La presidenta Claudia Sheinbaum salió otra vez al ruedo con su acto de circo favorito: malabares con la palabra “pruebas” mientras intenta justificar lo injustificable, la protección política disfrazada de trámite burocrático y de “soberanía” en favor del Morenista gobernador con licencia de Sinaloa,Ruben Rocha Moya.
El show de “las pruebas”
Según el recuento, en cinco mañaneras la presidenta Shamos ha dicho “pruebas” 103 veces, como si repetirla muchas veces la convirtiera mágicamente en estado de derecho y no en coartada mediática.
Ayer el fiscal de Estados Unidos anunció que van por más narcopolíticos mexicanos y hoy, en lugar de entrarle al tema de fondo, ella volvió a su libreto: pruebas, pruebas, la prueba, y más pruebas.
Se burló otra vez de las listas de sobornos presentadas por el Departamento de Justicia, las mismas que apuntan a un pacto entre “los Chapitos” del cártel de Sinaloa y funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa. Es decir, hay indicios serios de narcopolítica… pero para la presidenta, mientras no diga “Juanito, credencial, CURP, RFC y comprobante de domicilio”, no cuenta.
Cuando la hoja de “Juanito 30 mil pesos” es la gran prueba
Luego vino la parte surrealista: “la única prueba que tienen la mostramos aquí, una hoja de papel que dice Juanito 30 mil pesos”. Es un nivel de desdén tan grotesco que hasta da para darle, en primera instancia, la razón: sí, si todo el caso fuera una servilleta con “Juanito 30 mil pesos”, cualquiera con tantita seriedad diría “oigan, esto no aguanta ni en juzgado civil, menos en penal”.
Pero entonces recuerdas que no es un meme de Twitter, es la presidenta hablando de investigaciones de la justicia de otro país contra narcopolíticos mexicanos. Ahí es donde se le cae el truco: caricaturiza las listas de sobornos para minimizar el fondo, que es una red de dinero, favores y protección política al narco, no un post‑it perdido en la oficina.
La extradición como pelota de ping pong
Para rematar, Sheinbaum reclama que Estados Unidos “también haga su parte”, que México ha pedido extradiciones y “nada”, sacando la lista: más de 90 personas enviadas por México, cuatro por huachicol que no han mandado, dos por Ayotzinapa que tampoco han llegado.
Ahí, de nuevo, habría que concederle un punto: el tratado de extradición es de ida y vuelta, y Washington suele ser muy hábil para exigir y muy lento para cumplir cuando se trata de sus propios protegidos.
Hasta ahí, bien: sí, es legítimo reclamar reciprocidad. El problema es usar esa queja como cortina de humo para no responder lo esencial: por qué el gobierno mexicano no ha entregado –ni tocado– a ciertos personajes políticos señalados en esas listas de sobornos, y por qué cada vez que se menciona a un gobernador, exgobernador o funcionario, la respuesta automática es “pruebas, pruebas, pruebas” mientras se protege el statu quo.
Violentando de paso las formalidades del tratado firmado por Mexico que con 90 anteriores, no le importó.
“No protegemos a nadie”… pero
La frase estrella: “nosotros no protegemos a nadie, pero para detener a alguien tiene que cumplirse con la ley mexicana”. Le compras la primera parte tres segundos… hasta que recuerdas que esa “ley mexicana” se invoca selectivamente: para enemigos políticos, basta una carpeta mal armada; para amigos incómodos con cola que les pisen, exigen estándar suizo de evidencia.
Y ahí es donde la razón que parecía tener la presidenta se desmorona: sí, no se trata de venganzas ni de entregar mexicanos por capricho de otro país, pero tampoco de blindar narcopolíticos bajo el pretexto de “pruebas” mientras el propio gobierno se burla de indicios serios que, por lo menos, ameritan investigación real y no chiste mañanero que no nos hace reír y algo peor, hace enojar a EE.UU.
Con informacion: Carlos Loret/
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