En Sinaloa, el discurso de la pacificación acaba de recibir otra descarga de realidad. Un enfrentamiento armado dentro del Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, dejó ayer jueves 8 de octubre diez personas muertas —nueve internos y un niño de dos años que estaba de visita familiar—, además de 16 reclusos heridos. La autoridad lo llama “riña”. Con pistolas, disparos en dos módulos y un niño muerto, la palabra le queda obscenamente pequeña a la tragedia.
El secretario de Seguridad Pública estatal, el fracasado General Sinuhé Téllez López, informó que las detonaciones comenzaron en el módulo 4 y después se extendieron al 5.
Los custodios activaron la alerta roja y llegaron elementos de la Defensa, la Guardia Nacional, la Marina y las policías Estatal y Municipal. Todo el catálogo institucional para recuperar el control que no debió perderse. La respuesta llegó; la prevención, evidentemente, no alcanzó.
Hasta el momento del reporte, las autoridades habían localizado dos armas cortas calibre 9 milímetros. Téllez López descartó que un grupo armado hubiera irrumpido desde afuera: según la versión oficial, el enfrentamiento ocurrió entre internos. Esa explicación no tranquiliza; agrava la pregunta. Si nadie entró a atacar, ¿cómo terminaron las pistolas dentro de un establecimiento cuya función elemental es mantener bajo custodia a su población y controlar lo que ingresa ?
La Fiscalía deberá esclarecer cómo entraron las armas, quiénes las utilizaron y si algún trabajador facilitó su ingreso. Esa posible participación interna sigue siendo una línea de investigación, no un hecho demostrado. Pero hay algo que no necesita maquillaje: hubo armas de fuego dentro del penal y diez personas perdieron la vida antes de que las autoridades anunciaran que las instalaciones estaban “bajo control”. El control posterior no resucita a nadie.
Un niño muerto y familias esperando respuestas
La víctima que el primer parte describía como “una visita familiar” era un niño de apenas dos años. No estaba cumpliendo una sentencia: estaba acompañando a su familia. Su muerte convierte el lenguaje administrativo del comunicado en lo que realmente es: una forma insuficiente de nombrar una tragedia ocurrida dentro de un espacio bajo custodia estatal.
Afuera tampoco hubo una respuesta a la altura. Noroeste reportó que familiares permanecieron cerca de seis horas esperando información sobre sus seres queridos. Ante la falta de respuestas, algunos ingresaron a la primera barrera perimetral del reclusorio. Más tarde, el secretario dio a conocer las identidades de los nueve internos fallecidos y de los 16 heridos. A la violencia se añadió otra crueldad: la incertidumbre administrada a cuentagotas.
Las visitas quedaron suspendidas hasta nueva orden. Primero entraron las armas; después se cerró la puerta a las familias. Una secuencia que retrata mejor el desastre que cualquier declaración de tranquilidad.
El parte de guerra que desmiente la normalidad
La tragedia de El Castillo no ocurre en un vacío. El balance de “Los saldos de la Ola”, atribuido a Noroeste en la imagen adjunta, contabiliza, del 9 de septiembre de 2024 al 7 de octubre de 2026:
- 3,973 homicidios dolosos.
- 4,522 personas privadas de la libertad.
- 12,661 vehículos robados.
- 4,018 personas detenidas.
- 212 personas abatidas.
Y el propio penal tenía antecedentes recientes: el 24 de septiembre, dos internos murieron después de una discusión que derivó en una agresión con un objeto punzocortante en el área de talleres, según la información publicada sobre el centro penitenciario. Dos semanas después, el saldo fue de diez muertos en un enfrentamiento con armas de fuego. Las señales estaban ahí; la protección volvió a fallar.
El fracaso no se borra con un comunicado
El episodio exhibe una falla de custodia penitenciaria estatal y coloca otra tragedia frente al discurso de seguridad de los gobiernos estatal y federal que comanda el estratega sesudo Omar García Harfuch rumbo a 3 años de ensayo y error.
La pacificación no puede medirse únicamente por las corporaciones movilizadas después de los disparos. También debe medirse por las vidas que logra proteger antes. En El Castillo, el resultado fue diez muertos, 16 heridos y un niño que no salió vivo de una visita familiar. Frente a eso, anunciar que “todo está bajo control” no es una explicación: es el membrete oficial del desastre.
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