«CONFUSIÓN en SINALOA»: «CONGRESO MEDIO_CREE AUMENTAR PENAS por ROBAR MAS de 10,000 AUTOS en 18 MESES AUMENTA POSIBILIDAD de CASTIGOS al CDS»…sería un infierno de 35 años al que casi nadie llega.

En 18 meses de “guerra interna” entre bandos de la misma banda, el robo de vehículo en Sinaloa se disparó: 4,019 denuncias en 2024 y 6,810 en 2025, más de 10 mil unidades despojadas mientras los bandos se matan entre sí y despojan a terceros para seguir la guerra, pues este es el combustible que atiza el fuego. 

El Congreso responde con lo único que sabe hacer rápido: mover el cursor del Word para que donde decía 25 ahora diga hasta 35 años de prisión. El mensaje es casi religioso: si el infierno no alcanza, construyamos otro piso más abajo. El detalle incómodo es que al infierno casi nadie llega, porque en el trayecto se pierde la carpeta, el parte informativo, el peritaje o, derechamente, la voluntad política.

La pornografía de las penas

Hoy el Código Penal de Sinaloa ya castiga el robo de vehículo con 5 a 15 años de prisión, y hasta 25 años con agravantes como violencia, uso de armas, actuación en grupo, despoblado o carretera. Aun así, el delito no baja, sube. La nueva ocurrencia: añadir 4 a 8 años si la víctima es mujer, menor, adulto mayor o persona con discapacidad, para armar penas de hasta 35 años. Es la pornografía del castigo: imágenes cada vez más extremas para un sistema que ya no siente nada porque el problema no es el tamaño de la pena, sino la probabilidad de que te toque. La delincuencia hace cuentas simples: 0 detenidos × 35 años sigue dando cero.

La hipocresía legislativa

María Teresa Guerra Ochoa se ufana de “no dejar ventanas” a los jueces para que las agravantes sean acumulativas y no optativas. El subtexto es brutal: como no confiamos en los jueces, los vamos a encadenar con texto obligatorio y penas desmesuradas, aunque los ministerios públicos sigan armando investigaciones con clips y saliva. 

Mientras tanto, se vende el endurecimiento como “respuesta” a un delito de alto impacto que ya no es solo patrimonial, sino parte de la dinámica de la violencia organizada. Es el clásico truco de la clase política: inflar el castigo para ocultar la autopsia que se niegan a hacerle a la policía, la Fiscalía y el modelo de seguridad. La “certeza jurídica” que presumen es solo certeza de que ellos, los responsables por acción u omisión, saldrán intactos.

Impunidad: la enfermedad que no quieren nombrar

Hasta el propio Consejo Estatal de Seguridad Pública les dice en su cara que cualquier reforma es insuficiente mientras la impunidad siga alta y el robo de vehículo siga siendo incentivo, no riesgo, para los delincuentes. 

Pero esa parte nunca llega al encabezado de los boletines oficiales, porque aceptar que el problema es la impunidad es aceptar que el Estado es paciente y a la vez vector de la enfermedad. Aquí no falla “la ley”, fallan quienes no detienen, quienes no investigan, quienes archivan, quienes pactan con las mismas facciones que despojan a ciudadanos de sus autos para fondear la guerra intestina. La impudemia –ese contagio de no sentir vergüenza– se ve en cada iniciativa que promete milagros sin tocar ministerios públicos, mandos policiacos, redes de deshuesaderos ni complicidades internas.

Gobierno como autor, no como víctima

Esta cruzada por subir penas pinta al Estado como víctima valiente, cuando en realidad es coautor. El robo de vehículo requiere zonas liberadas, policías que voltean para otro lado, peritos que nunca encuentran nada y fiscales que “no integran bien” para que las consignaciones se caigan. 

Si las bandas del mismo cártel pueden sostener 18 meses de guerra robando autos a este ritmo, es porque tienen garantías prácticas de que no habrá consecuencia efectiva. Y mientras a la víctima le prometen hasta 35 años de castigo (si algún día hay sentenciado), al contribuyente le recetan el mismo Estado famélico en investigación, sin inteligencia financiera ni desmantelamiento serio de mercados de partes robadas. La responsabilidad por acción está en los acuerdos y omisiones deliberadas; por omisión, en la flojera institucional disfrazada de “falta de recursos” (morales,mas que económicos).

Con informacion: REVISTA ESPEJO/