Octubre de 2025: un video del Cártel del Golfo irrumpe en redes con una amenaza directa contra el gobernador Ricardo Gallardo, su secretario de Gobierno y mandos de seguridad. No era un montaje de TikTok ni un deepfake de sobremesa: era un mensaje crudo, con nombres, acusaciones y un señalamiento directo sobre el asesinato de un policía municipal en El Naranjo.
Pero el gobernador Gallardo,indiciado en Informes Militares, hizo lo que ya es manual de crisis en la política mexicana: negar primero, investigar nunca. Declaró que el video era “inteligencia artificial”. Caso cerrado… o eso intentó. Porque mientras el crimen organizado lo señalaba, el gobierno decidió señalar a la realidad: si el video incomoda, entonces que el delito sea difundirlo.
Así nació la joya legislativa: una ley para castigar hasta con seis años de prisión cualquier contenido que “genere alarma pública”. Traducción: si la verdad incomoda, cárcel; si el poder miente, aplausos.
El problema es que la realidad no coopera con la narrativa oficial. “Pie de Nota” tuvo acceso a los archivos originales del video. No uno, varios. Tomas repetidas, ensayos, selección de la versión final. Sicarios con disciplina de producción audiovisual: cerca de 40 hombres armados, 20 vehículos, y una locación precisa —un camino junto al ejido El Pujal, en Álvaro Obregón— registrada el 10 de octubre de 2025 a las 9:46 de la mañana.
No solo eso: el medio regresó al lugar meses después. Misma geografía, mismos ángulos, mismo escenario. No hay algoritmo que replique tierra, luz y contexto con esa consistencia. La evidencia está ahí, sólida, verificable. Incómoda.
Y mientras la evidencia se acumula, el discurso oficial se desmorona. Porque no fue solo una mentira: fue la base de un intento de censura. Una ley empujada por aliados políticos, defendida con fervor legislativo y aplicada con entusiasmo punitivo contra periodistas.
Todo por un video que, según el gobernador, no existía.
La ley ya fue derogada, gracias a la presión de sociedad civil y comunicadores. Pero la pregunta sigue viva: ¿cuántos excesos se cometen cuando el poder decide que la realidad es opcional?
Más aún: ¿por qué un Congreso entero estuvo dispuesto a criminalizar la información basándose únicamente en la palabra de un gobernador que —según señalamientos públicos y referencias atribuidas incluso a Sedena en distintos reportes— ha sido vinculado reiteradamente con el crimen organizado?
Aquí no falló la tecnología. Falló la voluntad de decir la verdad.
Porque al final, la inteligencia artificial no fabricó ese video. Lo que sí se fabricó fue la coartada del expresidiario que estuvo en 2011,mas de 11 meses recluido en un penal federal.
Con información: PIE DE NOTA/
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