En Sinaloa ya no se trata de una “ola” de violencia contra policías: se trata de una estadística criminal con vocación de exterminio. El asesinato ayer del agente municipal activo José Luis “N”, en La Costerita, Culiacán, no es un hecho aislado ni una desgracia más para archivar en el inventario del terror; es parte de una suma vertiginosa que ya ronda el centenar de policías muertos, casi siempre bajo la misma fórmula: ataque, comunicado, duelo institucional y, después, el clásico deporte sinaloense de la impunidad.
La parte más obscena no es sólo que maten policías; es que el sistema permita que eso ocurra con una regularidad que ya desafía la lógica penal y la aritmética elemental.
Porque cuando una organización criminal acumula muertos de fuerza pública como si llevara un conteo estadístico en paralelo al del Estado, no sólo está cometiendo homicidio: está exhibiendo que ha logrado erosionar la capacidad real de disuasión, investigación y castigo del poder público.
La ecuación de la impunidad
Cada policía asesinado bajo la estrategia cuentachiles del estratega Omar García Harfuch, no esclarecido envía un mensaje simple: se puede matar al uniforme,no pasa nada y se puede matar un dia si y otro también. Eso convierte cada ejecución en una advertencia para los demás agentes, en una demostración de control territorial y en una confesión involuntaria de debilidad institucional.
Si el centenar se aproxima en poco mas de 1 año y medio e guerra de bandos de la misma banda y las condenas no aparecen, entonces lo que fracasa no es la estadística, sino el Estado que presume orden mientras administra funerales y no solo de policias.
El cartel y la probabilidad
Hay además una ironía brutal: el crimen organizado no sólo atenta contra las leyes penales; también atenta contra la probabilidad. En condiciones normales, la repetición masiva de asesinatos de policías debería elevar la reacción institucional, aumentar la presencia investigadora y detonar resultados judiciales.
Pero en Sinaloa la secuencia parece invertida: a más muertos, menos consecuencias; a más evidencia de patrón, más normalización; a más riesgo, más silencio. Eso ya no es azar: es una distribución perfectamente comprensible para quien controla el miedo y perfectamente intolerable para quien todavía cree en el monopolio legítimo de la fuerza.
Lo que revela el caso
El caso de José Luis “N” confirma una constante ya conocida: el agente iba fuera de turno, en motocicleta, y fue ejecutado a plena luz del día. La corporación municipal lamentó el hecho y prometió respaldo a la familia, mientras la Fiscalía queda, como siempre, con la tarea de esclarecer lo que casi nunca se esclarece. En otras palabras: la institucionalidad reacciona con condolencias, pero la criminalidad opera con certeza.
La verdadera pregunta
La pregunta ya no es cuántos policías faltan por matar; la pregunta es cuántos expedientes faltan por dejar en el cajón para que la impunidad siga funcionando como política de Estado por omisión. Porque cuando el crimen organizado logra convertir la muerte de policías en una estadística predecible, lo que está en crisis no es sólo la seguridad pública: es la credibilidad misma de la autoridad.
Con informacion: NOROESTE/
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