“OTRO REPROCHE en VOZ ALTA: DOS AÑOS de DAÑOS después, SINALOA sigue ATRAPADO en la MISMA ESCENA SANGRIENTA”… 24 meses sin conseguir armar una respuesta a la altura del desastre.

Dos años después, Sinaloa sigue atrapado en la misma escena: discursos por un lado, patrullas por otro y una violencia que no pide permiso para seguir mandando. El reproche del CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (CESP) no es una observación diplomática: es la admisión, dicha en voz alta, de que el Estado y la sociedad organizada han pasado 24 meses sin conseguir armar una respuesta a la altura del desastre. 

Dos años perdidos: Sinaloa no necesita otro diagnóstico, necesita que alguien se haga cargo

A estas alturas ya no alcanza con decir que Sinaloa vive “tiempos oscuros”. Oscuro fue el primer mes, quizá el primero año. Pero dos años después, cuando la violencia se volvió rutina, cuando el miedo cambió horarios, negocios, trayectos y conversaciones familiares, seguir hablando en futuro es una forma elegante de aceptar que nadie ha sabido —o querido— poner orden en el presente.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública acaba de ponerle nombre al fracaso: Sinaloa ha perdido dos años sin articular una respuesta suficiente frente a la violencia. Traducido al castellano de la calle: dos años de reuniones, operativos, boletines, promesas de coordinación y fotografías oficiales sin que aparezca, con claridad, una estrategia capaz de devolverle a la gente algo tan elemental como la tranquilidad de salir, trabajar y volver a casa. 

Porque sí: el Gobierno tiene la responsabilidad principal. No es una opinión, es su función. Para eso administra recursos públicos, concentra facultades, presume mandos, coordina corporaciones y recibe el mandato constitucional de proteger la vida y el patrimonio. No puede repartir culpas como si fuera un comité vecinal ni pedirle a la población que complete, con buena conducta y paciencia infinita, lo que las instituciones no han podido resolver con presupuesto, armas, inteligencia y autoridad.

La sociedad tiene responsabilidades, desde luego. Nadie sensato puede negar la importancia de la prevención, la legalidad, la denuncia o el cuidado de lo que se consume y difunde en torno a la violencia. Pero conviene no confundir colaboración ciudadana con sustitución del Estado. A la gente no le toca diseñar la estrategia de seguridad; le toca exigirla. No le toca improvisar la coordinación institucional; le toca reclamar resultados. Y, sobre todo, no le toca acostumbrarse a sobrevivir mientras los gobiernos ensayan explicaciones.

Dos años son suficientes para medir si una estrategia existe o si sólo hay una colección de reacciones tardías. Si después de 24 meses la conclusión oficial es que “no hemos podido articularnos”, entonces la pregunta inevitable es brutalmente sencilla: ¿qué estuvieron haciendo mientras Sinaloa se desgastaba?

No se puede seguir administrando el miedo como si fuera una estadística incómoda. Cada homicidio, desaparición, despojo, cierre de negocio o familia desplazada representa una falla concreta del aparato que debía protegerla. Y frente a eso, la paz no puede reducirse a una consigna para eventos públicos ni a una promesa que se recicla cada semana.

Sinaloa no necesita otra ceremonia de buenas intenciones. Necesita una estrategia pública, coordinada, verificable y con responsables identificables; una que diga qué se hará, quién lo hará, con qué recursos, bajo qué plazos y cómo se rendirán cuentas si vuelve a fracasar. Lo demás —los llamados abstractos a “sumar capacidades”— corre el riesgo de convertirse en la coartada perfecta para que todos participen en el discurso y nadie responda por el resultado.

Porque después de dos años, el problema ya no es solamente la violencia. El problema también es la incapacidad de enfrentarla sin rodeos, sin eufemismos y sin convertir la resignación en política pública.

Con información: NOROESTE/