La presidenta Claudia Sheinbaum no defendió ayer la soberanía:está rompiendo su propio tratado de extradición para proteger a sus socios políticos y al pacto narco-electoral que los llevó al poder, del que ella y el partido son directa e indirectamente beneficiarios, igual que los narcos.
Lo que dijo Sheinbaum en público sin rubor
En el mitin celebrado por los dos años de su triunfo, Sheinbaum acusó al Departamento de Justicia de EE.UU de querer convertirse en “elector” de México a través de solicitudes de extradición contra 10 mexicanos, incluyendo un gobernador, un alcalde y un senador en funciones, sin “presentar públicamente pruebas”.
Pruebas que no le parecieron necesarias en la entrega previa de otros 92 mexicanos y bajo el mismo método al que hoy se resiste con uñas, garras y dientes.
Para Sheinbaum la petición urgente de detención con fines de extradición es un hecho “sin precedente” que abre la puerta a la intervención política y a que “oficinas del Departamento de Justicia se vuelvan el principal elector de México”. Muy y pese a que asi lo determina el propio tratado de extradición.
El pleito ratero
También planteó que la ofensiva desde Washington podría obedecer a intereses de la “ultraderecha estadounidense” rumbo a las elecciones de 2026 y a un intento de influir en la elección mexicana de 2027.
Remató diciendo que cuando otro gobierno “señala culpables” y presiona instituciones nacionales, deja de existir cooperación y comienza la injerencia, invocando Constitución, Ley de Seguridad Nacional y el mantra de “somos un país libre, independiente y soberano”.
Lo que omite: el tratado que ella sí aplica a otros
Mientras Sheinbaum dramatiza que “no hay pruebas públicas”, el caso Rocha Moya no es un tuit anónimo, sino una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York, con cargos de conspiración para importar narcóticos, posesión y conspiración para poseer armas de guerra, todo sustentado en un indictment y solicitudes formales de detención con fines de extradición.
La propia FGR ha reconocido que recibió las solicitudes de detención con fines de extradición y que las revisa conforme al marco del tratado de extradición, el mismo instrumento que este gobierno ya usó para entregar a por los 92 capos sin exigir “pruebas públicas” ni montar mítines de “soberanía”.
En abril Sheinbaum ya había trazado la línea: no extraditará a Rocha Moya salvo que Estados Unidos entregue “pruebas concluyentes e irrefutables”, un estándar que no aparece en el tratado de extradición y que nunca pidió para otros narcos enviados en discreto fast track.
Es decir, el procedimiento legal que sí aplicó a decenas de objetivos del narco deja misteriosamente de ser suficiente cuando se trata de un gobernador morenista acusado de trabajar de la mano con los Chapitos a cambio de apoyo político y electoral.
El caso Rocha Moya: el “aliado” incómodo
El indictment detalla que Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa habrían participado en una conspiración para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, protegidos por la estructura del estado y recibiendo sobornos y apoyo electoral del Cártel de Sinaloa.
Los fiscales describen una red de protección política: abuso de autoridad, filtración de información, bloqueo de investigaciones, incluso participación de policías en secuestros y asesinatos para proteger operaciones del cartel.
Un artículo de el diario español,El País, subraya que los diez imputados comparten causa con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los Chapitos, y que la acusación se amplió el mismo día que el Departamento de Justicia hizo públicos los cargos, ligando directamente la cúpula política de Sinaloa con la facción más brutal del cartel.
Es decir, no se trata sólo de un gobernador “incómodo”, sino de un testigo vivo del modelo narco-electoral: votos, protección territorial y gobernabilidad a cambio de garantías de impunidad desde el aparato estatal.
La ecuación política: proteger al testigo, no la Constitución
En anterior publicación lo hemos planteado como ecuación: Sheinbaum está dispuesta a inmolar su capital político para proteger a Rocha Moya, porque Rocha es la pieza que puede probar que “hablar con narcos” dejó de ser tabú y se convirtió en política de Estado, de la cual ella misma fue beneficiaria indirecta en términos de votos y estructura territorial.
Mientras el costo en encuestas y desgaste mediático (C) sea menor al costo de abrir la cloaca de pactos (P) entregando a Rocha y permitiendo que hable de AMLO y de ella, el sistema prefiere quemar a Sheinbaum que arriesgar el pacto; en notación del propio artículo: la prioridad real es P + A > S.
Dicho en cristiano: Sheinbaum protege a Rocha (R=0) para proteger a AMLO (A=0) y preservar intactos los pactos con el narco (P), aunque eso hunda su propia supervivencia política (S↓) a punta de escándalos y desplome en popularidad.
No es defensa de la soberanía, es blindaje al testigo clave de una narcopolítica que incluye financiamiento de campañas, control territorial y acuerdos implícitos de no persecución a ciertos grupos a cambio de apoyo electoral.
Del expediente al mitin: cómo se fabrica la “injerencia”
El giro retórico es quirúrgico: Sheinbaum toma una acusación judicial concreta –con nombres, cargos y jurisdicción– y la reempaqueta como “campaña de la ultraderecha estadounidense” que quiere usar a México para posicionarse rumbo a 2026 y manipular la elección de 2027.
Para ello mezcla la extradición de 10 funcionarios con el caso de los dos agentes estadounidenses sin acreditación oficial que murieron en Chihuahua, insinuando que todo forma parte del mismo libreto injerencista, aunque uno es un accidente en territorio mexicano y el otro un proceso penal federal en Nueva York.
Luego invoca la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional sobre límites a agentes extranjeros, como si el tratado de extradición no existiera o no estableciera obligaciones recíprocas ya aceptadas por el propio Estado mexicano.
El resultado es un relato en el que el problema no es que un gobernador morenista esté acusado de traficar fentanilo con los Chapitos, sino que el “imperio” se atreve a pedir su extradición y a descomponer la narrativa de “no protegemos a nadie”.
El doble estándar de la extradición
Cuando el acusado es un capo sin credencial de Morena, la maquinaria de extradición funciona como reloj: se cumplen requisitos formales, se prenden las cámaras en el aeropuerto y se presume cooperación ejemplar con la justicia estadounidense.
Cuando el acusado es un gobernador en funciones, aliado político y presunto beneficiario y operador del mismo ecosistema que infló votos para el oficialismo, entonces se invoca un estándar inédito de “pruebas concluyentes e irrefutables” y se monta un mitin para transformar un trámite del tratado en épica patriótica.
El tratado no exige que el país requirente exhiba su carpeta de investigación en televisión abierta ni que convenza a la militancia de Morena en el Monumento a la Revolución, sólo que presente la documentación necesaria para sustentar cargos y vincular al solicitado con los delitos.
Sheinbaum lo sabe porque el mismo gobierno ha extraditado a decenas de narcos bajo ese marco sin convertir cada caso en referéndum de soberanía; el cambio no es jurídico, es de conveniencia política.
Narco-soberanía: el escudo perfecto
Al exigir que Estados Unidos primero “limpie su casa” –armas, consumo, lavado– Sheinbaum enuncia problemas reales pero como distractor perfecto: sí, Washington es corresponsable, pero eso no borra un solo párrafo del indictment contra Rocha ni una sola firma mexicana en el tratado de extradición.
Hablar del flujo de armas y drogas sirve para desplazar el foco de la pregunta incómoda: ¿por qué un gobernador de Sinaloa y su aparato de seguridad están acusados de ser brazo político de los Chapitos y por qué la respuesta del gobierno federal es blindarlo a mito de “patriota perseguido por el imperio”?
Lo que se está normalizando no es la defensa de la soberanía, sino la idea de que cualquier intento externo por procesar a funcionarios mexicanos coludidos con el narco puede reetiquetarse como “injerencismo” y usarse para cohesionar al oficialismo alrededor de sus propios imputados.
Así, la extradición deja de ser herramienta de cooperación contra el crimen transnacional y se vuelve arma selectiva: sí para capos descartables, no para operadores del pacto que sostienen el edificio político.
La frase incómoda: jugar a las vencidas con EE.UU.
Cuando Sheinbaum decide desafiar abiertamente a Estados Unidos en el caso Rocha, no está defendiendo la soberanía, está apostando a que el costo diplomático de negar la extradición será menor que el costo interno de dejar que Rocha hable en una corte estadounidense sobre cómo se financian campañas, cómo se pacta con los Chapitos y quién estuvo en la mesa
Ella misma se vuelve consumible: si hace falta, el sistema la dejará caer antes que permitir que Rocha empine a AMLO y exhiba la cadena completa de responsabilidades, de la elección estatal de 2021 y de ese gobernador que operó en su entidad la presidencial que hoy ella encabeza.
Sheinbaum eligió no seguir el camino del tratado, el que ya aplicó con decenas de narcotraficantes; eligió convertir un expediente penal en pleito electoral con Washington, jugar a las vencidas con el Departamento de Justicia y vestir de patrioterismo lo que en el fondo es defensa corporativa del narco-gobierno.
Llamarlo “defensa de la soberanía” es un insulto a la Constitución que cita: lo que está defendiendo no es a México frente a Estados Unidos, sino a un pacto del que ella es beneficiaria directa y que hoy depende, literalmente, de que un gobernador acusado de narco-gobernar Sinaloa no llegue a declarar a Nueva York.
Con información: ELNORTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: