre en la ley. Se trata de que la facultad de actualizar umbrales y delimitar sectores tenga criterios verificables, límites y controles. Sin esas coordenadas, la flexibilidad administrativa puede convertirse en discrecionalidad: el terreno donde el permiso deja de depender de una regla comprensible y empieza a depender de una interpretación imprevisible.
El silencio no debería disparar contra el solicitante
Otro flanco señalado por la oposición es la negativa ficta: si la Comisión no responde en 45 días, la solicitud se considera rechazada.
La objeción merece atención. Si una operación representa un peligro, corresponde identificarlo y justificar la decisión. Si el expediente necesita correcciones, deben señalarse. Pero si la autoridad simplemente no hace su trabajo a tiempo, cargarle el costo al solicitante convierte la demora burocrática en una sanción sin explicación.
La consigna queda digna de una oficina atrincherada: «Si no recibimos órdenes, abrimos fuego contra el trámite».
Tampoco sería sensato permitir automáticamente una adquisición sensible sólo porque venció el plazo. El verdadero dilema no es escoger entre autorización ciega y rechazo mudo, sino diseñar un procedimiento que obligue a resolver, motive las restricciones y permita impugnarlas.
Más uniformes no equivalen a mejor inteligencia
Conviene precisar el alcance: incorporar a Defensa y Marina no significa, por sí mismo, que cada institución obtenga un veto individual. Las decisiones corresponden a la CNIE como órgano colegiado. Criticar la reforma exige describirla con precisión, no atribuirle facultades distintas de las planteadas.
La pregunta pertinente es otra: ¿qué justifica el voto permanente de las instituciones de seguridad y cómo se delimitará su intervención en operaciones cuyo riesgo no sea evidente?
Su conocimiento puede ser relevante para evaluar amenazas específicas. Eso no vuelve intercambiables la inteligencia militar, la evaluación tecnológica y el análisis económico. Reunirlas exige responsabilidades diferenciadas, no la presunción de que añadir mandos mejora automáticamente la puntería.
Según los cuestionamientos expuestos en tribuna, tampoco queda suficientemente definido el contenido del informe semestral al Congreso. Una supervisión que recibe partes de novedades sin información exigible puede terminar enterándose de que «todo está bajo control», sin herramientas para comprobarlo.
El error estratégico: defender la plaza debilitando su capacidad de crecer
La defensa oficial, expresada por Dolores Padierna, plantea una necesidad legítima: atraer capital, tecnología y empleo sin perder control sobre activos críticos. Precisamente por eso, la eficacia de la reforma no debería medirse por cuántas autoridades incorpora, sino por qué tan bien distingue una amenaza de una inversión productiva.
Ahí está el error estratégico potencial: diseñar un filtro tan abierto en sus alcances y tan incierto en su ejecución que termine encareciendo también las operaciones que el país sí quiere recibir.
No hace falta dar por probadas las acusaciones opositoras de «extorsión institucionalizada» o «expropiación disfrazada» para advertir el problema. Basta examinar los incentivos: umbrales pendientes, sectores ampliables y rechazo por silencio pueden aumentar la incertidumbre si no están acompañados de límites efectivos y decisiones debidamente justificadas.
La seguridad nacional necesita capacidad para detener operaciones peligrosas, no licencia para volver sospechosa cualquier operación. Proteger la economía exige vigilancia; promoverla exige certidumbre. Una reforma que fortalezca la primera sacrificando innecesariamente la segunda puede ganar el control del acceso y perder la misión.
Porque una cosa es impedir que entre el enemigo y otra muy distinta es conseguir que nadie quiera acercarse a la puerta.
Con información: ELNORTE/
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