Si algo le faltaba al arranque del sexenio era un expediente con olor a narco que salpique directo a la élite política. Y ahí está: Rubén Rocha Moya, gobernador de Morena con licencia de Sinaloa, metido en señalamientos que no son de sobremesa, sino de los que, según expertos, vienen respaldados por “mucha evidencia”. Traducido al español llano: no es chisme, es dinamita.
El problema no es solo Rocha. Es lo que representa. Porque si se confirma, no estamos ante un caso aislado, sino ante una grieta estructural dentro de la 4T. Y ahí es donde Claudia Sheinbaum entra a escena, no como presidenta en control, sino como equilibrista en cuerda floja, tratando de evitar que su propio movimiento se fracture mientras Estados Unidos observa con la libreta en la mano.
Eduardo Guerrero,Analista y Director General de Lantia Intelligence lo dijo sin rodeos: vienen “acrobacias políticas” como no se han visto en este gobierno. Y no es para menos. Sheinbaum tiene que hacer tres cosas al mismo tiempo sin romper nada: proteger la unidad de su grupo, no confrontar a las agencias estadounidenses y, encima, evitar que su gobierno sea percibido como refugio de políticos con vínculos criminales.
Porque aquí está el verdadero riesgo: no es solo un escándalo interno. Es un posible expediente internacional. Si Washington concluye que en México se protege a figuras vinculadas con el crimen organizado —ya catalogado en ciertos discursos como terrorismo—, la etiqueta puede escalar peligrosamente. Y entonces ya no hablamos de crisis política, sino de consecuencias diplomáticas, económicas y hasta judiciales.
El mensaje implícito también es brutal: no es solo Rocha. Hay “varios más” gobernadores con señalamientos creíbles. Es decir, el problema no es una manzana podrida, es el huerto.
Y mientras tanto, México sigue arrastrando lo que Guerrero llama “anemia institucional”: una maquinaria de seguridad oxidada, corrupta e insuficiente que, en los hechos, ha tenido que ser empujada —y a veces sustituida— por la presión estadounidense. Una soberanía cada vez más discursiva y menos operativa.
Aquí es donde la presidenta enfrenta su momento definitorio. Puede usar este caso como punto de quiebre, limpiar la casa y mandar el mensaje de que el poder no es sinónimo de impunidad. O puede optar por cerrar filas, administrar el escándalo y proteger a los suyos.
Lo primero implica costos políticos internos. Lo segundo, riesgos mucho mayores: perder credibilidad internacional, tensionar la relación con Estados Unidos y, en el peor de los escenarios, quedar atrapada en la narrativa de encubrimiento.
Porque ya no se trata solo de gobernabilidad. Se trata de decidir si el proyecto se sostiene sobre instituciones o sobre lealtades.
Y en ese dilema, no solo se juega su gobierno. Nos arrastra a todos.
Con informacion: ELNORTE/
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