La aritmética de la seguridad federal tiene una pequeña rebelión interna: el gobierno presume 67 mil 200 detenciones por delitos de alto impacto, pero las cárceles del país sólo registran 37 mil 934 personas privadas de la libertad más desde que inició el sexenio. Entre el aplauso de la conferencia mañanera y el cerrojo de la celda hay casi 30 mil expedientes que no caben en la propaganda.
La seguridad oficial no cuadra ni con calculadora
La estrategia de seguridad del gobierno federal presume músculo: entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó 67 mil 200 detenidos vinculados con delitos de alto impacto, incluidos homicidio, extorsión y secuestro.
Pero cuando se revisan los registros penitenciarios, el discurso tropieza con los números. Al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum había 234 mil 514 personas privadas de la libertad en cárceles federales y estatales; al 31 de julio de 2026 eran 272 mil 448. Es decir: la población penitenciaria aumentó en 37 mil 934 internos, casi 29 mil 300 menos que los detenidos que el gobierno coloca en su vitrina de resultados.
No es que la diferencia, por sí sola, pruebe una liberación masiva ni una manipulación automática de cifras. La propia SSPC sostiene que comparar detenciones con población carcelaria es mezclar indicadores distintos: una persona detenida puede no ser vinculada a proceso, puede enfrentar el juicio en libertad, recibir una medida cautelar distinta a la prisión, ser trasladada, salir absuelta o recuperar su libertad por cualquier otra vía legal. En otras palabras, detener no equivale necesariamente a encarcelar.
El problema es que el gobierno vende la cifra de capturas como si cada arresto fuera una pieza sólida en el rompecabezas de la pacificación, mientras el sistema de justicia se encarga de recordar que entre la detención y una celda hay fiscales, jueces, defensas, expedientes mal armados, medidas cautelares, libertades legales y, desde luego, la vieja costumbre institucional de anunciar primero y explicar después.
Especialistas citados por EL UNIVERSAL advierten que el aumento de la población carcelaria tampoco puede leerse como una medalla sin manchas. Casi la mitad de las personas encarceladas permanece en prisión preventiva, sin sentencia definitiva; además, el sistema penitenciario enfrenta hacinamiento, precariedad y violencia cotidiana.
La “puerta giratoria” que el gobierno dice estar cerrando podría estar siendo sustituida por otra aún menos presentable: la de cárceles llenas de personas que todavía no han sido declaradas culpables.
El saldo es incómodo. Por un lado, la estrategia federal y el eecutivo exhiben decenas de miles de detenciones como trofeos de eficacia. Por el otro, las prisiones reciben más internos de los que pueden procesar dignamente, y una parte considerable de esa población sigue esperando que la justicia haga algo tan revolucionario como juzgarla.
Porque en materia de seguridad, detener es relativamente sencillo de contar; lo difícil es demostrar que la detención resistió al Ministerio Público, al juez, al debido proceso y a la realidad. Y esa cuenta, por ahora, no le sale redonda al gobierno.
Con información: ELUNIVERSAL/
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