El Gobierno federal presentó ayer los «lineamientos» que en los hechos buscan censurar a concesionarios de radio y televisión, regulación que incluso podría extenderse a la prensa escrita y las plataformas digitales, como las redes sociales.
La Consejera Jurídica, Luisa María Alcalde, presentó lineamientos sobre “Derechos de las Audiencias” en la nueva ley de telecomunicaciones; Sheinbaum aclaró que no incluyen prensa escrita ni plataformas, temas aún en discusión.
Las medidas obligan a medios a evitar información falsa o descontextualizada, diferenciar contenidos, contar con código de ética y defensores de audiencias, bajo riesgo de sanciones de la CRT.
Los lineamientos estarán en consulta pública hasta el 21 de agosto. Oposición, expertos y organismos como la CIRT y Artículo 19 advierten riesgos de censura, regresión democrática y exceso regulatorio, señalando que el Estado no debe definir la verdad ni legislar de forma apresurada.
Ahora resulta
El gobierno que vive de fabricar mentiras ahora dice que va a censurar “porque no le gustan las mentiras”. Qué tierno: el principal mentiroso quiere ser nuestro editor de realidad.
El libro *State Sponsored Disinformation Around the Globe*, donde se documenta cómo los gobiernos sin distingo se han convertido en las principales fábricas de desinformación, usando recursos públicos y la legitimidad institucional para manipular a la ciudadanía.
Cuando un gobierno miente, no lo hace como cualquier tuitero anónimo: lo hace con estadísticas oficiales, medios públicos, voceros y hasta el aparato judicial para darle traje y corbata a la falsedad.
En el sur global —México incluido— la cosa es todavía más tóxica: la desinformación estatal se mezcla con desigualdad, medios dependientes del dinero público y debilidad institucional, lo que vuelve a los gobiernos actores especialmente peligrosos en la guerra por el sentido común.
Durante la pandemia se vio la versión beta de esta maquinaria:gobiernos ajustando cifras de muertos y contagios según la narrativa del día, construyendo realidades paralelas desde la comunicación oficial.
Ese mismo modelo ahora se recicla con otro nombre más elegante: “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, presentados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y el gobierno federal como un avance histórico. Sobre el papel, esos lineamientos dicen que buscan que las audiencias reciban información “veraz y oportuna”, distingan opinión de noticia y contenido de publicidad, y tengan mecanismos para quejarse ante medios que violen sus derechos.
En el discurso suena precioso; en manos de un gobierno obsesionado con controlar el relato, suena a filtro ideológico profesionalizado.
El punto más inquietante: cuando el árbitro (el Estado) decide hacer trampa, ¿quién lo sanciona? Si el mismo gobierno que ha perfeccionado campañas sistemáticas de desinformación se coloca como autoridad moral para decidir qué es “veraz y oportuno”, la protección de audiencias se convierte en un sistema de licencias para decir lo que el poder considera aceptable. La narrativa oficial insiste en que no hay censura y que solo se suspenderán transmisiones que violen valores constitucionales o lineamientos de defensa de audiencias.
El problema es quién interpreta esos valores cuando el gobierno ya fue exhibido como “la más importante fábrica de desinformación con todo el peso del dinero y las instituciones”.
La lógica es tan absurda que casi parece chiste: primero se monta una maquinaria de desinformación altamente sofisticada —bots, campañas coordinadas, manipulación de cifras, explotación de medios públicos— y luego se vende un marco regulatorio como escudo protector para que las audiencias no sean víctimas… de la desinformación.
Es el pirómano diseñando el manual de protección civil y otorgando certificados de “incendio responsable”. En lugar de fortalecer medios independientes y transparencia en datos, se multiplica la capacidad del Estado para actuar como árbitro de contenido, con lineamientos, defensores de audiencias nombrados bajo estructuras que orbitan el poder y facultades para suspender transmisiones que “no se apeguen” a esos criterios. Traducido al castellano irreverente: si no repites la versión oficial, te están cuidando… de ti mismo.
Con información: ELNORTE/REDES/
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