En Sinaloa no sólo traen pleito los Chapitos y los Mayos: también en la política local se desató la disputa por la plaza, nomás que aquí las camionetas son curules, los radios son grupos de WhatsApp y las órdenes no salen de la sierra, sino de Palacio Nacional.
El bloque de Rubén Rocha quiso dejar amarrada la sucesión como quien pretende heredar el negocio con las llaves de la caja fuerte incluidas. La idea era sencilla: Rocha se va con licencia, pero deja a uno de los suyos cuidando el changarro, administrando la nómina y vigilando que nadie toque el reparto de posiciones. El detalle es que desde la CDMX les bajaron la cortina antes de que terminaran de acomodar las sillas.
El Congreso de Sinaloa iba a sesionar temprano para escoger gobernador o gobernadora interina, pero a las 7:12 de la mañana llegó el clásico mensaje que congela voluntades: se pospone hasta nuevo aviso. Sin oficio, sin explicación y, aparentemente, sin que a los diputados les quedara otra tarea que esperar instrucciones. En el legislativo sinaloense, la autonomía parece funcionar como esos celulares de prepago: sirve mientras tenga saldo desde el centro y no este suspendido por terminación «cero».
La morenista Karla Ulloa lo explicó con una sinceridad que casi merece diploma: su bancada ni siquiera se reunió porque la propuesta llegaría desde la capital. Es decir, los 24 diputados de Morena no tendrán que deliberar, contrastar perfiles ni valorar la crisis del estado; bastará con recibir el nombre, levantar la mano y cobrar el día. Democracia de ventanilla: pase usted, reciba candidatura, firme aquí y no haga preguntas.
Mientras afuera del Palacio de Gobierno decenas de ciudadanos exigen que el interino no sea parte de la rochiza y que salga completo el Gabinete, por dentro se cocina el relevo con visto bueno de Presidencia y dirigencia nacional. Porque al parecer en Sinaloa la consigna no es que el pueblo elija ni que el Congreso decida, sino que el reemplazo llegue con sello de garantía expedido en CDMX.
En la lista figuraba Jesús Ibarra, diputado federal con licencia y perfil relativamente distante del grupo de Rocha. Su ventaja, en este ambiente de lealtades calibradas, es que alguna vez dijo lo impensable: si el gobernador con licencia cometió un delito, tendría que enfrentar a la justicia. Una frase que, en la política del pacto, suele sonar como disparo al aire en plena reunión privada.
Ricardo Anaya, desde la oposición, pidió detención, extradición y desaparición de poderes. Morena, por su parte, parece concentrado en una operación menos estridente: cambiar al encargado de la plaza sin alterar demasiado el inventario. La pugna, pues, no es sólo por quién se sienta en la silla del gobernador hasta 2027; es por decidir quién controla la estructura, quién reparte el presupuesto y quién conserva el teléfono con línea directa a Palacio.
Porque en el Sinaloa de la doble crisis —la criminal y la política— hasta la sucesión interina parece operación de alto nivel: el grupo local intenta retener el territorio, la capital revisa quién tiene autorización para mover piezas y los diputados esperan el mensaje que les diga por quién votar. Todo muy institucional, desde luego.
Con información: ELNORTE/
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