La Corte Suprema acaba de decirle al Estado profundo: “baja esa mano del GPS, compadre, tu dragnet digital se acabó”. Y lo hizo con una sentencia que básicamente declara que tu celular NO es un grillete electrónico de cortesía para la policía con la ayuda de ordenes por escrito a Google.
Qué decidió la Corte
En el caso Okello T. Chatrie v. United States, la Suprema, 6–3, dictó que el uso de datos de “geofence” o «geocérca» por parte de la policía es un “registro” sujeto a la Cuarta Enmienda. Traducido al idioma calle: si el gobierno quiere saber quién estaba en cierto lugar según la ubicación de sus teléfonos, ahora necesita justificarse como antes, con causa probable individualizada, no con “porque se me antoja” como esta ocurriendo en Mexico.
La mayoría, escrita por Elena Kagan, dice que una persona tiene una expectativa razonable de privacidad sobre los registros de ubicación de su celular, incluso si están en los servidores de una empresa y aunque el periodo de tiempo sea limitado. Es decir, el viejo truco de “si se lo diste a Google, ya no es tuyo” se fue directo al basurero jurídico.
Adiós a la redada digital masiva
Este tipo de órdenes, las «geofence warrants», la orden para obtener el perímetro virtual o geocérca, permitían que la policía le pidiera a Google los datos de todos los dispositivos que estuvieron cerca de un crimen, aunque no hubiera sospechosos claros al capturar millones de movimientos y luego se filtran para obtener las coincidencias con el objetivo.
La Corte dice que eso se parece demasiado a las órdenes de registro o detención sin especificar a quién, dónde ni qué se va a buscar o incautar ,las “general warrants” que los colonos odiaban del Imperio británico, esas órdenes en blanco para registrar a todo mundo, que justamente la Cuarta Enmienda nació para enterrar. Ahora cada paso de una «geofence warrant» —desde el primer cerco hasta el filtrado posterior— tiene que pasar por el filtro estricto de la Cuarta Enmienda.
El mensaje a los sabuesos digitales
Kagan y compañía dejan claro que el «Bill of Rights», la carta de derechos no tiene fecha de caducidad digital y que llevar un smartphone, un teléfono inteligente, no convierte tu vida en un «reality show disponible on demand» para cualquier fiscal aburrido. Proximidad a la escena del crimen, dice el fallo, no es sinónimo de causa probable.
La decisión revienta la narrativa gubernamental de que si enciendes la ubicación, voluntariamente renunciaste a tu privacidad constitucional. El tribunal insiste: cuando la policía “mete mano” a las bases de datos de ubicación para reconstruir tus movimientos, eso es una búsqueda, y se somete a las mismas reglas que si entraran a tu casa a revisar tus cajones del armario de tu casa.
Los detalles del caso Chatrie
Okello Chatrie fue condenado por un robo bancario en Virginia después de que la policía usó una orden de búsqueda de la «geocerca» que identificó su teléfono cerca del banco. La Corte tumba el criterio que avaló ese uso indiscriminado de datos y regresa el caso al tribunal inferior para que evalúe, paso por paso, si el gobierno violó la Cuarta Enmienda en cada etapa del “cerco digital”.
La historia es, en esencia, ésta:
El 20 de mayo de 2019 un hombre robó una cooperativa de crédito en Midlothian, Virginia: entró con una nota exigiendo 100 mil dólares, amenazó a la cajera con dañar a su familia, sacó un arma, tiró a todos al piso y obligó al gerente a sacar unos 195 mil dólares de la caja fuerte antes de huir a pie. Testigos y cámaras permitieron a la policía saber que el ladrón había llegado desde la esquina de una iglesia vecina, fingiendo hablar por teléfono, pero la investigación se atascó y no lograron identificarlo.
Casi un mes después, el 14 de junio, los agentes pidieron a un magistrado de Virginia una “geofence warrant” dirigida a Google: querían todos los datos de ubicación de teléfonos dentro de un radio de 150 metros alrededor del banco, entre las 4:20 y las 5:20 de la tarde (media hora antes y media hora después del asalto), usando el servicio Location History, que registra dónde está un celular cada dos minutos.
El esquema era de tres pasos: primero, Google entregaría datos anonimizados de todos los dispositivos dentro del geocerca; segundo, la policía reduciría la lista y Google ampliaría los datos (movimientos dentro y fuera del perímetro durante dos horas, de 3:50 a 5:50); tercero, tras otro filtrado, Google revelaría la identidad de los usuarios finales (nombre, número, correo).
El magistrado firmó la orden y Google respondió: en la primera fase aparecieron 19 usuarios; los agentes redujeron a nueve y obtuvieron sus trayectos dentro y fuera del área; en la tercera fase se quedaron con tres dispositivos y Google dio sus identificaciones. Uno de ellos era Okello T. Chatrie: sus datos mostraban que entró al área de la geocerca unos diez minutos antes del robo y se dirigió hacia una zona residencial inmediatamente después de salir del banco. Con ese punto de partida y trabajo policial adicional, un gran jurado federal lo acusó de robo y delitos relacionados con armas, y Chatrie pidió suprimir toda la evidencia de Google alegando que se trataba de un “registro” amparado por la Cuarta Enmienda y que la geofence warrant era inválida.
El tribunal de distrito reconoció que esa orden de geocerca “claramente viola” los derechos de la Cuarta Enmienda, pero negó su moción aplicando la excepción de buena fe a la regla de exclusión: los agentes, dijo, confiaron de manera no objetivamente irrazonable en la orden del magistrado.
Luego, un panel dividido del Cuarto Circuito confirmó, aunque por otra ruta: sostuvo que no hubo “registro” porque Chatrie no tenía una expectativa razonable de privacidad en dos horas de datos de ubicación expuestos voluntariamente a Google; en el plenario, el circuito se dividió 7–7 sobre si había o no búsqueda, y terminó afirmando la sentencia en una escueta per curiam.
La Suprema Corte aceptó el caso solo para resolver una pregunta: si la policía violó la Cuarta Enmienda al obtener los datos de ubicación de Chatrie; respondió que sí hubo “registro”, porque una persona tiene una expectativa razonable de privacidad sobre la información de ubicación de su teléfono, incluso cuando está en manos de una empresa y aunque el periodo sea breve.
Al mismo tiempo, dejó para el Cuarto Circuito la tarea de decidir en remisión si cada etapa del proceso de geocerca cumplió con los requisitos de causa probable y particularidad, y si, pese a la violación, la prueba puede mantenerse al amparo de la excepción de buena fe.
Teléfonos, tobilleras y protestas
Mientras tanto, organizaciones de libertades civiles celebran; hablan de un parteaguas en materia de privacidad, una reafirmación de que no se puede hacer vigilancia masiva sin el freno constitucional. Del otro lado, en la disidencia, Samuel Alito lamenta que se exija warrant para algo que, en su lectura, debería ser herramienta rutinaria para atrapar culpables.
La Corte retoma la lógica de Carpenter: seguir tu celular es casi lo mismo que ponerte una tobillera electrónica. Si el gobierno puede saber dónde estuviste, a qué hora, con quién coincides, puede reconstruir tus rutinas, tus visitas a clínicas, tus misas, tus marchas.
Esta sentencia pega directo en la cabeza de cualquier intento de usar geofences para mapear asistentes a protestas, congregaciones religiosas o lugares “incómodos” políticamente. La herramienta no desaparece, pero se convierte en un instrumento quirúrgico, no en una red de arrastre que atrapa a media ciudad “por si las dudas”.
Con información: Britbart/Bob Price/ SUPREME COURT/
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