En el México de la “pacificación” que solo existe en la tatema engañabobos del estratega Omar García Harfuch, los homicidios dolosos,por cierto siempre impunes, siguen llegando puntuales… cada vez con mejor cargo en el organigrama y ya suman 39,521 muertos en solo 576 dias de gobierno de Claudia Sheinbaum a ritmo de 69 diarios.
Primero, Talpa de Allende, Jalisco: asesinan a Marco Antonio Franco Palomera, regidor en funciones. No era un ciudadano cualquiera; era parte del aparato municipal, de esos que en el discurso oficial “ya están protegidos” por la estrategia federal. Lo ejecutan y, como siempre, llega el libreto: condenas, promesas de investigación y el clásico “no quedará impune”, esa frase que en México funciona más como epitafio que como compromiso.
Luego, en Culiacán —capital simbólica del narcoestado contemporáneo donde Rubén Rocha Moya el gobernador de MORENA es requerido por EE.UU en extradición por narco —, matan a Homar Salas, líder sindical recién electo.
Lo acribillan en su propia casa, en la cochera, con escolta incluido que tampoco pudo hacer mucho más que confirmar que ni los protegidos están protegidos. No es menor: venía de un atentado previo en febrero, es decir, ya estaba marcado. Y aun así, la “estrategia” lo dejó a su suerte.
El detalle que raya en lo grotesco es quién lamenta el crimen: el alcalde Juan de Dios Gámez, quien un día antes tambien y junto con el gobernador,fue sido señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En otras palabras, en el mismo escenario conviven el discurso institucional, las sospechas internacionales y los cadáveres locales. Todo en perfecta sincronía.
Y como cereza del pastel, el despliegue “de los tres niveles de gobierno”. Ese ritual post-mortem que llena de cintas amarillas la escena criminal donde no previene nada,no contiene nada y no se adelanta a nada, pero lucen muy bien en la narrativa oficial presumiendo inteligencia+coordinacion. Siempre llegan después, casi a la hora del velorio, rodean con patrullan, toman fotos… y se van. El mensaje real no es de control, sino de administración del desastre que solo se ve bien cuando se compara con lo peor del primer piso del gobierno.
Dos casos, dos entidades, mismo patrón: actores políticos o sindicales ejecutados, antecedentes de amenazas ignoradas, autoridades que reaccionan tarde y un Estado que insiste en vender “pacificación” mientras el conteo de homicidios sigue siendo la única estadística realmente consistente.
La estrategia cuentachiles presume bajas en cifras agregadas, pero en el terreno lo que hay es precisión quirúrgica: matar a quien estorba, donde estorba y cuando estorba. Y eso, lejos de ser pacificación, es control criminal con tolerancia institucional.
Porque si regidores y líderes sindicales caen así —con antecedentes, con exposición pública, con supuesta protección—, la pregunta no es si la estrategia funciona. Es para quién sí funciona.
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