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martes, 22 de septiembre de 2026
“AVANZA LEY Vs. DOBLE NACIONALIDAD: AQUEL DÍA de 2024, PANCHO, el del CDV, dijo MUY ORONDO y por ESCRITO que RENUNCIABA a SU_MISIÓN EXTRANJERA”… con clara alusión a EE. UU
La reforma de Claudia Sheinbaum para cerrarles la puerta a los presidenciables, gobernadores y jefes de Gobierno con doble nacionalidad entró a la recta final legislativa, pero trae más incertidumbre que solemnidad patriótica. Morena promete respaldo; sus aliados del Verde y el PT, en cambio, ya enseñan que el “bloque” oficialista funciona mientras nadie les pise los callos.
La iniciativa para obligar a quien aspire a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México a renunciar a cualquier segunda nacionalidad remite a aquel documento público filtrado que advertía que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, había renunciado a esa doble nacionalidad.
El documento certifica que Francisco Javier García Cabeza de Vaca es mexicano por nacimiento, aunque nació en McAllen, Texas, el 17 de septiembre de 1967, hijo de padres mexicanos. Además, incorpora una fórmula de renuncia a protección, sumisión, obediencia y fidelidad hacia cualquier Estado extranjero, con una mención expresa a Estados Unidos.
Qué dice
Es un Certificado de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 22 de julio de 2001, a solicitud del interesado. La copia exhibida fue certificada por una notaría de Monterrey el 24 de abril de 2024.
El texto central establece que Francisco Javier García Cabeza de Vaca:
“Renunció a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero; especialmente al de los Estados Unidos de América; a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas; a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros…”
También dice que se compromete a abstenerse de cualquier conducta que implique sumisión a un Estado extranjero, conforme a los artículos 32 de la Constitución y 15, 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad entonces vigente.
Qué argumenta jurídicamente
El certificado parece responder a una cuestión de nacionalidad mexicana y elegibilidad para cargos públicos, no a una prueba definitiva sobre la situación migratoria o ciudadana de Cabeza de Vaca en Estados Unidos.
Lo que no prueba
El papel no permite concluir, por sí solo, que Cabeza de Vaca haya dejado de ser ciudadano estadounidense:
La clave está en distinguir tres cosas:
El documento sí sostiene
El documento no demuestra por sí mismo
Que es mexicano por nacimiento
Que carezca actualmente de ciudadanía estadounidense
Que formuló una renuncia de fidelidad, obediencia y protección extranjera ante autoridades mexicanas
Que Estados Unidos haya aceptado o registrado una renuncia a ciudadanía
Que su nacimiento fue en McAllen, Texas, de padres mexicanos
Que no tenga pasaporte, certificado de ciudadanía o cualquier otro documento estadounidense vigente
Que una copia fue cotejada por un notario en 2024
La autenticidad material del documento original ante la SRE ni la vigencia actual de sus efectos ante autoridades de EE. UU.
El ángulo político
En el contexto de la reforma de Sheinbaum que busca impedir que una persona con doble nacionalidad llegue a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México sin renunciar previamente a la otra nacionalidad, este certificado es políticamente incómodo y jurídicamente insuficiente a la vez.
Incómodo porque revela que Cabeza de Vaca hizo una declaración formal de desvinculación respecto de Estados Unidos para acreditar su condición mexicana en un ámbito determinado. Insuficiente porque una declaración presentada ante México no extingue automáticamente una ciudadanía concedida o reconocida por otro Estado.
Para sostener que ya no es ciudadano estadounidense haría falta documentación de las autoridades de EE. UU., por ejemplo, un Certificate of Loss of Nationality o evidencia oficial equivalente.
El Verde y el PT ponen condiciones
Sheinbaum sostiene que la medida no busca imponer una ocurrencia burocrática, sino blindar la lealtad institucional de quienes tomen las decisiones más pesadas del país. Según su iniciativa, esas personas deben tener “un solo referente” de lealtad: la Constitución, las leyes y el bienestar del pueblo de México.
Pero la soberanía, como suele pasar en el Congreso, tiene sus bemoles, sus cuotas y sus facturas pendientes.
El Partido Verde tiene senadores que no ven con entusiasmo el nuevo candado. La objeción es directa: rechazan obligar a los aspirantes con nacionalidad extranjera a renunciar a ella antes de competir. El PT, por su lado, carga otro tipo de enojo: sus legisladores se sienten “pisoteados” por Morena en la definición de candidaturas rumbo a las gubernaturas de 2027.
Así que la reforma presidencial llega al pleno con dos frentes abiertos: unos cuestionan el fondo del requisito y otros aprovechan la votación para cobrar el maltrato político. En la coalición gobernante, la disciplina tiene límites cuando aparecen los cargos, las candidaturas y los agravios acumulados.
La oposición —PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— ya fijó postura y, salvo una pirueta de último minuto, votará en bloque contra el proyecto tanto en Diputados como en el Senado. Sin embargo, el verdadero riesgo para Sheinbaum no está del lado opositor: está sentado en las bancadas que, en teoría, forman parte de su propia alianza.
Diputados: margen; Senado: ni uno
En la Cámara de Diputados, el oficialismo puede darse ciertos lujos. Morena, Verde y PT reúnen 364 votos: 254 de Morena, 61 del Verde y 49 del PT. Para una reforma constitucional se requieren 334 votos, es decir, dos terceras partes de los presentes. El bloque tiene una reserva de 30 sufragios, suficiente para tolerar algunas fugas, rabietas o ausencias estratégicas sin que el proyecto se hunda en San Lázaro.
En el Senado, en cambio, el margen es cero. El bloque oficialista suma 86 integrantes: 66 de Morena, 14 del Verde y seis del PT. Para alcanzar la mayoría calificada necesitan, precisamente, 86 votos. Ni uno menos.
Si la oposición llega completa a la sesión del jueves, uno o dos senadores verdes votando en contra —o simplemente jugando a no aparecer— podrían mandar la iniciativa al pantano. Ahí está el problema: la reforma no depende de una gran rebelión, sino de que un puñado de aliados decida recordar que también existe.
El dictamen ya fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados con votos de Morena, Verde y PT. Pero, de acuerdo con legisladores consultados, los 86 sufragios oficialistas todavía no están amarrados en el Senado. Traducido del dialecto parlamentario: la presidenta confía, pero sus operadores siguen haciendo cuentas.
La reforma empezaría en 2028
De aprobarse, el requisito entraría en vigor en 2028. Eso deja fuera de su alcance a quienes ya se preparan para competir por 17 gubernaturas en 2027. La nueva regla no alteraría ese tablero inmediato, pero sí cambiaría las condiciones para las futuras generaciones de aspirantes a los principales cargos ejecutivos del país.
No sería la primera vez que el Verde y el PT le meten freno a una iniciativa presidencial. En marzo, ambos partidos votaron contra la reforma político-electoral promovida por Sheinbaum. Después, el rechazo del PT obligó a desechar otra propuesta que pretendía adelantar la revocación de mandato para hacerla coincidir con la elección intermedia de 2027.
La presidenta insiste en que los tres partidos terminarán por respaldar su proyecto. En Diputados, la aritmética le favorece. En el Senado, en cambio, su reforma sobre la lealtad sin doble nacionalidad depende de que sus aliados mantengan una lealtad política bastante más terrenal: la de no voltearle la espalda en el momento de votar.
Con información: ERNESTO NUÑEZ/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/@redes/
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