El Servicio Exterior Mexicano es la embajada de la impunidad: 896 investigaciones, 36 sanciones de utilería y una maquinaria diseñada no para castigar, sino para blindar a sus propios diplomáticos.
Fábrica de impunidad fina
Entre 2013 y 2024, el aparato “anticorrupción” detectó casi 900 casos de irregularidades: pagos indebidos, uso personal de vehículos oficiales, valijas diplomáticas tratadas como paquetería privada y mentiras en declaraciones patrimoniales. Resultado: sólo 36 sanciones, la mayoría amonestaciones simbólicas que caben en un regaño de pasillo. El 98% de las faltas se clasificaron como “no graves”, y apenas un expediente terminó en destitución, que luego fue tirada a la basura en el Tribunal.
Mientras tanto, la SRE se cuelga la medalla del discurso institucional: asegura que instruyó a su gente a “abatir rezagos” y “revisar procedimientos”, como si el problema fuera de trámites y no de un sistema hecho para no tocar a nadie de alto rango. El mensaje real es otro: aquí no pasa nada que no pueda resolverse con un oficio tibio y unos años de congelamiento burocrático.
Diplomáticos depredadores, Estado cómplice
En Rusia, un cónsul construyó su propio harem involuntario: abrazos forzados, besos no consentidos, comentarios sobre el cuerpo de sus subordinadas, hostigamiento disfrazado de “amabilidad”. Nueve funcionarios concluyeron que sus conductas podrían ser hostigamiento o acoso sexual… pero el Comité de Ética no puede sancionar, sólo mandar cartitas con “recomendaciones no vinculantes”.
El cónsul no perdió el cargo: lo premiaron con un traslado a la Embajada ante la Santa Sede, ahora a cargo de asuntos administrativos, como si la consecuencia de acosar fuera un viaje a Roma. Y mientras México se presumía como pionero en “política exterior feminista”, 56 denuncias de violencia machista en embajadas y consulados, de 2012 a 2024, terminaron sin una sola sanción efectiva. Feminismo de comunicado, machismo de tiempo completo.
El modelo perfecto para que nada pase
El diseño disciplinario del Servicio Exterior es una obra maestra de autoprotección corporativa. El Órgano Interno de Control investiga, pero quien decide si se sanciona o no es una Subcomisión y una Comisión de Personal integradas por los mismos del club diplomático, donde el OIC sólo tiene voz, pero ni un miserable voto.
Cuando se trata de faltas “no graves”, el castigo queda en manos del canciller; si son graves, van al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ya ha demostrado que puede tumbar una destitución por violaciones de procedimiento. En 2022, una auditoría revisó 170 procedimientos y detectó que en 39 casos de acoso laboral y sexual hubo retrasos injustificados y cero perspectiva de género, pese a que la ley y los protocolos lo exigen. Años después, la propia área responsable admite que no tiene un solo expediente tramitado con perspectiva de género: ni el mínimo esfuerzo para fingir que entendieron el problema.
Sanciones de chiste, carreras intactas
Cuando por fin sancionan, las “consecuencias” son casi un reconocimiento al aguante del funcionario. Un cónsul que mandó a su esposa a manejar un vehículo oficial para ir a ver un partido de futbol recibió, cuatro años después, una amonestación privada: regaño a puerta cerrada y a seguir la carrera diplomática.
Otro cónsul que maltrató físicamente a una ciudadana en Guangzhou fue ascendido a embajador a las pocas semanas del incidente; años después le impusieron una amonestación pública y hoy sigue al frente de un consulado en Estados Unidos. Un embajador con irregularidades financieras en Rusia terminó con una multa de 2,183 pesos y un “apechugué, me duele mucho” como prueba máxima de arrepentimiento. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó presuntas falsedades en la declaración patrimonial de otra persona embajadora; el caso llegó a la Subcomisión y fue archivado sin sanción.
Visas, pasaportes y justicia a la carta
Una funcionaria en el Consulado de Nueva York expidió un pasaporte de 10 años para su pareja, sin acreditar identidad ni nacionalidad, y rogó de rodillas que no la denunciaran cuando la cacharon. El Tribunal decidió no sancionarla porque devolvió el pasaporte y ni siquiera quiso ver conflicto de interés porque no encontraron acta de matrimonio. Si no hay papel, no hay romance, y si no hay romance, no hay falta.
En San Pedro Sula, una integrante del SEM expidió visas con documentos falsos, perdió 54 expedientes y recibió regalos a cambio de otras 24 visas; la SRE la destituyó por “deslealtad al país”, pero el Tribunal anuló la sanción por fallas de procedimiento y autoridades incompetentes. Entre 2013 y 2024, la Dirección Jurídica de la SRE admite haber presentado sólo una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito, mientras la Fiscalía reconoce tres indagatorias por posibles delitos de personal del Servicio Exterior. La norma obliga a denunciar y aportar pruebas; la práctica obliga a patear los expedientes hasta que prescriban.
Transparencia a cuentagotas, opacidad a chorro
Para reconstruir este mapa de porquería institucional hicieron falta más de 300 solicitudes de información, respuestas testadas, estadísticas incompletas y negativas a pesar de órdenes del órgano de transparencia. La cancillería se aferra al secreto como si los diplomáticos fueran una élite intocable, aunque se trate de casos cerrados con recursos públicos comprometidos.
La conclusión es brutal: el Servicio Exterior Mexicano no es sólo una institución con manzanas podridas, es un ecosistema diseñado para protegerlas. Quien acosa, roba, miente o trafica influencias sabe que el peor escenario es una amonestación discreta y un cambio de plaza; quien denuncia, en cambio, se enfrenta a la nada. Esa es la verdadera “imagen de México en el mundo”.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
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