La llamada “batalla por la legalidad” entre la FGR a cargo de Ernestina Godoy y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua a cargo de Abelardo Valenzuela, huele menos a Estado de Derecho y más a pleito de vecindario entre fiscales que perdieron el manual de procedimientos y lo sustituyeron con una hoja de cálculo de venganzas.
La gobernadora Maru Campos —la justiciera con mandato divino y con el ex-gobernador Duarte en el oído— decidió borrar del mapa al exgobernador Corral, ese que ahora posa de monje republicano y asesor de moral pública en la corte de Sheinbaum. En el ring de la impunidad, la toga es puro disfraz; todos pelean con los nudillos jurídicos pelones.
La Fiscalía estatal, convertida en apéndice político del Palacio de Gobierno, fabrica expedientes con la precisión de una panadería clandestina: harina de sospecha, levadura de rencor y un poco de fuego mediático para que huela a justicia recién horneada. Pero la FGR, adicta a la superioridad jerárquica, le recordó quién manda: “los recursos eran federales, querida”, y con eso abrió una guerra de competencias que ni los más veteranos procesalistas sabrían resolver sin un exorcismo legal.
En el centro del caos, el expediente contra Corral parece menos una investigación y más una piñata rellena de delitos hipotéticos, en la que cada quien mete el palo para apuntarse una victoria simbólica. La Auditoría que primero no encontró irregularidades y luego sí, merece su propio reconocimiento a la flexibilidad moral: en Chihuahua la presunción de inocencia se activa o desactiva según el color del gobernador en turno.
Mientras tanto, al empresario López Elías lo traen de rehén judicial: embargo por aquí, orden de aprehensión por allá, y una oferta de “testigo protegido a modo” que en cualquier manual ético —incluso el más permisivo— podría calificarse de chantaje con membrete institucional. Pero la joya del absurdo la pone el fiscal anticorrupción local, Abelardo Valenzuela, quien tras perder en tribunales dice que no entregará el expediente porque “nadie puede obligarlo”. La insubordinación como política pública.
Todos invocan el “imperio de la ley”, pero nadie parece haberla leído. La gobernadora grita “corrupción” con la misma convicción con la que Corral jura ser mártir de la democracia.
La FGR, desde su torre de marfil, se proclama árbitro moral después de años de litigios políticos a destajo. Y el ciudadano común, desde la grada, sólo ve a los gladiadores del poder lanzándose códigos penales a la cara mientras el sistema de justicia se desploma como escenografía vieja.
Esto no es un conflicto de competencias: es una pelea entre feudos judiciales donde la ley es botín y el orden, una palabra de utilería. En Chihuahua —y por extensión, en México— nadie gobierna, sólo administran el caos con actas y sellos.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/EL PAIS/ZEDRIK RAZIEL/
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