“ASÍ lo dice JÁUREGUI en REFORMA y ASÍ lo decimos NOSOTROS: ANALISTA ENOJADO NO está EBRIO de OPTIMISMO y DESARMA el PAQUETE-BOMBA de SHEINBAUM”… que sólo servirá para hacerlo rollo.

No estamos ante un presupuesto: estamos ante un manual de supervivencia para un gobierno que ya se gastó la paciencia de los contribuyentes y ahora pretende financiar su improvisación pasando la charola, otra vez, a quienes sí producen, invierten, arriesgan y pagan impuestos.

El Paquete Económico 2027 se vende como una ruta de estabilidad, pero trae el olor inconfundible de la contabilidad creativa: más deuda para tapar déficits, más presión recaudatoria para compensar el gasto y más recursos públicos destinados a empresas y proyectos que siguen sin demostrar que pueden caminar sin muletas del erario. El Estado no está corrigiendo el rumbo; está pidiendo otra tarjeta de crédito mientras explica que la anterior se usó “para el bienestar”.

En Palacio Nacional parecen haber confundido la Secretaría de Hacienda con una casa de empeño, el Paquete Económico 2027 llega con la misma receta de siempre: gastar primero, explicar después y cobrarle la factura al contribuyente que aún no ha logrado escapar del radar del SAT.

La joya de la corona es una deuda pública que, de acuerdo con las proyecciones del propio paquete, rondaría los 21.7 billones de pesos en 2027, cerca de 55% del PIB. En 2018 era de alrededor de 10.5 billones. Sí, la comparación nominal requiere contexto —inflación, crecimiento, tasas y composición de la deuda—, pero el dato político es brutal: en menos de una década el gobierno se acostumbró a administrar con una chequera ajena cada vez más inflada. 

Y cuando la deuda crece, el presupuesto pierde libertad. Porque los intereses no son una obra inaugurada con mariachi, no salen en el video propagandístico y no dan aplausos en la plaza; simplemente llegan, se cobran y le comen espacio al gasto que sí podría mejorar productividad, infraestructura útil, educación, salud o seguridad. Ése es el problema de fondo: no que toda deuda sea pecado, sino que se use para financiar ocurrencias de bajo retorno, en vez de inversión que genere capacidad de pago.

El gobierno presume que no sube tasas generales de impuestos, pero eso no significa que el contribuyente vaya a recibir abrazos fiscales. La recaudación proyectada aumenta, el ISR tendría un avance relevante y la estrategia descansa en fiscalización más intensa. La pregunta es elemental: ¿van a ampliar de verdad la base tributaria y combatir privilegios, o van a exprimir con más auditorías, presunciones y trámites al mismo empresario formal que ya funciona como cajero automático del Estado? 

Si la propuesta incorpora un mecanismo mínimo ligado a ingresos y no a utilidades —como se ha advertido en el debate público—, habría que revisarlo con lupa. Gravar ventas sin considerar márgenes puede ser una genialidad burocrática sólo para quien jamás ha tenido que pagar nómina, renta, proveedores, luz, fletes, intereses y seguridad. Una empresa puede facturar mucho y ganar poco; cobrarle como si todo ingreso fuera ganancia es una manera muy eficiente de ahuyentar inversión, especialmente en sectores de margen apretado.

También está Pemex, esa paciente en terapia intensiva a la que el gobierno sigue conectando recursos públicos mientras promete que ahora sí ya se va a recuperar. Para 2027 se prevé una transferencia de 81.1 mil millones de pesos orientada a amortizaciones y créditos bancarios previos. No es un detalle menor: cuando una empresa estatal requiere apoyos recurrentes para cumplir obligaciones financieras, la discusión ya no puede ser ideológica. Debe ser empresarial: ¿cuál es el plan verificable para que deje de devorar presupuesto y empiece a generar valor? 

Y en el Tren Maya el debate tampoco admite eslóganes. El Paquete contempla recursos por alrededor de 18 mil 180 millones de pesos adicionales, una parte relevante para el ramal de carga, mientras el presupuesto total reportado para el proyecto ronda 19 mil 270 millones. Si será inversión productiva, que presenten metas públicas de carga, usuarios, costos operativos, ingresos, subsidio esperado y fecha realista de equilibrio. Si no pueden hacerlo, no le llamen desarrollo: llámenle lo que es, una obligación presupuestal heredada que seguirá pidiendo dinero. 

El problema no es que el gobierno exista, invierta o cobre impuestos. El problema es un gobierno que cree que invertir consiste en gastar, que cree que recaudar equivale a prosperar y que trata a la empresa formal como sospechosa hasta que demuestra lo contrario.

Un paquete responsable haría lo opuesto:

1. Recortaría gasto administrativo y programas sin evaluación de resultados, antes de buscar nuevas formas de extracción fiscal.
2. Publicaría indicadores duros de rentabilidad social y financiera para Pemex, el Tren Maya y cualquier megaproyecto que demande recursos recurrentes.
3. Concentraría la inversión pública en infraestructura que reduzca costos logísticos, mejore energía, agua, seguridad y conectividad para la economía productiva.
4. Simplificaría el sistema tributario y daría certeza jurídica, porque la inversión no huye sólo de las tasas: también huye de reglas ambiguas, criterios cambiantes y autoridades que cobran primero y explican después.
5. Cuidaría el déficit y la deuda con una regla sencilla: pedir prestado sólo cuando el rendimiento económico y social del proyecto sea mayor que el costo financiero que se le carga al país.

Porque, estimado equipo económico, la riqueza no sale de una conferencia mañanera ni de un boletín de Hacienda. Sale de millones de personas que trabajan, emprenden, ahorran, invierten y se juegan su patrimonio. El gobierno puede facilitar ese proceso o sabotearlo. Pero cuando convierte al contribuyente en botín fiscal y a la deuda en política pública, no construye prosperidad: administra el deterioro con PowerPoint.

Asi lo dice Jauregui en REFORMA: 

«Como son ineptos para las finanzas y la economía, dejan caer con toda saña su ignorancia sobre los contribuyentes, de por sí ya vencidos por la enorme carga fiscal que les ha echado en el lomo la cuatrotería con sus proyectos fallidos generadores de enormes pérdidas.

Vamos directo a la ruina económica gracias a lo que estos grandes ineptos pretenden lograr con el paquete fiscal 2027, mismo que es como un erizo de mar: por el lado que se le tome, espina. No tiene sentido alguno este paquete-bomba financiero: con sus nuevas reglas de no deducibilidad sobre las empresas inhibirá la inversión y el crecimiento económico.

¿Se acuerdan del «Plan México», quesque para impulsar la inversión y el crecimiento económico? Bueno, pues pueden tirarlo a la basura, con el apetito fiscal de un Gobierno insaciable que gasta el dinero en puras pentontadas, como el Tren Maya, para el cual contemplan para el 2027 subsidios de más de 18 mil millones de pesos, al mismo tiempo que se incrementa la DEUDA a niveles impagables.

Para que midan el tamaño del hoyo que pretenden parchar cavando otro más grande: tan sólo a PEMEX le habrán transferido, desde que tomaron el poder, la friolera de 1.7 billones de pesos… ¡y sigue quebrada!

En total, con lo que pide prestado doña Claudia en su nuevo paquete-bomba 2027, la deuda del Gobierno ascenderá a 21.7 billones de pesos; cuando estos genios asaltaron el poder, la deuda era de 10.5 billones de pesos… ¡y nos habíamos tardado 200 años para llegar ahí! O sea que en sólo siete años los morenarcos la han más que duplicado, ¿y a poco el País está dos veces mejor que hace 10 años?

Lo peor de todo es que, de acuerdo con el mismo paquete-bomba 2027, de una nueva deuda contraída de 1.7 billones, casi la totalidad de esa cifra (1.6 billones) se ha destinado a pagar ¡intereses de la VIEJA DEUDA del Fobaproa! Estos megaineptos no poseen el menor concepto de lo que significa el término «servicio de la deuda» ni de lo que implica deber tanto que los intereses de una deuda SE COMEN a los recursos nuevos, no quedando dinero disponible para INVERTIR en proyectos productivos.

Entre las muchas estupideces que contemplan en su babopaquete fiscal está la pretensión, mediante rebuscada fórmula, de incrementar de facto el ISR en UNO POR CIENTO. Es decir: todas las empresas (excepto las que no tengan utilidades, según el SAT) tendrán que pagar un UNO POR CIENTO de sus ventas en IMPUESTOS. Esto resulta ser una soberana estupidez, pues equivale a un freno a la rentabilidad de las empresas, lo que inhibe el crecimiento de nuestra economía y la creación de empleos.

¡Ni siquiera se dan cuenta de que entre más afectan la rentabilidad de la planta productiva, MENOS IMPUESTOS COBRARÁN! Alguien, estimado Édgar Amador, tiene que CREAR RIQUEZA para que los de la burrocracia dorada puedan cobrar impuestos. El enfoque de su paquete está alrevesado, y más bien debería ser:

1.- REDUCIR tajantemente el gasto corriente: acabar con subsidios, proyectos insolventes, protagonismo gubernamental en la economía, abrir la inversión en PEMEX y CFE, e invertir recursos en proyectos de infraestructura relacionados con la productividad del sector privado.

2.- Estimular y fomentar -no inhibir- la inversión productiva del sector privado quitándole estorbos y acabando con el terrorismo fiscal: ¡dejen vivir a la gallina de los huevos de oro, aliméntenla, no la ESTRANGULEN, bobolejos!

Por enésima ocasión, apréndanlo bien: ¡LOS GOBIERNOS NO CREAN RIQUEZA: LA DESTRUYEN! Menos Gobierno, menos reglas, menos intervención burrocrática en el proceso productivo, menos incertidumbre legal, más certeza y credibilidad, simplificación del código fiscal, muerte a la duplicidad de impuestos, alto al terrorismo fiscal.

En suma: ¡MENOS GOBIERNO Y MÁS SOCIEDAD!, y no al revés, como lo plantea su desastroso «paquete fiscal 2027», mismo que sólo sirve para hacerlo rollo y colgarlo en los baños públicos.

Fuente.-Manuel Jauregui/REFORMA/