LOS «POZOS LETRINA»: «MEXICO GENERA cada AÑO 9,000 ALBERCAS OLIMPICAS de AGUA CONTAMINADA con HIDROCARBUROS»…y sus malos oficios ya rompieron el record de duplicar la producción.

Pemex acaba de romper un récord que nadie aplaude: duplicó su producción de agua contaminada. De 12 millones de metros cúbicos en el año 2000, ahora el país genera 23 millones cada doce meses. Traducido: más de nueve mil albercas olímpicas llenas de un cóctel de hidrocarburos, salmuera y metales pesados. Y como no hay forma más “eficiente” de esconder el veneno, se lo reinyectan a la tierra en los llamados pozos letrina, donde México entierra, literalmente, su propia mugre.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente —esa entidad que parece creada para velar por los intereses del petróleo más que por la seguridad— prepara una nueva norma para “regular” los desechos. Traducción: un parche de tecnicismos para justificar lo mismo, pero ahora con membrete. Lo llaman “manejo responsable del agua producida”; en realidad es la institucionalización del crimen ambiental por decreto.

El informe Pozos Letrina de CartoCrítica desnuda lo que el gobierno esconde bajo metros de opacidad: buena parte de ese líquido tóxico ni siquiera pasa por tratamiento, y termina infiltrándose en el subsuelo o derramándose en ríos y mares. Pero, claro, los datos sobre su composición y ubicación son “información reservada por seguridad nacional”. Nada más seguro que un país intoxicándose en secreto.

Mientras tanto, el gobierno desempolva el fracking como si fuera la salvación energética del siglo XXI. Sí, el mismo proceso vetado por ser devastador para el agua y el suelo. Pero ahora, con los yacimientos en las últimas, toca exprimir la piedra y celebrar cada gota de gas con olor a autodestrucción. Los campos envejecen, la producción declina, y la respuesta es taladrar más hondo… hasta llegar al propio infierno.

Y como buena tragicomedia nacional, llega la cereza legislativa: una “nueva norma” diseñada para aparentar cuidado ambiental pero plagada de vacíos, contradicciones y una fe ciega en los permisos discrecionales. El resultado será el mismo: seguir enterrando millones de litros de veneno bajo tierra… con sello oficial y acta de buena conducta.

El informe en 5 ejes

Toxicidad extrema, opacidad de Estado, fallas regulatorias, injusticia ambiental y riesgos físicos (sismos, fugas).

1. Toxicidad brutal del “agua producida”

• El estudio detalla que los residuos inyectados no son “agua sucia” sino mezclas con hidrocarburos, sales, metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y materiales radiactivos de origen natural (NORM).
• Cita que el benceno en agua de retorno puede rebasar hasta 1,440 veces los límites permitidos para agua potable.
• Enumera tipos de residuos: recortes de perforación con HAP y metales, lodos con aditivos tóxicos y posible contacto con radón, agua congénita y producida con altas sales, hidrocarburos y radiactividad natural, y agua de retorno con BTEX, HAP, TDS altísimos, metales, compuestos halogenados, etc.
• Documenta efectos: alteraciones hormonales, bioacumulación tóxica, daños hepáticos y renales, potencial cancerígeno (por ejemplo formación de trihalometanos cuando estas aguas llegan a plantas convencionales).

2. Opacidad e inconsistencias de Pemex y ASEA

• El informe documenta que ASEA, CNH y Pemex negaron coordenadas de pozos y composición química alegando “seguridad nacional” y “secreto industrial”.
• Cuando Pemex sí entrega datos, son inconsistentes: el volumen inyectado que da por transparencia solo explica, en promedio, 46% del volumen que la propia empresa reporta en sus informes de sostenibilidad.
• Señalan que con la información pública disponible no se puede responder ni siquiera: cuántos pozos de disposición hay, qué reciben, cómo se monitorean y cómo se comportan en el tiempo.

3. Deficiencias legales y normativas

• El marco normativo aparece como “fragmentado y deficiente”: las disposiciones de ASEA no fijan límites cuantitativos de contaminantes ni obligan caracterización química rigurosa de todos los residuos.
• La regulación mexicana queda por debajo de estándares internacionales sobre pozos de disposición, pese a los riesgos y al volumen creciente de inyección.
• Subrayan que la nueva regulación debería alinearse con el Acuerdo de Escazú (derecho a información y participación), pero hoy no se cumple plenamente.

4. Injusticia ambiental y “zonas de sacrificio”

• El informe remarca que esta infraestructura se concentra en territorios marginados, configurando un caso claro de injusticia ambiental y creación de zonas de sacrificio.
• Se menciona que el problema no es solo técnico o regulatorio: afecta directamente el derecho de las comunidades a conocer riesgos y participar en decisiones sobre su territorio.

5. Riesgos físicos: fugas, sismicidad, deterioro

• El estudio explica que los pozos de disposición descansan en tres supuestos frágiles: formaciones receptoras separadas de acuíferos, buena capacidad de confinamiento y que la presión de inyección nunca supere la presión de fractura.
• Reconoce que aumentos de presión pueden facilitar la migración de contaminantes hacia acuíferos y detonar sismicidad inducida.
• Advierte que el cemento de los pozos se va degradando (descalcificación, microfracturas), lo que abre rutas para fuga de fluidos y gases.

En resumen, México no solo entierra su basura petrolera: entierra su agua, su salud y su futuro. Todo, en nombre del progreso energético y la soberanía de una petrolera que se comporta más como ministerio del daño ambiental que como empresa del Estado.

Con informacion; DANIEL CARABAÑA/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/