La muerte del diputado federal morenista Zenyazen Roberto Escobar García obligó a Claudia Sheinbaum a recurrir al libreto institucional: condolencias, prudencia, cero conclusiones anticipadas y la FGR al frente. La Presidenta pidió que se informe sobre los avances, pero evitó cualquier interpretación sobre un crimen que, por tratarse de un legislador federal, ya fue atraído por la Fiscalía General de la República.
El mensaje oficial es previsible: hay que esperar. Primero, saber la causa; después, hablar. Pero en un país que acumula cadáveres, expedientes sin resolver y cifras gubernamentales que presumen reducciones, el problema no se agota en determinar quién mató a Escobar García —ni bajo qué circunstancias—. El asunto de fondo es otro: suponiendo, sin conceder, que los homicidios hayan disminuido, el crimen conserva intacta su capacidad de matar.
Y no sólo de matar. Puede asesinar a quien quiera, donde quiera y cuando quiera; puede alcanzar a un ciudadano común, a un comerciante extorsionado, a un policía, a un candidato, a un alcalde o a un diputado federal del propio partido gobernante. La estadística puede bajar una raya en la gráfica, pero no necesariamente reduce el poder territorial, operativo y corruptor de las organizaciones criminales. Menos homicidios no significa, automáticamente, menos crimen; mucho menos, un Estado más fuerte.
Porque una cosa es que haya menos víctimas contabilizadas y otra muy distinta que los grupos armados hayan perdido la posibilidad de imponer su ley. Si siguen controlando rutas, cobrando piso, reclutando jóvenes, infiltrando autoridades, desapareciendo personas y ejecutando objetivos de alto perfil, entonces el problema no está resuelto: apenas se administra mejor la narrativa.
La muerte de Zenyazen Roberto Escobar García exhibe esa contradicción. La FGR atrajo la investigación por la calidad de legislador federal del veracruzano, quien fue secretario de Educación durante el gobierno de Cuitláhuac García y anteriormente diputado local. El cuerpo fue localizado en La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz. Ahora toca esperar las conclusiones ministeriales, sí; pero también toca preguntarse por qué, aun con el discurso de pacificación, el crimen mantiene la facultad de irrumpir con violencia en la vida pública.
Sheinbaum dijo que se trata de “un evento triste” y pidió no adelantar conclusiones. Tiene razón en una parte: no se debe fabricar una teoría sin pruebas. Pero la cautela jurídica no debería convertirse en anestesia política. No hace falta especular sobre el móvil para reconocer que la muerte violenta —si las investigaciones confirman esa hipótesis— de un diputado federal representa algo más que una tragedia individual: es una prueba de estrés para el Estado.
El Gobierno puede celebrar que los indicadores bajen; incluso puede ser cierto que bajen. Pero mientras el crimen organizado conserve la infraestructura, las armas, los territorios, los vínculos institucionales y la impunidad suficientes para matar a figuras públicas, la reducción será frágil, reversible y, sobre todo, insuficiente.
La pregunta no es únicamente cuántos homicidios se registran. La pregunta incómoda es cuánta capacidad conserva el crimen para decidir quién vive, quién estorba y quién termina convertido en comunicado de condolencias.
Con información: ELNORTE/
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