La colaboración de Ernestina Godoy en El Universal+, usa el patriotismo como escenografía para presentar a la FGR como guardiana de la soberanía. El problema no es exaltar la Independencia, sino deslizar —sin demostrarlo— que investigar, judicializar y “fortalecer el Estado de derecho” son méritos ya acreditados por una institución cuya obligación legal, no una hazaña política, es precisamente hacerlo.
La operación retórica
El mensaje está construido con una fórmula conocida: primero invoca a Hidalgo, la guerra de Independencia y la dignidad nacional; después identifica amenazas abstractas —“presión”, “intervención”, “intereses particulares”, “ambición”— y finalmente coloca a la Fiscalía como dique moral frente a esos peligros.
Es una operación eficaz para el aplauso, pero pobre para la rendición de cuentas. Cuando se habla de enemigos sin nombre, corrupción sin expedientes, autonomía sin pruebas y justicia sin resultados medibles, la arenga patriótica comienza a funcionar como sustituto de la información.
La fiscal no enumera investigaciones concluidas, sentencias firmes, redes de corrupción desmontadas, reparación a víctimas, órdenes de aprehensión ejecutadas, criterios de priorización criminal ni indicadores de impunidad o fracaso. Ofrece, en cambio, una equivalencia emocional: FGR = soberanía. Y esa es una equivalencia que conviene desmontar.
Lo cierto
Hay afirmaciones del discurso que son verificables y correctas:
- El inicio del movimiento independentista se conmemora el 16 de septiembre de 1810, mientras que la consumación ocurrió el 27 de septiembre de 1821, tras once años de guerra. El 15 corresponde a la ceremonia cívica del Grito, no al aniversario exacto del levantamiento.
- La FGR es un órgano constitucional autónomo (aunque no se note), no una dependencia formal del Poder Ejecutivo. Su mandato incluye investigar delitos federales, esclarecer hechos, procurar justicia, combatir la impunidad y atender los derechos de víctimas.
- La ley obliga a la Fiscalía a conducirse con autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez e imparcialidad. Es decir: los valores que Godoy enuncia no son una contribución extraordinaria de su administración; son el piso normativo mínimo de la institución que ciudadanos pocas veces ven hechos realidad.
El dato histórico funciona. El problema comienza cuando de esa historia se pretende derivar una coartada institucional.
Donde empieza la propaganda
1. “Una voz que pertenece a todos”
No: la voz es la de la fiscal general, una funcionaria con poder penal, acceso privilegiado a información y capacidad para decidir prioridades de investigación. Hablar en nombre de “todos” borra diferencias legítimas: víctimas que esperan justicia, periodistas que investigan abusos, opositores, organizaciones civiles y ciudadanos que cuestionan a la Fiscalía.
El plural patriótico es útil porque desactiva el desacuerdo: quien objeta puede ser presentado como alguien que no acompaña “la voz de México”. Es un recurso clásico de apropiación simbólica de la nación por parte del poder.
2. La soberanía como palabra comodín
Godoy afirma que México ha enfrentado “presión, intervención y disputa” por sus decisiones. Es cierto que la historia mexicana está atravesada por intervenciones extranjeras y asimetrías internacionales. Pero el texto no identifica quién presiona, sobre qué asunto, con qué mecanismo ni qué respuesta concreta ha dado la FGR.
Sin nombres, hechos o expedientes, “la amenaza externa” con clara alusión a EE.UU ,deja de ser un diagnóstico y se vuelve una niebla conveniente. Sirve para elevar la temperatura patriótica sin asumir el costo de sostener una acusación comprobable.
Además, la soberanía no se defiende solamente con discursos de firmeza frente al exterior. También se erosiona cuando el sistema de justicia es selectivo, cuando los casos de alto impacto se prolongan sin resultados, cuando las víctimas no acceden a verdad y reparación, o cuando la procuración de justicia parece responder a incentivos políticos.
3. “Cooperación no significa subordinación”
La frase parece impecable, porque difícilmente alguien defendería la subordinación. Pero es una frase de utilería mientras no diga qué acuerdos, presiones, investigaciones transnacionales, solicitudes de extradición o estrategias de cooperación judicial están en disputa.
La fiscal presenta una obviedad como si fuera una definición de rumbo. Nadie exige sumisión; lo que corresponde exigir a una fiscalía es cooperación internacional con legalidad, transparencia, reciprocidad y resultados. No postureo soberanista.
4. “Combatir la corrupción” sin hablar de poder
Aquí está uno de los silencios más elocuentes. El discurso denuncia que “intereses particulares” buscan poner a las instituciones al servicio de unos cuantos. Correcto. Pero no explica cómo la Fiscalía evitará ser utilizada por intereses partidistas, empresariales, burocráticos o gubernamentales.
Una fiscalía no prueba su independencia diciendo que es autónoma. La prueba cuando investiga con el mismo rigor a aliados, adversarios, funcionarios en funciones, exfuncionarios, empresarios protegidos y redes criminales; cuando explica sus decisiones; cuando no selecciona casos por conveniencia mediática; y cuando permite que sus resultados sean auditables.
La autonomía no es un adjetivo ceremonial. Es una práctica institucional susceptible de escrutinio. La propia ley concibe a la FGR como un órgano autónomo y le impone principios de objetividad e imparcialidad.
El sesgo principal: confundir deber con logro
El núcleo propagandístico está en este tramo:
“Investigar los delitos, llevar ante la justicia a quienes quebrantan la ley y fortalecer el Estado de derecho son también formas concretas de defender la soberanía”.
En sentido general, la frase es cierta. Pero oculta una trampa: describe las funciones ordinarias de la FGR como si su sola enunciación constituyera evidencia de cumplimiento.
Investigar es el deber; esclarecer y judicializar con pruebas sólidas es el resultado. Promover la legalidad es el mandato; garantizar imparcialidad frente al poder es la prueba. Hablar de víctimas es una obligación; darles acceso efectivo a verdad, reparación y no repetición es el examen real.
La FGR reconoce entre sus fines investigar y esclarecer delitos, procurar justicia, reducir impunidad y garantizar derechos de víctimas. Precisamente por eso un mensaje institucional serio tendría que informar qué ha hecho, no recitar lo que debería hacer.
Las preguntas que el discurso evita
Un periodismo que no se deje llevar por el tambor patrio debería pedirle respuestas verificables:
- ¿Qué casos de corrupción de alto nivel han llegado a sentencia firme y cuáles permanecen estancados?
- ¿Cuántas investigaciones relevantes se han abierto, judicializado, archivado o desestimado, y con qué criterios?
- ¿Qué indicadores concretos sostienen la afirmación de que la Fiscalía fortalece el Estado de derecho?
- ¿Cómo garantiza la FGR que sus prioridades no se alineen con las necesidades políticas del gobierno en turno?
- ¿Qué mecanismos externos revisan la objetividad, la atención a víctimas y el desempeño ministerial?
- ¿Cuántas víctimas han obtenido reparación integral, y cuántas siguen esperando resultados?
- ¿Qué se entiende específicamente por “defender la soberanía” desde una fiscalía penal? ¿Perseguir delitos transnacionales, corrupción que afecte recursos públicos, tráfico de armas, lavado de dinero, espionaje, delincuencia organizada? ¿Con qué resultados?
Mientras esas preguntas no tengan datos, el discurso seguirá siendo una pieza de identidad nacional, no un informe de procuración de justicia.
Nuestra réplica
La fiscal Ernestina Godoy invoca a Hidalgo, la dignidad nacional y la soberanía para envolver a la Fiscalía General de la República en la bandera. Es una maniobra retórica de pecho inflamado: convertir el deber constitucional de investigar delitos en una épica de defensa de la patria.
Nadie discute que México debe defender su autonomía ni que la corrupción debilita al Estado. Lo que se discute es la facilidad con que el poder convierte esas verdades generales en certificado de buen desempeño. La FGR no acredita su autonomía porque la pronuncie, ni defiende la soberanía porque la mencione en un discurso patrio. La acredita cuando investiga sin mirar colores partidistas, cuando no usa expedientes como garrote político, cuando rinde cuentas por sus omisiones y cuando entrega justicia verificable a las víctimas.
La Independencia comenzó el 16 de septiembre de 1810 y se consumó el 27 de septiembre de 1821; esos hechos son parte de la historia nacional. Pero una fiscalía del siglo XXI no se mide por la intensidad con que pronuncia “México”, “dignidad” o “soberanía”. Se mide por expedientes, pruebas, judicializaciones, sentencias, reparación del daño y autonomía efectiva frente a cualquier poder.
La patria no necesita fiscales declamando grandeza. Necesita fiscales que expliquen por qué los grandes casos avanzan o se congelan, quién responde por la impunidad y qué resultados pueden revisar los ciudadanos. Todo lo demás —por solemne que suene el 15 de septiembre— corre el riesgo de ser patriotismo de oficina: mucha bandera, poca cuenta pública.
Con información: ELUNIVERSAL+/
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