México no aparece en el Índice Global de Crimen Organizado como un país “con problemas de seguridad”, esa fórmula burocrática que sirve para no incomodar a nadie. Aparece como una de las grandes potencias mundiales del negocio criminal: tercero entre 193 países en nivel de criminalidad, con una puntuación de 7.68 sobre 10. Es decir, en el podio global, aunque sin himno, sin medalla y con demasiadas fosas.
México no sólo carga con cárteles: carga con una economía criminal diversificada, territorial y suficientemente fuerte como para competir —y a menudo mezclarse— con las instituciones oficiales que deberían contenerla.
El Índice Global de Crimen Organizado lo coloca en el tercer lugar del mapa mundial en criminalidad, detrás de apenas dos países. La cifra no describe una anomalía pasajera ni una racha de violencia: retrata un sistema.
México obtiene 8.27 en mercados criminales y 7.10 en presencia e influencia de actores criminales; en contraste, su capacidad de resistencia estatal queda en 4.50. Traducido del idioma de los indicadores: el negocio ilícito opera con fuerza industrial, mientras el Estado intenta responder con herramientas que frecuentemente llegan tarde, se quedan cortas o aparecen comprometidas con el mismo crimen.
El narcotráfico sigue siendo la marca de fábrica, desde luego. Cocaína y drogas sintéticas reciben 9 sobre 10; el país conserva un papel central en la producción y traslado de metanfetamina y fentanilo rumbo a Estados Unidos.
Pero reducir el problema a la droga sería hacerle propaganda a la simplificación. Los grupos criminales también desaparecen gente,cobran piso, trafican armas, migrantes, personas, fauna y madera; extraen combustible, lavan dinero, penetran mercados legales y se actualizan con fraudes y ataques digitales.
El cártel moderno ya no es sólo una banda con rifles: es una corporación criminal con logística, contabilidad, reclutamiento, control territorial,complices oficiales y, cuando hace falta, relaciones públicas en redes sociales.
La extorsión y el tráfico de personas alcanzan 9 puntos cada uno. El tráfico de armas, la cocaína y los sintéticos comparten la misma calificación. Detrás de la aritmética hay negocios, agricultores, transportistas, migrantes, comunidades indígenas, comerciantes y funcionarios que viven —o sobreviven— bajo la tarifa criminal. En México, el “cobro de piso” dejó de ser un delito para convertirse, en demasiados territorios, en un impuesto paralelo: no aprobado por ningún Congreso, pero cobrado con puntualidad de Hacienda y garantías de plomo.
La debilidad no está sólo en detener sicarios.
El Índice asigna al país 3 puntos en integridad territorial, 3.5 en liderazgo y gobernanza, 4 en sistema judicial y 4 en transparencia y rendición de cuentas.
La fotografía es incómoda: un Estado que puede firmar convenios internacionales, decomisar cargamentos y anunciar operativos, pero que aún batalla por garantizar que jueces, policías, alcaldías, aduanas, cárceles y rutas comerciales no terminen funcionando como franquicias —voluntarias o forzadas— de la delincuencia organizada.
México sí registra una nota relativamente alta en cooperación internacional: 7 puntos. Pero cooperar hacia fuera no equivale a controlar hacia dentro.
El problema no es la falta de leyes, discursos o fotografías con chaleco antibalas; es la distancia entre el expediente y el territorio. Entre la estrategia anunciada y la comunidad que debe pagar por vender aguacates, transportar mercancía, cruzar una frontera o simplemente denunciar.
La conclusión del Índice es brutal sin necesidad de gritarla: México no enfrenta al crimen organizado desde afuera. Lo enfrenta desde dentro de sus mercados, sus fronteras, sus instituciones, sus cadenas productivas y, en no pocos casos, desde los espacios donde la autoridad debería estar cerrando el paso. El crimen organizado no es un huésped incómodo: es un poder que disputa, administra y rentabiliza partes del país.
Con información: OCINDEX/
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