EL «56% de la POBLACION: GOBERNANZA CRIMINAL LATINOAMERICANA es COMO el CLIMA, se CONSULTA pero NO se CONTROLA»… esto no es un “problema de seguridad”, es un cambio de régimen.

Lo que describen los datos citados hoy por el diario español El País no es un “problema de seguridad”, es un cambio de régimen: millones de personas viven en países democráticos administrados como franquicias de narco‑feudo local.

El Estado-nación, versión maqueta

Según las cifras más recientes, entre 70 y 100 millones de latinoamericanos viven bajo gobernanza criminal: no solo conviven con el narco, obedecen sus reglas, pagan sus multas, ajustan sus horarios a sus toques de queda. Lo que nuestras constituciones llaman “monopolio legítimo de la fuerza” hoy es, en muchos territorios, un monopolio tercerizado: el Estado conserva el escudo y el himno; la AK‑47 y la lista de precios las pone otro.

Mientras las élites discuten reformas electorales en foros cinco estrellas, 345 millones de personas —56% de la población de la región— viven en comunidades donde la violencia y la extorsión criminal son parte de la cotidianidad, algo así como el clima: se consulta, pero no se controla. El constitucionalismo clásico sigue hablando de “fallas del Estado”; los datos sugieren algo más incómodo: no es que el Estado falle, es que trabaja a medio tiempo para otro patrón.

Del narco como socio a narco como gobierno

Luis Astorga lo lleva advirtiendo décadas: el narcotráfico en México no nació como enemigo del poder político, sino como socio menor, protegido mientras hubiera arreglo. La tesis era brutal y sencilla: si hay negociación estable, no hace falta que el narco tome el poder por la fuerza; ya lo influye desde la sombra.

Lo que muestran los estudios recientes es el siguiente escalón de esa lógica: una vez que las organizaciones criminales acumulan suficiente capital económico y armado, pasan de explotar mercados ilícitos a ejercer control de facto sobre territorios y poblaciones completas. A eso lo llamamos, con toda pulcritud académica, “fase de gobernanza criminal”: eufemismo elegante para designar al jefe de plaza que dicta reglas de conducta, resuelve disputas vecinales y decide quién vive, quién muere y quién se postula a un cargo público.

Democracias con outsourcing de soberanía

Según los mismos hallazgos, entre 33% y 72% de la población latinoamericana reporta presencia del crimen organizado donde vive; unos 77–101 millones declaran que esos grupos proveen “orden” o reducen el crimen. Traducido: el vecino armado llena huecos de gobernanza que el Estado dejó vacíos o, peor, reservó para él mediante pactos, omisiones y complicidades.

El dato más corrosivo para el mito liberal es otro: la gobernanza criminal no se limita a Estados “fallidos”, también aparece en países con mayor capacidad estatal y democracias aparentemente más sólidas. Es decir, no siempre manda donde el Estado se retiró; a veces crece precisamente donde el Estado está, pero está capturado, neutralizado o compartiendo escritorio con la organización criminal.

México: candidaturas en zona de tiro

Para México se calcula que al menos 11,3 millones de personas viven bajo algún tipo de gobernanza criminal, mientras la mitad del país dice tener grupos criminales en su entorno inmediato. Estudios en decenas de ciudades mexicanas muestran cómo la extorsión y la corrupción policial y burocrática se alimentan entre sí: la mordida oficial y la cuota del crimen terminan siendo dos columnas del mismo recibo.

En ese contexto, competir por un cargo de elección popular se ha vuelto más parecido a entrar a un casting que a una contienda democrática: algunos aspirantes ya llegan amarrados a redes criminales, otros no tienen siquiera idea del ecosistema al que se están metiendo y un tercer grupo lo sabe perfecto y le importa exactamente nada. A todo eso lo seguimos llamando “oferta electoral”, como si el dilema central del candidato fuera su postura sobre el IVA y no la lista de jefes con los que tendrá que sentarse a negociar su supervivencia política y física.

El bosque en llamas y las flores institucionales

Alrededor del 80% de los migrantes que alcanzan la frontera entre México y Estados Unidos han sufrido extorsión en origen o en tránsito, lo que convierte la ruta migratoria en una caja registradora móvil para redes criminales con tolerancia o participación estatal. Mientras tanto, hablamos de “crisis de derechos humanos” como si se tratara de un temporón, y no de un diseño donde la justicia ha sido políticamente capturada para garantizar que el negocio siga fluyendo.

“Queremos sembrar flores mientras se incendia el bosque”, resume nuestro colega; las cifras le dan la razón. Lo que llamamos reformas parciales —una ley aquí, un protocolo allá— se parecen menos a reconstruir el bosque y más a poner macetas nuevas dentro de una casa ya adjudicada en remate judicial al crimen organizado.

Nombrar el colapso (cuando ya ocurrió)

Los datos están ahí, chorreando normalización: centenares de millones viven bajo un orden híbrido donde el Estado comparte, delega o pierde soberanía frente a actores criminales. La discusión pública, sin embargo, sigue encerrada en preguntas del siglo pasado: ¿quiere el narco tomar el poder?; cuando la pregunta honesta sería: ¿hasta dónde lo tomó ya y qué parte estamos fingiendo no ver?[

No es que no tengamos información, es que nos faltan categorías —y coraje— para aceptar que el colapso no es una catástrofe futura, sino el sistema operativo bajo el que ya vive buena parte del continente. O, dicho en términos menos académicos: el narco‑Estado ya está aquí; lo único que debatimos es si lo seguimos llamando “democracia en problemas” para poder dormir tranquilos.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ ERNESTO LOPEZ PORTILLO