Hay traiciones que no se anuncian: se administran. Se dosifican en silencios, en omisiones, en recomendaciones que nunca llegan y en expedientes que duermen mientras las fosas siguen hablando. La de Rosario Piedra Ibarra no es solo una historia de ineficacia burocrática; es el caso clínico de cómo una institución diseñada para incomodar al poder terminó arrodillándose frente a él.
Los colectivos de familias buscadoras —esas que hacen el trabajo que el Estado evade— han pedido juicio político contra la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). No es una ocurrencia ni un arrebato: es la consecuencia acumulada de omisiones sistemáticas. Cuando quienes excavan la tierra con sus propias manos acusan abandono institucional, el problema no es de percepción, sino de evidencia.
La CNDH, en teoría, es un contrapeso. En la práctica reciente, ha sido una espectadora selectiva. Bajo la conducción de Piedra Ibarra, las recomendaciones han perdido filo, los posicionamientos han evitado cuidadosamente confrontar al poder ejecutivo y, lo más grave, se ha diluido la función esencial de la comisión: ser voz de las víctimas frente al Estado, no traductora de sus excusas.
El reclamo de los colectivos no surge en el vacío. Denuncian falta de acompañamiento, negligencia en la atención de desapariciones y una alarmante indiferencia institucional ante la crisis forense y de personas desaparecidas en México. En un país con más de 133,000 desaparecidos, la omisión no es neutral: es complicidad por abandono.
Aquí es donde el simbolismo pesa más que el cargo. Rosario Piedra Ibarra no llegó a la CNDH como una funcionaria cualquiera. Es hija de Rosario Ibarra de Piedra, una de las figuras más emblemáticas en la lucha por los derechos humanos en México. Ese legado no era un adorno biográfico: era una obligación ética. Y sin embargo, lo que debía ser continuidad se convirtió en ruptura.
Porque mientras la madre confrontó al poder —sin importar el color—, la hija ha sido señalada por acomodarse a él. La CNDH dejó de ser incómoda. Y en un país donde el poder solo reacciona ante la incomodidad, eso equivale a abdicar.
El juicio político que exigen los colectivos no es una vendetta, es un mecanismo constitucional. Está diseñado precisamente para casos donde el ejercicio del cargo vulnera el interés público. Y si la omisión frente a la crisis de desapariciones no cumple ese estándar, entonces habría que preguntarse qué lo hace.
No se trata de exigir perfección, sino de exigir función. Una comisión que no defiende derechos humanos deja de ser comisión y se convierte en ornamento. Y un ornamento institucional, en medio de una crisis humanitaria, no solo estorba: legitima la inacción.
La pregunta de fondo no es si Rosario Piedra Ibarra debe o no enfrentar un juicio político. La pregunta es más incómoda: ¿cuántas omisiones más puede absorber una institución antes de perder por completo su razón de existir?
Porque cuando el Estado falla, la CNDH debería ser refugio. Hoy, para muchas víctimas, es apenas un trámite.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERIKA ROSETE/
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