Las redes sociales en Tamaulipas, otra vez, hicieron lo que suelen hacer cuando el poder gubernamental, político y criminal a cargo de MORENA y Americo Villarreal Anaya, se empeña en administrar en la penumbra: rompieron el cerco.
Un choque, unas imágenes y una identificación que circuló con la velocidad suficiente para poner bajo los reflectores no sólo a un presunto operador de la facción de «Escorpiones» del Cártel del Golfo que lidera con filiación politica «Morena», Alfredo Cardenas,alias «El Contador» sino también al aparato de silencios que le sirve de blindaje desde la alcaldía morenista de Matamoros, todavía encabezada por Alberto “Beto” Granados, aunque por muy poco tiempo más.
Cuando las redes desbaratan las otras redes
En el desenredo de la autoría del activo internauta, Carlo Vela,se volvio a exhibir una verdad que a ciertos gobiernos les irrita más que la violencia misma: cuando la ciudadanía documenta, comparte y pregunta, puede desbaratar —al menos por un momento— las redes de protección que hacen posible la impunidad que permite que el Cartel siga creciendo y usando al pueblo de cajero automático para financiar la vida de lujos de la familia en el poder criminal.
Un accidente vial en Matamoros dejó imágenes incómodas: una camioneta de lujo destrozada, un hombre señalado en publicaciones digitales como René Paredes y la presunta relación de éste con la estructura exterior del Cártel del Golfo.
No fue una filtración de inteligencia, no fue una conferencia de la Fiscalía, no fue un parte oficial. Fue la vieja y detestable costumbre de la realidad: alguien grabó, alguien fotografió y las redes hicieron circular lo que los comunicados preferirían sepultar.
Ahí empieza el verdadero escándalo.
Porque, según denuncias difundidas en redes, en vez de activar una explicación pública, una investigación transparente y una respuesta institucional a la altura de la gravedad del señalamiento, habría circulado la instrucción municipal del jefe de prensa «golfo», de borrar el asunto.
Es decir: primero el choque; después, el operativo de hojalatería mediática. No para reparar vehículos, sino para enderezar la versión oficial antes de que el ciudadano alcance a mirar quién iba sentado en la camioneta y donde resulta tambien,que el departamento de transito esta a cargo de otro «Golfo».
Y ése es el retrato completo de la captura: no basta con que una estructura criminal mantenga presencia y poder; requiere una segunda red —la burocrática, la política, la comunicacional— que le baje el volumen a los hechos, que convierta preguntas en “rumores”, videos en “desinformación” y evidencias públicas en publicaciones “incómodas” que hay que desaparecer.
En Matamoros, las redes no sólo exhibieron un percance. Exhibieron el mecanismo. Un presunto mando criminal aparece en circunstancias que ameritan esclarecimiento público y, de inmediato, la prioridad parece ser controlar la conversación. Como si el problema no fuera la presunta presencia de criminales con movilidad, vehículos, protección y confianza, sino que alguien se atreviera a sacar el teléfono.
La autoridad que se apresura a pedir silencio frente a un hecho de interés público deja una pregunta todavía más estridente: ¿qué pretende proteger? Porque una institución inocente no necesita censores; necesita peritos, expedientes, partes informativos, declaraciones verificables y resultados. El silencio no es protocolo de seguridad; con demasiada frecuencia es la coartada administrativa de la complicidad.
Los reiterados señalamientos publicados previamente sobre vínculos entre operadores del Cártel del Golfo y figuras del entorno político-estatal y municipal de Matamoros no sustituyen una investigación judicial ni una sentencia.
Pero sí obligan a las autoridades ajenas a la componenda —si es que, por voluntad divina, aún queda alguna— a responder con hechos, no con borrados, llamadas ni consignas de “bajen eso”.
Más aún cuando esos señalamientos han colocado bajo escrutinio al alcalde morenista Alberto “Beto” Granados y a personas de su círculo de comunicación.
También existe demasiada evidencia pública que cuestiona la permisividad tóxica del gobierno de Américo Villarreal frente a estructuras criminales en Tamaulipas; son señalamientos que, aun con evidencia verificable, no han sido investigados por culpa del calculo politico que busca la permanencia en el poder de la mas grande organización politica y criminalmente organizada,llamada MORENA.
El gobernador aparece como el candidato perfecto para ser sancionado por la OFAC de Estados Unidos: se lo ha ganado a pulso, junto con un gabinete que protegen al Cártel desde todos los ángulos y donde todo indicabas redes sociales no quieren ser cómplices.
Porque ésa es la paradoja que el poder no termina de entender: las redes sociales pueden amplificar mentiras, sí, pero también tienen una virtud insoportable para los intocables. Guardan capturas. Replican audios, videos. Conservan nombres. Y cuando una red criminal cree tener controlada a una red gubernamental a cambio de votos, basta un choque mal calculado, una cámara encendida y una ciudadanía que no acepte el borrón para que todo el andamiaje quede, otra vez, a la vista.
En Matamoros no deberían preguntar quién subió las imágenes o los textos para hacer lo que siempre hacen,desaparecerlos con ayuda institucional.
Deberían explicar quién aparece en ellas, qué investigan las autoridades y por qué alguien consideró urgente borrar lo que el interés público exige esclarecer.
Con información; @CarloVela/ Medios/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: