La Fiscalía General de la República aun a cargo de Ernestina Godoy, decidió separar a Juan Francisco Vera Ayala de su encargo como fiscal federal en Guanajuato, apenas ocho meses después de su llegada. El problema es que el relevo viene sin explicaciones, sin deslinde y, sobre todo, sin noticias de una investigación sobre el operativo que primero fue vendido como Omar García Harfuh y la propia FGR como gran decomiso histórico de huachicol y después acabó bajo revisión en oficinas centrales, donde todavía buscan pruebas de que el combustible asegurado era, en efecto, ilegal.
La FGR investigará el operativo que su propia estructura celebró como un golpe de 59 millones de litros de supuesto huachicol y que, días después, quedó atrapado en la incómoda fase de comprobar que aquello era ilegal.
Es decir: al funcionario lo sacan por la puerta de atrás, pero el expediente parece quedarse en la cómoda sala de espera institucional. Porque una cosa es despedir a alguien cuando el escándalo empieza a incomodar y otra muy distinta someter a escrutinio legal a quienes participaron, autorizaron o aplaudieron una acción que pudo haber puesto en entredicho a una empresa, movilizado recursos públicos y alimentado el habitual espectáculo de “golpe al huachicol” antes de tener la carpeta probatoria amarrada.
La semana pasada, la delegación de la FGR en Guanajuato anunció con estruendo el aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en una terminal de San José de Iturbide. La narrativa oficial apuntaba al huachicol; luego, la propia FGR trasladó el asunto a Ciudad de México y reconoció, en los hechos, que aún estaba trabajando para acreditar que el producto almacenado por SIMSA era ilícito.
SIMSA, por su parte, sostuvo que tenía los permisos correspondientes para operar la terminal y que ni siquiera era propietaria del combustible resguardado en el sitio. Mientras la empresa siguió operando, la autoridad pasó de la fanfarria del decomiso a la prudencia de “seguimos recabando evidencias”, ese eufemismo burocrático que suele aparecer cuando la realidad no cooperó con el boletín de prensa.
Ahora Vera Ayala deja el cargo y, según versiones extraoficiales no confirmadas por la FGR, iniciará la entrega-recepción en las próximas horas. En su lugar llegaría Norma Quevedo Vázquez, funcionaria con trayectoria en la institución y antecedentes como subdelegada de Procedimientos Penales en Morelos y Campeche.
Pero la pregunta no es sólo quién entra, sino qué ocurrirá con quienes impulsaron, validaron y festejaron un operativo que terminó bajo sospecha de haber sido, cuando menos, precipitado. La FGR no ha explicado las razones del relevo, no ha vinculado públicamente la salida de Vera Ayala con el caso de los 59 millones de litros y tampoco ha informado si revisará la actuación de los mandos y agentes involucrados.
Porque en la lógica de la institución, al parecer, basta con cambiar al funcionario para dar por atendido el incendio. Se quita una pieza, se cambia el letrero en la puerta y se espera que nadie pregunte por el operativo que todos aplaudieron antes de saber si tenían razón.
Con información: ELNORTE/
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