El Departamento de Justicia anunció la primera acusación criminal en la historia contra un armero estadounidense por “apoyar materialmente al terrorismo”. No por un atentado en Nueva York, ni por financiar a Al Qaeda… sino por mandar Colt y Barrett al Cártel Jalisco Nueva Generación y al de Sinaloa.
El acusado se llama Laurence Gray, dueño de Grips by Larry, una armería a un par de millas de la frontera entre Naco, Arizona, y Naco, Sonora. Desde ahí, según Washington, despachaba juguetes de alto poder: pistolas 1911, fusiles Barrett M82A1, ametralladoras Ohio Ordinance M-2-SLR y otras delicias diseñadas para hacer temblar rivales ,policias,militares… o a cualquier periodista que pregunte demasiado.
La jugada judicial fue posible gracias a Donald Trump, quien en febrero de 2025 clasificó oficialmente al CJNG y al Cártel de Sinaloa como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Mientras esto ocurre, la NRA sigue defendiendo el “derecho constitucional” a que cualquier jubilado de Arizona posea, modifique y venda armas militares en su garage.
Que dice la acusación:
La acusación sostiene que Gray intentó, a sabiendas, proporcionar armas de fuego al CJNG en mayo de 2025, y que conspiró, también con conocimiento, para suministrar armas tanto al CJNG como al Cártel de Sinaloa ese mismo año. Ambos cárteles fueron designados por el Secretario de Estado de Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, de acuerdo con la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el 20 de febrero de 2025.
Las condenas por conspirar o intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada conllevan una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de hasta 250,000 dólares, o ambas.
Una condena por tráfico de armas de fuego implica una pena máxima de 15 años de prisión, una multa de hasta 250,000 dólares, o ambas.
Finalmente, una condena por ayudar e instigar la compra simulada de armas de fuego o por ayudar e instigar una declaración material falsa durante la compra de un arma conlleva una pena máxima de 10 a 15 años de prisión, una multa de hasta 250,000 dólares, o ambas.
Gray, de 65 años, enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa de 250 mil dólares. Su socio, Barrett Weinberger, de 73, también fue acusado por contrabando y por ayudar a testaferros de los cárteles a comprar armamento. Ambos se declararon “no culpables”, como si fuera un malentendido entre vecinos —“yo no sabía que mis clientes mexicanos eran esos del CJNG, iluso pensar solo querían unas armas para cazar jabalíes cerca de Guadalajara”—.
Con informacion: ELNORTE/ JUSTICE.GOV/
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