Antonio Rivas Sordia,recien nombrado como jefe de la Oficina Fiscal en Reynosa por el Gobernador humanista Americo Villarreal, es la perfecta radiografía del funcionario que ha sobrevivido en estrecha cercanía con el intocable Cartel del Golfo que Americo abraza en Tamaulipas: señalado desde 2015 en aquellos efímeros tiempos de excelente opositor, (que tiro a la basura de la historia por unas monedas) de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca, por contribuir y proteger una red de narco-videovigilancia del CDG… y hoy, 2026, premiado con otra oficina pública como si nunca hubiera pasado nada.
A decir de «hoyTamaulipas», fue el actual subsecretario general del gobierno del Estado, Tomas Gloria Requena, quien le dio posesión en representación del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya,quien resulta ser otra curricula manchada por su colusion con Zetas,ligado a masacre en 2011.
El “Toño Rivas” en la red de narco-cámaras
En 2015 Fuerza Tamaulipas y el Ejército desmantelaron un sistema de videovigilancia criminal con 39 cámaras operadas vía internet, colocadas en postes de CFE y Telmex que estan estrechamente asociados a servicios públicos de los ayuntamientos, vigilando 52 puntos estratégicos: cuarteles militares, Marina, PGR, Fuerza Tamaulipas, bulevares y centros comerciales de Reynosa.
No eran un juguetito casero: tenían módem, tarjetas de video, codificadores, alimentación eléctrica formal, todo montado sobre infraestructura pública mientras las autoridades municipales miraban para otro lado.
Y justamente el primer frente de contacto con esa infraestructura urbana era la Coordinación/Secretaría de Servicios Públicos Primarios del Ayuntamiento de Reynosa, la misma área responsable de alumbrado público, postes, boulevards y avenidas… es decir, la misma zona física donde estaban ancladas las narco-cámaras.
¿Quién estaba al mando? Antonio Rivas Sordia, ex comandante de la vieja Policía Judicial Federal, reciclado como jefe de servicios primarios desde mayo de 2010 tras el asesinato de su antecesor, Roberto Arechandieta Ramos, también ex jefe policiaco, ejecutado en plena administración del priista narco-señalado Óscar Luebbert.
Denuncias: del ciudadano al entonces senador denunciado
La denuncia ciudadana de 2015 no se anduvo con medias tintas: presenta a “Toño Rivas” como un cuadro apadrinado “de décadas” por un alto funcionario de Gobernación, Felipe Solís Acero, su compadre, que lo fue incrustando una y otra vez en administraciones municipales aunque arrastraba antecedentes como comandante de la “corruptísima” Policía Judicial Federal. El texto acusa abiertamente sus “grandes ligas” con el crimen organizado, describe pleitos con otro funcionario municipal señalado por nexos con el CDG (Víctor Garza, de Desarrollo Social) y afirma que Rivas mandaba cuadrillas de trabajadores “a donde ellos ordenen”, sin sustento en programas sociales, sino como servicio VIP al cártel.
En esa lógica, la denuncia sostiene que el Ayuntamiento, vía Servicios Públicos, prestaba incluso las canastillas y logística para que los delincuentes instalaran decenas de cámaras por toda la ciudad, usadas después para halconeo, secuestros y control territorial, dejando claro que “los criminales nunca podrían hacer nada solos si no tuvieran la ayuda de otros criminales que fungen como funcionarios públicos”. Esa misma pieza ciudadana remata con una pregunta que sigue vigente: “si no, que digan por qué mataron a Arechandieta” cuando encabezaba un departamento que, en teoría, sólo debía servir al público, pero en los hechos servía también a los narcos.
En paralelo, el entonces senador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca presentó ante la SIEDO una denuncia donde acusa al alcalde José Elías Leal y a funcionarios municipales —incluida el área de Servicios Públicos— de complicidad en la instalación y operación de la red de videovigilancia del narco en Reynosa.
La querella fue a parar al archivo muerto y fue ontra el presidente municipal, José Elías Leal e incorporada a otra presentada el 28 de noviembre de 2014 con el número de averiguación UEIORPIFAM/AP/275/2014, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado tras la organización y desarrollo de la feria de Reynosa 2013.
En esta quedarón asentados los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, acusando al municipio de poner estructura y recursos al servicio del crimen, mientras la red criminal monitoreaba a fuerzas federales, estatales y a la población civil y no era mera informacion sesgada.
El asesinato del anterior jefe de Servicios Públicos, Arechandieta, y la posterior designación de Rivas Sordia, otro ex jefe policiaco, se leen —a la luz de la denuncia ciudadana— como parte de la misma cadena de “funcionarios puente” entre Ayuntamiento y crimen organizado, protegidos por padrinos políticos como Óscar Luebbert y el propio Solís Acero. La moraleja: en Reynosa no se asciende a esos puestos por meritocracia ni por amor al alumbrado público, sino por la capacidad de servir a dos jefes: el oficial y el que manda de veras, el que financia campañas, impone mandos y da la última palabra sobre quién vive y quién es ejecutado.
2026: el blindaje de la impunidad
Y mientras todo eso yace empolvado en hemerotecas y blogs, en marzo de 2026 el gobierno de Tamaulipas de Americo Villarreal anuncia sin pudor que Antonio Rivas Sordia es nombrado nuevo titular de la Oficina Fiscal del Estado en Reynosa, presentándolo como un servidor público con “experiencia” como agente del Ministerio Público federal y ex secretario de Servicios Primarios en una administración anterior.
Ninguna mención, por supuesto, a que ese mismo historial estaba atravesado por denuncias ciudadanas de vínculos con el CDG y por señalamientos públicos en contexto de una red de narco-videovigilancia desmontada por militares y policías en la ciudad.
La foto institucional de su nombramiento es casi una burla:funcionarios formales, discurso de “trabajo coordinado y responsable” y un nuevo cargo administrativo para un personaje que, en cualquier estado mínimamente serio, estaría investigado a fondo o, cuando menos, inhabilitado mientras se esclarecen sus presuntas responsabilidades en aquella red criminal.
Pero Tamaulipas pasa lo contrario: el expediente social y periodístico pesa menos que el compadrazgo de alto nivel que busca en sus funcionarios como requisito,la estrecha relación con los carteles para que el quehacer gubernamental se desarrolle en conjunto y no es un hecho aislado,es casi norma con Americo Villarreal.
El mensaje de peligro a la ciudadanía es brutalmente claro: si ayudas al narco desde el poder, el poder va ayudar al narco con toda la informacion de que dispone,tus datos de licencias, tus placas, tus pagos, tu domicilio y hasta dejar pasar tramites de autos robados o extranjeros, todo mancomunado con el Cartel del Golfo y asi la relación es tersa.
Con informacion: MILENIO/ MEDIOS/ HOYTAMAULIPAS/
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