En México no hubo un problema de “huachicol fiscal”. Hubo, más bien, un acto de prestidigitación institucional: convertir millones de litros de gasolina en “solución de cloruro de calcio” ante la mirada —o la conveniente ceguera— de una aduana militarizada que prometía exactamente lo contrario.
Porque claro, todos sabemos que el país de pronto desarrolló una sed incontenible por el cloruro de calcio. Una fiebre nacional. Una urgencia química. Pasar de 750 mil kilos a 804 millones en un año no es sospechoso: es, aparentemente, una muestra del dinamismo económico. México, potencia mundial en… ¿encurtidos firmes y pozos petroleros imaginarios?
La magia ocurrió en Matamoros, ese laboratorio donde la realidad se reetiqueta. Ahí, miles de trámites convirtieron pipas de combustible en inocentes soluciones químicas.
Y todo bajo la tutela de quienes llegaron a “poner orden”: mandos militares que, según el guion oficial, eran sinónimo de disciplina, honestidad y eficacia. El resultado fue tan eficaz que el contrabando se disparó justo cuando ellos tomaron el control.
Pero no se trata de un descuido. No es que 804 millones de kilos se hayan colado por error, como quien olvida declarar una botella de tequila en la maleta.
A decir del diario español, El Pais, aquí hubo estructura, ritmo, continuidad. De enero a julio de 2025, la aduana de Matamoros operó como una máquina bien aceitada… solo que no para recaudar, sino para dejar pasar.
Y entonces ocurrió el milagro inverso: una denuncia anónima, un cateo, 17 vagones, 1.6 millones de litros de combustible disfrazado… y, de pronto, el flujo de “cloruro de calcio” regresó a niveles normales.
Qué coincidencia. Como si el mercado hubiera decidido, espontáneamente, dejar de necesitar cantidades industriales del químico justo después de que alguien encendió la luz.
Ahora sabemos que no era el químico el problema. Ni siquiera el huachicol en sí. El problema era —y es— el aparato que debía impedirlo y terminó administrándolo. Porque cuando las aduanas se militarizaron, la promesa era cerrar la puerta a la corrupción. Lo que ocurrió fue algo más sofisticado: se cambió al portero, pero el negocio siguió pasando… solo que con uniforme y aval oficial.
Y mientras los nombres comienzan a aparecer —tenientes coroneles, subdirectores, empresarios bien conectados— el discurso oficial se queda sin coartadas. Porque ya no alcanza con culpar a “las mafias” cuando el mecanismo operó, durante meses, dentro de la estructura del Estado.
Al final, el cloruro de calcio no endureció quesos ni estabilizó pozos. Sirvió para algo mucho más útil: evidenciar que el problema nunca fue el combustible ilegal, sino la legalidad flexible de quienes debían detenerlo.
Asi lo dice hoy el Diario Español,El Pais:
Las importaciones de solución de cloruro de calcio, uno de los mantos con los que los contrabandistas esconden el combustible que introducen en México desde Estados Unidos, crecieron un 100.000% entre 2024 y 2025, pasando de menos de un millón de kilos -750.000- a 804 millones de kilos al año. Las nuevas importaciones se concentraron en una sola aduana, la de Matamoros, que es justamente donde la Fiscalía General de la República sitúa una red de huachicol fiscal que contaba con la colaboración de tres miembros de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional, encargados de dirigir este recinto comercial. Las operaciones sospechosas se concentraron de enero a julio de 2025, deteniéndose, justamente, cuando una denuncia anónima llevó a un cateo inicial de 17 vagones de carga con 1,6 millones de litros de combustible que habían entrado a México como cloruro de calcio. Tras este decomiso, los ingresos de esta mercancía cayeron a niveles de los años anteriores.
La solución de cloruro de calcio se usa en medicina para tratar la falta de calcio y la toxicidad por magnesio, también para que los quesos y vegetales enlatados se queden firmes y, en el caso de la industria petrolera, es uno de los múltiples recursos que ayudan en la perforación de pozos. México tenía, desde 2019, unas importaciones constantes de entre 650.000 y 850.000 kilos anuales, con entre 100 y 400 trámites aduaneros. Pero en 2025, a través de Matamoros, comenzaron a entrar cada día más cargamentos de solución de cloruro de calcio que el resto del año en todo México. Entre enero y julio de 2025, esta aduana recibió 804 millones en 14.000 trámites.
Este mismo julio, 10 meses después de la detención de los integrantes de una red de corrupción liderada por marinos de alto rango, se hizo público que la Fiscalía General de la República quiere detener a tres miembros del ejército por su papel como cabezas de la aduana de Matamoros.
Con esto, el gran escándalo de corrupción que creció durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador salpica a la Secretaría de la Defensa Nacional además de a la Armada. Las fuerzas militares tienen el control de las aduanas desde mediados de 2020, cuando López Obrador, alegando su honestidad y eficacia, entregó a los marinos los puertos y a los soldados las terrestres.
Los tres soldados prófugos son los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, titulares de la aduana de Matamoros entre 2024 y 2026, y el teniente de policía militar Jorge García García, exsubdirector de operación aduanera en el mismo espacio.
Están acusados de permitir la entrada de 144 millones de litros de hidrocarburos entre el 1 de junio de 2024 y el 22 de julio de 2025. Hay otros 10 civiles, entre empresarios y funcionarios, en la orden de captura. La trama estaba presuntamente encabezada por Armando III Riestra Fernández, dueño de la compañía Servicios Aduanales JR, y preso desde enero de 2026 en el penal del Altiplano. Riestra Fernández también es uno de los acusados en el caso contra el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel.
La aduana de Matamoros es uno de los epicentros del contrabando de combustible entre Estados Unidos y México. Una investigación reciente de EL PAÍS, realizada con informes confidenciales y bases de datos de comercio exterior, reveló que este crimen se multiplicó en este recinto desde que la Secretaría de la Defensa Nacional se hizo cargo.
El pasado junio, el Gobierno de Estados Unidos deportó al subdirector de esta aduana de Matamoros, acusado junto a los militares y el empresario Riestra Fernández.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/CARLOS CARABAÑA/
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