En Sinaloa ya ni siquiera aplica aquello de “funcionarios infiltrados por el narco”. La DEA acaba de sugerir algo mucho más incómodo: el narco no se infiltró… se institucionalizó.
Según Terrance Cole, director de la DEA, lo que hay no es una contaminación del sistema, sino un uso sistemático del poder público para operar a favor del Cártel de Sinaloa. Es decir, no es que el crimen organizado haya penetrado al gobierno; es que el gobierno —o al menos una parte— habría funcionado como extensión operativa del cártel.
La acusación no es menor ni decorativa. Fiscales estadounidenses señalan directamente al gobernador Rubén Rocha y a una red de nueve funcionarios y exfuncionarios de haber convertido cargos públicos en escudos institucionales para el tráfico de drogas. Protección a cambio de sobornos, impunidad a cambio de apoyo político, y elecciones —según la narrativa judicial— lubricadas con dinero de procedencia criminal.
La frase de Cole suena protocolaria: “nadie está por encima de la ley”. Pero en contexto, parece más un recordatorio incómodo que una realidad vigente. Porque si las acusaciones se sostienen, lo que se dibuja no es un caso aislado de corrupción, sino un modelo de gobernanza paralelo donde el poder formal y el criminal no compiten: colaboran.
Y aquí viene el giro que incomoda a la narrativa oficial mexicana. Mientras el discurso interno insiste en que la violencia es resultado de “herencias” o “conflictos entre grupos”, desde Washington están describiendo algo más estructural: redes político-criminales que no solo toleran al cártel, sino que lo facilitan activamente, incluso hacia territorio estadounidense.
El Cártel de Sinaloa, dice la DEA, ya no es solo un actor del narcotráfico, sino una organización terrorista designada. Y bajo esa etiqueta, la acusación adquiere otro peso: no se trataría solo de corrupción administrativa, sino de posible complicidad con una estructura considerada amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Traducido al lenguaje menos diplomático: no serían funcionarios corrompidos por el narco, sino operadores políticos que habrían usado el aparato del Estado como herramienta del negocio criminal.
Y eso cambia todo. Porque una cosa es combatir al crimen desde el gobierno… y otra muy distinta es tener que averiguar dónde termina el gobierno y dónde empieza el crimen.
Con informacion: ELNORTE/
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