La ecuación política-policial es incómoda, pero elemental: si la DEA presume una relación diaria, fluida y operativa con Omar García Harfuch, mientras acusa que altos funcionarios mexicanosbrindan protección al CJNG, el secretario no puede presentarse como un espectador ajeno al incendio. Es el responsable de la estrategia de seguridad; por tanto, la primera exigencia de explicación y resultados debe tocar su puerta.
La DEA y otras agencias federales de aplicación de la ley de Estados Unidos —e incluso el presidente Donald Trump— han acusado al gobierno mexicano de colusión con el crimen organizado.
Y el gobierno ha pretendido resolver la inseguridad con combate y capturas selectivas, aplausos, fotografías, boletines y decomisos: una estrategia que parece más maquillaje a granel que combate frontal al crimen.
Por un lado, Terry Cole encomia a Omar García Harfuch, lo llama interlocutor confiable y presume con él comunicación diaria e intercambio de inteligencia; por el otro, advierte que altos funcionarios mexicanos trabajan directamente con el CJNG y le ofrecen protección.
La contradicción no es menor. Si la comunicación con Harfuch es tan estrecha, si la cooperación incluye inteligencia y apoyo a operaciones, entonces la denuncia estadounidense no cae en un territorio desconocido ni sobre una estructura burocrática sin responsables. Harfuch no es un comentarista de la crisis: es el jefe civil de la estrategia federal de seguridad.
Por eso, antes de convertir el elogio de la DEA en diploma de eficiencia como los dados en su momento al «superpolicia» Genaro García Luna, habría que preguntarle al secretario qué ha hecho —con nombres, expedientes, investigaciones, separaciones del cargo y judicializaciones— para identificar y desmontar la red de protección institucional que, según la propia DEA, sirve al CJNG.
No basta con capturar sicarios, asegurar armas o exhibir vehículos sin que la violencia ceda un centimetro: la verdadera prueba consiste en tocar a quienes garantizan impunidad desde oficinas públicas y no solo en Jalisco ,en todo Mexico,incluido Tamaulipas.
La DEA parece decir dos cosas al mismo tiempo: que Harfuch es un socio confiable y que dentro del Estado mexicano hay altos funcionarios que juegan para el cártel. Ambas afirmaciones sólo pueden convivir si el secretario actúa con consecuencias concretas. De lo contrario, la cooperación diaria corre el riesgo de parecer una rutina de intercambio de información que conoce el problema, pero no logra —o no quiere— cortar su protección política.
La pregunta, entonces, no es si Harfuch tiene responsabilidad. La tiene, porque dirige la estrategia. La pregunta es más áspera: ¿no puede, no quiere o no ha querido llegar hasta los altos funcionarios que protegen al CJNG ?
Cuando la corrupción se hospeda en la cima, los golpes contra la base criminal son necesarios, pero insuficientes y el jefe de la DEA lo sabe sobradamente ,el ex-jefe de la DEA, también y asi esta todo el pais.
Con informacion: @Redes/Medios/
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