El parte de guerra que ilustra Ríodoce , es una cachetada a la narrativa federal del “vamos bien”: dos años de despliegue, discursos de coordinación, tropas hasta debajo de las piedras y, aun así, la narcoguerra sigue administrando el miedo, el territorio y, según advierte Ismael Bojórquez, hasta la próxima disputa electoral.
El fracaso con pruebas
El más reciente balance de Noroeste que cambia minuto a minuto, atribuido a la guerra entre facciones en Sinaloa —del 9 de septiembre de 2024 al 28 de septiembre de 2026— no deja mucho espacio para el autoaplauso gubernamental: 3,920 homicidios dolosos, a razón de 5.2 diarios; 4,433 personas privadas de la libertad, 5.9 cada día; 12,592 vehículos robados, 16.8 diarios; 3,997 detenidos, 5.3 por jornada, y 211 personas abatidas. No es una estadística: es la contabilidad de un Estado que presume operativos mientras el crimen organiza la rutina.
Y no se trata de que no haya uniformados. Se trata de que, con todo y los uniformados, los sicarios entran, disparan y se van.
La columna vertebral del argumento
Ismael Bojórquez no niega que el Gobierno haya golpeado a bandas criminales. Lo que sostiene —con razón fundada— es algo mucho más incómodo para la propaganda: esos golpes han sido insuficientes para garantizar la seguridad de la población.
El ataque en el restaurante Tai Pak de Culiacán lo resume sin necesidad de rueda de prensa: un joven asesinado y siete personas heridas en un establecimiento familiar, situado en una zona que se supone especialmente vigilada, con policías, militares y cámaras. Los atacantes llegaron, dispararon y huyeron. Ni antes ni después hubo capacidad estatal para impedir o desactivar la célula criminal.
La pregunta es brutalmente sencilla: ¿de qué sirve llenar las calles de soldados si no se detecta a quienes preparan un ataque en una de las áreas prioritarias de la ciudad? El despliegue luce aparatoso; la inteligencia, en cambio, parece estar en huelga.
Mucha tropa, poca inteligencia
Bojórquez cuestiona el repertorio oficial: la “coordinación de los tres niveles”, el “ataque a las causas”, los “elementos de refuerzo”. Frases de catálogo para una crisis que dejó de ser coyuntural hace rato. Su argumento es que el problema no se resuelve con miles de efectivos apostados en las calles, sino con inteligencia capaz de anticipar, identificar y desarticular tácticas guerrilleras.
Eso no es lo que ha demostrado la estrategia, pese a que Omar García Harfuch encabeza la política nacional de seguridad y es presentado como especialista en ese terreno y acusado por maquillar las cifras de inseguridad y violencia en vez de resolverla.
Mientras tanto, continúan la vandalización de viviendas y comercios en Culiacán y Mazatlán; al momento de escribir su columna, el periodista que ya nos ha ilustrado del gobierno que «agarra partido», reportaba tres propiedades vandalizadas en Culiacán, incluido un salón de fiestas.
La presencia militar masiva no habría inhibido los ataques:habría obligado a los grupos a cambiar su modo de operar. Resultado: la violencia persiste y, demasiadas veces, con impunidad.
El narco ordena el mapa
La parte más tóxica del diagnóstico no es sólo el saldo de muertos, desaparecidos, robos y detenciones. Es el control territorial. Bojórquez afirma que en Ahome, Mocorito, Badiraguato, Eldorado y Salvador Alvarado ha disminuido el ruido de los enfrentamientos no porque el Gobierno haya impuesto la paz, sino porque uno de los bandos se habría impuesto. No el Ejército, no la Guardia Nacional, no los Harfuch: los narcos.
En ese escenario, Isidro Meza Flores, “el Chapo Isidro”, controlaría 11 municipios, de Ahome a Navolato. El silencio de las balas, entonces, no equivale a pacificación: puede ser apenas la confirmación de que un grupo ya ganó la plaza. Es la paz de cementerio, pero con cuotas, vetos y administración criminal.
La factura electoral
Y aquí aparece el golpe político: la nueva configuración del narco anticipa una nueva configuración de la narcopolítica rumbo a las elecciones de 2027. Bojórquez advierte que el control criminal puede pesar en quién compite, quién recibe respaldo y quién queda fuera por la vía del veto. No es una conjetura extravagante: recuerda antecedentes de 2021 en Culiacán, Concordia, Escuinapa y Badiraguato, donde se reportaron secuestros de operadores y familiares de candidatos para forzar retiros de la contienda.
La conclusión es incómoda para cualquier triunfalismo federal: no basta decomisar armas, detener gatilleros o anunciar refuerzos si las organizaciones pueden reponer células y arsenales con una facilidad que el Estado no logra contrarrestar. Cuando el narco fija fronteras, regula la violencia y se asoma a la selección de candidatos, el problema ya no es sólo de seguridad pública. Es de control democrático.
Y allí está el fracaso: no en que el Gobierno no haga nada, sino en que lo que hace no alcanza para recuperar la vida cotidiana, el territorio ni la política de manos criminales.
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