En México, a veces la justicia no absuelve: administra descuentos. Dos hombres detenidos en una brecha de Los Ramones con un fusil, cargadores, droga, chalecos y hasta las siglas de un grupo criminal terminaron no como lo que parecían —operadores de una estructura delictiva— sino como infractores técnicos de la Ley Federal de Armas y la Ley General de Salud. Resultado: seis años para uno, cuatro para el otro. Tarifas casi administrativas para quien fue sorprendido con equipo que no se compra en ferretería.
El expediente, según el propio comunicado de la FGR, no carecía de indicios: arma larga, cuatro cargadores, 33 cartuchos, droga dosificada y equipo táctico. Incluso un chaleco con emblemas de un grupo criminal.
Pero en el trayecto entre la detención y la sentencia, algo se diluyó. O no se acreditó. O nadie quiso —o pudo— sostenerlo. Y esa diferencia no es menor: es la línea que separa a un portador ilegal de armas de un integrante de la delincuencia organizada.
Porque si la Fiscalía hubiera logrado probar la pertenencia a una organización criminal, la historia sería otra. No estaríamos hablando de juicios abreviados ni de condenas de menos de una década.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contempla penas que pueden superar fácilmente los 20 años de prisión, con agravantes por el tipo de armamento, la función dentro del grupo y la naturaleza de las actividades.
Además, se activan regímenes más severos: prisión preventiva oficiosa, restricciones procesales más estrictas y una carga probatoria que, una vez superada, no deja margen para salidas negociadas.
Aquí, en cambio, el caso se resolvió como una suma de delitos aislados: portación de arma de uso exclusivo, posesión de cartuchos, droga en cantidades que califican como narcomenudeo. Delitos reales, sí, pero fragmentados. Desconectados del contexto que los vuelve relevantes. Como si el fusil no perteneciera a nadie más que al que lo carga. Como si el chaleco con siglas fuera un accesorio decorativo. Como si la brecha en Los Ramones fuera un parque público.
La diferencia no es solo jurídica; es política y operativa. Cuando la policía detiene, pero no documenta bien; cuando el Ministerio Público integra, pero no arma una teoría sólida de organización; cuando la Fiscalía negocia en lugar de litigar estructuras, el resultado es este: condenas que castigan la posesión, pero no desmantelan nada. Se sanciona el síntoma, no la enfermedad.
Y ahí está el saldo de una policía torpe —o de una investigación incompleta—: sentencias débiles que no incomodan a las organizaciones. Porque mientras el Estado procesa individuos como casos aislados, el crimen opera como sistema. Y en esa asimetría, la justicia mexicana no pierde el caso… pierde el contexto.
Seis y cuatro años. Con buena conducta, menos. Para quien, según los indicios, no iba precisamente de excursión.
Con información: ELNORTE/
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