Setenta días bastaron para confirmar que en México la impunidad no es una falla del sistema: es una función avanzada.El caso Rocha–Inzunza no se explica por vacíos institucionales, sino por su eficacia cuando se trata de proteger a los propios. No es encubrimiento improvisado; es blindaje de Estado con manual y cronograma.
Ahí está la secuencia completa. Estados Unidos pide extradiciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En cualquier democracia funcional, eso detonaría controles, comparecencias, crisis abiertas. Aquí activa otra cosa: modo contención.
Los implicados desaparecen del radar público, la Fiscalía administra el expediente como si fuera material radiactivo y la Cancillería decide que la transparencia puede esperar… cinco años. Hasta 2031, para ser exactos. Porque nada enfría mejor un escándalo que el tiempo burocratizado.
El mensaje no es sutil: cuando la política exterior se usa como caja fuerte, la verdad pasa a ser “riesgo diplomático”. El argumento es casi elegante: revelar información podría dañar la relación con Washington. Lo que no dicen es que ocultarla erosiona algo más básico: la mínima idea de rendición de cuentas. Pero en la lógica de esta cosa nostra tropical, el cálculo es claro: mejor sospecha crónica que evidencia verificable.
Mientras tanto, el Senado perfecciona el arte del cinismo administrativo. Inzunza no está, pero cobra. No legisla en el pleno, pero vota a control remoto cuando hace falta —incluso reformas clave— y su salario llega puntual en cheque porque sus cuentas están congeladas.
Es una escena difícil de mejorar: un legislador blindado por el fuero, financiado por el erario y sostenido por una mayoría que convierte cualquier intento de control en trámite muerto. No es un error del sistema; es el sistema funcionando.
Y la Fiscalía, pieza central del engranaje, ofrece la coreografía habitual: abrir carpeta, llamar a declarar, dejar enfriar. El expediente existe, pero no avanza; respira, pero no camina. En paralelo, el Ejecutivo reconoce que el gobernador con licencia “está ubicable”… sin ubicarlo. Una presencia fantasma que, sin embargo, no altera la estabilidad política. Porque en este modelo, la ausencia también está administrada.
Lo más revelador no es el silencio, sino su arquitectura. Hay capas: el fuero como muralla, la mayoría legislativa como escudo, la opacidad diplomática como bóveda y la inercia ministerial como anestesia. Cada institución aporta lo suyo para que el conjunto funcione como un seguro de impunidad con cobertura amplia.
Se dirá que no hay pruebas públicas concluyentes, pero ahi estan en la etapa procesal correcta . Precisamente. Ese es el punto. Tras setenta días, el Estado no ha producido verdad ni justicia, pero sí ha producido algo más útil para el poder: tiempo, confusión y desgaste. La crisis deja de ser un problema jurídico para convertirse en un asunto de manejo político.
El segundo piso de la llamada transformación de Claudia Sheinbaum prometía romper con estas inercias. Hoy parece haberlas optimizado. Cambian los discursos, pero el reflejo es el mismo: cerrar filas, patear el expediente, encapsular la información y esperar a que el ciclo noticioso haga su trabajo. La cosa nostra ya no necesita esconderse en las sombras; opera a plena luz, con sello oficial y fundamento administrativo.
Y así, entre cheques cobrados sin presencia, expedientes congelados y documentos sellados hasta 2031, la pregunta deja de ser qué hicieron Rocha e Inzunza. La pregunta incómoda es otra: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para no saberlo?
Con información: DIARIO ESPAÑOL/EL PAIS/ELIA CASTILLO/
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