En el tablero donde se cruzan el dinero, el poder y la sospecha, Washington ya movió ficha… y no fue discreto. Autoridades financieras de Estados Unidos ordenaron a bancos con presencia en México meter lupa —y no cualquier lupa— a las cuentas personales y familiares de siete gobernadores mexicanos. Traducción: no solo revisen al político, revisen hasta al primo incómodo.
Según ejecutivos del sistema financiero estadounidense, la instrucción podría escalar al congelamiento de cuentas de mandatarios en Tamaulipas,Sinaloa,Campeche, Durango, Morelos, Veracruz, Coahuila, Oaxaca y la Ciudad de México. Es decir, el radar ya no apunta a casos aislados, sino a una clase política completa bajo sospecha preventiva.En todos los caso y con la excepción de Durango gobernado por el PRI,el resto de mandatarios es del partido oficial,MORENA.
La medida encaja con la estrategia de presión de Donald Trump para reventar —o al menos exhibir— los vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado. La acusación en Nueva York contra Rocha Moya y exfuncionarios de Sinaloa,los gobernadores de Tamaulipas y Sonora no son episodios aislados, es el prólogo de algo más amplio: la judicialización transnacional de la política mexicana tal y como lo anuncio Steve Fisher de Los Ángeles Times,que ha adelantado todos los escandalos.
Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum actuando como complice oficial juega a la resistencia institucional: que si la FGR, que si el Poder Judicial, que si “vamos a revisar”. El problema es que ese argumento choca de frente con el tratado de extradición vigente. Y en Washington no suelen tener mucha paciencia para los tecnicismos cuando el tema es seguridad nacional.
El trasfondo es más delicado de lo que parece. Desde 2025, con los cárteles etiquetados como organizaciones terroristas, Estados Unidos amplió su margen de maniobra: ahora no solo va contra criminales, sino contra cualquiera que huela a facilitador, socio o beneficiario indirecto, un traje que le encaja a la medida de Americo Villarreal. En ese nuevo juego, los bancos mexicanos quedan atrapados entre cumplir… o convertirse en sospechosos.
El antecedente ya existe: FinCEN puso en la mira a CIBanco, Intercam y Vector por operaciones ligadas al lavado de dinero del narco. No fue un aviso, fue un mensaje: si el dinero pasa por aquí, también es nuestro problema.
Lo más incómodo es que no hay una lógica clara en la lista de gobernadores. No es partidista, no es regional, no es uniforme. Hay estados donde el crimen manda abiertamente y otros donde, al menos en el discurso, se presume control. Eso vuelve todo más inquietante: no parece una investigación quirúrgica, sino un barrido amplio.
Y en medio de ese barrido, aparecen piezas políticamente sensibles: gobernadoras y gobernadores cercanos al obradorismo que hoy no necesariamente están alineadas con Sheinbaum,pero igual esta protegiendo por proteger a AMLO. Coincidencia o no, el timing es quirúrgico.
En pocas palabras: Estados Unidos no está esperando a que México resuelva sus propios enredos. Está armando su propio expediente… y, si hace falta, su propio veredicto.
Con informacion : CODIGO MAGENTA/
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