Una huachi-refinería privada fue intervenida y confiscada por la Secretaría de la Defensa, el pasado jueves, en Reynosa. Ahí procesaban a cielo abierto miles de barriles de crudo y se hacían mezclas de combustibles ordeñados a las refinerías de Pemex.
Lo peor es que ese ilícito, con el decomiso de 3.8 millones de litros de combustible ilegal, valorado en 90 millones de pesos, lo tiene guardado bajo siete llaves la Fiscalía General de la República, la de Ernestina Godoy.
La de Reynosa no es la primera huachi-refinería en aparecer, pero sí la primera a la que el gobierno de la Cuarta Transformación acepta que existe y confisca el combustible. Es decir, intervienen sus instalaciones y paralizan su ilegal y multimillonaria operación.
A principios del mes de julio, Código Magenta reveló con lujo de detalles, imágenes y videos del descubrimiento de la primera huachi-refinería privada. Estaba en Nuevo León, ubicada en la carretera entre los municipios de Cadereyta y Allende. Ahí se procesaban unos 10 mil barriles diarios de crudo, extraídos clandestinamente de refinerías oficiales de Pemex y combustibles que se procesaban del huachicol fiscal, aportado por tres cárteles de la droga que ya están en el negocio.
Cuando hace tres semanas denunciamos esa huachi-refinería en Nuevo León, ninguna autoridad salió a dar la cara. Todas guardaron silencio cómplice. Peor aún, desde que se dieron cuenta que Código Magenta investigaba la operación de crudo en manos privadas, se inició un burdo proceso de desmantelamiento. Se vieron descubiertos y buscaban borrar cualquier huella del ilícito.
Y a pesar de que exhibimos los detalles exactos de los nombres de sus propietarios -Ezequiel González Duelos y Ramiro Gándara Martínez- y a las empresas que facturaban el combustible -al frente de ellas Energy Refinados-, el silencio de los gobiernos federal y estatal fue absoluto. Nadie intervino, nadie solicitó la documentación en poder de Código Magenta. Nadie se extrañó tampoco del emporio inmobiliario de cientos de millones denunciado a detalle, con escrituras en mano, de esta misma red social y que sus dueños -apenas treintañeros- crearon en San Pedro Garza García.
Ni Pemex, ni el SAT, ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de la Defensa, ni el gobierno de Nuevo León, dieron cara para justificar cómo fue que se permitió instalar esa mega operación de cuatro elevadas torres de refinación, a la vista de cualquiera, con entradas y salidas de decenas de pipas diariamente, sin que nadie lo notara.
Sólo como referencia, la segunda huachi-refinería de Reynosa es un juguete, comparada con la huachi-refinería descubierta, por Código Magenta, en Nuevo León. Pareciera que alguien en el gobierno de la Cuarta Transformación busca, con el golpe a la de Reynosa, eludir la responsabilidad de enfrentar el saqueo de crudo y combustibles de la de Cadereyta.
De poco o nada sirve la lucha contra el huachicol si la autoridad no detiene a los dueños que operaban en la más absoluta ilegalidad, si no les decomisan los miles de millones de ganancias negras que continúan disfrutando para acrecentar sus imperios financieros e inmobiliarios.
Aquí el cuestionamiento de fondo es si esa apatía, ese hacer como que “aquí no pasa nada”, no es sino la confirmación de que el negocio del huachicol fiscal, el huachi-diésel y las huachi-refinerías son una operación bien armada de complicidades entre el crimen organizado, los huachicoleros y gasolineros, y las dependencias de los gobiernos federal y local que reciben jugosas “gratificaciones” para tolerar el evidente ilícito.
De nada sirve descubrir o confiscar esas huachi-refinerías, si terminan desmanteladas y vueltas a instalarse en algún otro estado en donde el ciclo criminal vuelve a comenzar, con la misma complacencia de Pemex, del SAT, de los militares, de los marinos, de las aduanas y de las policías estatales.
Vamos comenzando por investigar a los delegados de la Fiscalía General de la República en Nuevo León y Tamaulipas. ¿Dónde estaban o con quiénes operaban para no ver semejantes instalaciones?
Vamos comenzando por interrogar a los delegados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vamos auditando las operaciones de los directores de las refinerías cercanas -como Cadereyta, Reynosa y Ciudad Madero- para que expliquen la ordeña de crudo. Ni qué decir de pedirles cuentas de su ceguera a los jefes militares de las regiones de Nuevo a León y Tamaulipas.
La colusión y el silencio cómplice es generalizado. Si en medio de tanta podredumbre domina la impunidad, si nadie paga por los crímenes al Erario y si todos los sorprendidos delinquiendo in fraganti -cuota de por medio- pueden continuar disfrutando de sus miles de millones de pesos de ganancias, estamos aceptando el reemplazo de Pemex por “Huachimex”. Se está “privatizando” la principal empresa de México sin que sus nuevos “dueños” hayan pagado por ella. Y eso no es otra cosa que un crimen contra el Estado, solapado por los cómplices de la Cuarta Transformación.
Si la lucha contra el huachicol es de verdad, la nueva administración de Pemex debería de salir a dar cara y exigir que se proceda contra los responsables del saqueo. Pretender aquello de que “aquí no pasa nada” sólo confirmaría que todos -desde Palenque hasta Palacio Nacional- tienen las manos ennegrecidas por el tráfico ilegal de crudo.
Fuente.-CODIGO MAGENTA/
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