El caso de Leyla Monserrat es una radiografía brutal de un sistema que castiga con tibieza cuando el crimen viene en cuerpo de adolescente, aunque el daño sea de adulto, el ensañamiento sea de narco y la crueldad quede documentada en video.
Pero al mismo tiempo, el expediente de los dos plebes “gringos” sentenciados en EE.UU. por servir al CDS deja otra lección incómoda: allá sí pueden caer penas mucho más severas cuando la maquinaria judicial decide que el menor también responde por actuar como sicario.
La lección que revienta el discurso
Leyla Monserrat, de 15 años, fue asesinada en Sonora el 25 de septiembre de 2025 tras ser citada por dos adolescentes en una vivienda con el pretexto de una sorpresa; el ataque fue grabado en video y ese material entró al proceso penal como evidencia. El cuerpo fue hallado enterrado en el patio de un domicilio del ejido El Desierto, y los peritajes establecieron que la causa de muerte fue asfixia mecánica. La investigación también documentó mensajes previos, revisión de teléfonos, redes sociales y antecedentes de conflicto entre las menores, además de la reconstrucción completa de la secuencia del crimen.
La sentencia y su miseria
El tribunal especializado aplicó el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes: una de las responsables recibió internamiento por 2 años y 10 meses, y la otra libertad asistida por menos de un año.
Además, la reparación del daño quedó en 5 mil 677 pesos, una cifra que la propia familia consideró insultante frente a lo que costaron los funerales. Esa resolución explica por qué el caso provocó indignación: el Estado reconoce la brutalidad del hecho, pero responde con una sanción que parece pensada para no incomodar demasiado al agresor ni romper la vitrina del garantismo adolescente.
El contraste con EE.UU.
La otra mitad de la lección es el contraste: el caso de los dos adolescentes estadounidenses vinculados al CDS, que recibieron 25 años por actuar como sicarios, muestra que en EE.UU. el sistema puede traducir la edad en responsabilidad penal seria cuando la conducta alcanza ese nivel de peligrosidad.
No es que allá exista magia jurídica; es que cuando un menor opera como brazo ejecutor de una estructura criminal, la justicia puede tratarlo como lo que fue funcionalmente: un operador de violencia, no una víctima del entorno.
Esa diferencia deja una verdad incómoda para México: la edad por sí sola no borra la naturaleza del delito, y la indulgencia automática puede terminar premiando a quienes ya actúan como depredadores.
Leyla no murió en un “pleito entre adolescentes”; fue ejecutada con engaño, videograbación, asfixia, entierro clandestino y una cadena de omisiones legales que convierten la sentencia en una burla con membrete institucional. Y mientras aquí se reparte libertad asistida y cifras de papel, del otro lado de la frontera a los chamacos que jugaron a ser sicarios les cayó una sentencia que por lo menos les recordó que el uniforme de menor no es un amparo universal. En español llano: cuando el sistema penal se vuelve piadoso con la barbarie, lo que hace no es humanismo; es enviar el mensaje de que matar puede salir barato si aún no cumples la mayoría de edad.
Lo que queda
El caso obliga a discutir si el sistema mexicano sigue midiendo el horror con la escala equivocada, porque aquí la víctima quedó enterrada y la sanción parece apenas una nota al pie. El mensaje público es demoledor: en México, ciertos menores pueden cometer crímenes atroces y salir con un castigo que suena más a trámite que a justicia; en EE.UU., cuando el menor es parte operativa de una estructura criminal, la respuesta puede ser mucho más dura.
Con informacion: PROCESO/ REFORMA/
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