Durante aproximadamente dos años, de octubre de 2022 a septiembre de 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces a cargo del general Luis Cresencio Sandoval, realizó compras para la Guardia Nacional por casi 2 mil millones de pesos; esto a pesar de que el marco jurídico y constitucional impedía que la dependencia administrara los recursos de este cuerpo policiaco, en un esquema que hoy alcanza incluso a perfiles vinculados con el entorno político del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.
La ahora autodenominada Defensa disfrazó estas compras con contratos para equipamiento de su Policía Militar, un órgano interno especializado y encargado de vigilar que los militares cumplan reglamentos y leyes dentro de sus cuarteles e instalaciones. En específico, esta “Policía” tiene como tareas custodiar bases militares, regular el tránsito de vehículos militares, vigilar prisiones militares y cooperar en investigaciones de delitos de los integrantes del Ejército Mexicano.
Aunque los títulos de los contratos omitían el nombre de la Guardia Nacional, en los documentos de especificaciones de los productos solicitados se especificaba que eran para uso de esa corporación policiaca, y algunos exigían las siglas GN estampadas en el equipo a comprar.
En este contexto, ayer martes, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, dio a conocer un comunicado en el que informó la inhabilitación por cuatro meses de las empresas Soluciones Militares Tácticas Superior, S.A. de C.V. y West Armor, Inc., así como una multa para ambas compañías de 236 mil pesos, por incumplir uno de esos contratos firmados en 2022.
Se trata de un contrato que no sólo forma parte del esquema de adquisiciones cuestionadas por su ilegalidad, sino que también presenta vínculos directos con el entorno político del actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.
En diciembre de ese año, la Defensa Nacional, como resultado de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados LA-007-000999-E818-2022, adjudicó el contrato D.G.ADMÓN.SAE-291/F/2022 a dichas empresas, por la adquisición de 2.8 millones de proyectiles antidisturbios (gas lacrimógeno, bombas de humo y de pintura) para la Policía Militar; todo por un monto de 325 millones de pesos.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, las firmas incumplieron con dicho acuerdo, por lo que ya fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.
Lo importante a destacar es que este contrato es uno de los que precisamente fueron violatorios del marco jurídico de ese entonces, pues, aunque desde 2019 por decreto presidencial la Defensa sí tenía facultades legales para comprar equipamiento, armamento y vehículos a la Guardia Nacional, el 21 de octubre de 2022 la jueza Novena de Distrito en Guanajuato, Karla María Macías, otorgó una suspensión definitiva a la organización Uniendo Caminos México contra dicho decreto.
La resolución impedía la transferencia del control operativo y administrativo de la GN a la Defensa, a quien obligaba a suspender cualquier transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales pertenecientes al cuerpo de seguridad pública. No obstante la restricción judicial, la Sedena mantuvo vigente la licitación y entregó el contrato por los proyectiles antidisturbios.
Dentro de las peculiaridades de este contrato y la inhabilitación que se da a conocer, se encuentra la vinculación de la representante legal de la empresa Soluciones Militares Tácticas Superior con el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. En la documentación de la compra aparece Anakaren García Sifuentes, quien fungió como regidora priista durante los dos primeros trienios del actual alcalde regiomontano (2015-2018 y 2018-2021), con participación importante en las comisiones de Hacienda y Patrimonio Municipales, y Gobernación y Reglamentación.
Las sanciones de la Secretaría Anticorrupción no sólo aplican a las empresas, sino que también para las personas físicas que las representaron: García Sifuentes y Luis Aguirre León, quienes no podrán participar en contrataciones públicas aunque representen a otras empresas. El caso abre una arista política para el grupo de Adrián de la Garza, ahora vinculado a un esquema de contrataciones federales que se mantuvo vigente pese a una suspensión judicial expresa.
Con informacion: Mario Maldonado/EL UNIVERSAL+
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