Sinaloa no está en paz, está en emergencia: la única “seguridad” que presume el gobierno es la de su propio relato blindado a balazos de datos maquillados y propaganda oficial.
Violencia que el discurso no tapa
Mientras el gobierno estatal prepara otra pasarela de cifras “históricas”, la realidad cuenta otra cosa: 2,076 homicidios, 2,835 desapariciones, 8,007 robos de vehículo y 2,914 robos a comercio en solo 14 meses de guerra interna del Cártel de Sinaloa, según la propia Fiscalía.
La percepción de inseguridad en Culiacán se disparó de menos de la mitad de la población a casi 9 de cada 10 personas, y en Mazatlán también creció de manera alarmante; nadie vive esa Sinaloa “tranquila” que vende el Cuarto Informe.
En las carreteras, el terror también se mide en números: el flujo en casetas cayó a una tercera parte, más de un millón de vehículos dejaron de circular porque la gente le teme más a un retén criminal que a la gasolina cara. Detrás de esa estadística hay familias que ya no visitan a nadie, que dejaron de viajar por carretera y que sacan a sus hijos de clases porque el riesgo va armado y el Estado llega, si llega, a levantar casquillos.
Justicia en coma inducido
El presupuesto por habitante para la Fiscalía de Sinaloa fue de apenas 282 pesos en 2024, mientras otros estados destinan entre 700 y más de 800 pesos; la diferencia no es técnica, es política: se decidió no fortalecer la institución que debería investigar a quienes tienen al estado de rodillas. Con ese raquítico gasto, de cada mil delitos solo se denuncian 60, se abren 37 carpetas y apenas cinco llegan a una resolución favorable: la impunidad no es consecuencia, es sistema.
Ese aparato de justicia adormilado es el que el gobierno exhibe como “funcional” en sus informes, mientras afuera madres buscan a sus desaparecidos con picos y palas y los negocios pagan extorsión para sobrevivir una semana más. Sinaloa no tiene un Estado de derecho, tiene un Estado de trámite donde se cumple la forma constitucional del informe, pero se niega el fondo de la tragedia. Economía en caída libre, pero “vamos bien”
El Informe Ciudadano habla de un “deterioro estructural” y no es exageración: la economía estatal cayó 3.5 por ciento en 2024, con desplomes brutales en agricultura, actividades primarias, construcción, minería y esparcimiento; no es un bache, es un socavón.
La inversión extranjera fue de apenas 316 millones de dólares en 2024, menos del 1 por ciento del total nacional, y en 2025 apenas se han sumado unas decenas de millones: Sinaloa espanta capital, no lo atrae.
El IMSS registra alrededor de 10 mil empleos formales menos, caída en el número de empleadores y en trabajadores por cuenta propia; la gente no solo pierde chamba, pierde la fe y se va. Mientras el gobierno repite que “hay crecimiento”, los empresarios advierten cierres masivos, extorsión imparable y un clima donde producir se volvió acto de temeridad.
Bienestar: la vitrina está llena, la alacena vacía
El deterioro ya se siente en la mesa: el Banco de Alimentos reporta un aumento marcado de solicitudes de apoyo, muchas de personas recién desempleadas, y la respuesta oficial son despensas sobrevaluadas que no llenan el estómago ni la conciencia de quien las reparte. Más de 185 mil personas viven en condiciones de vivienda precaria, sin que exista una política estatal seria de vivienda que vaya más allá de la foto en entregas simbólicas.
En salud, el desabasto de medicamentos ronda entre 50 y 60 por ciento, y se recortó hasta 74 por ciento el presupuesto contra el dengue, con un aumento de muertes de 1,000 por ciento: el costo de ahorrar en salud se paga en funerales. En educación, unas 2,400 escuelas han suspendido clases por violencia, el abandono escolar en media superior ronda el 11 por ciento y en universidad el 9 por ciento; en Culiacán hay planteles con caída de hasta 25 por ciento en asistencia, pero el discurso oficial presume “cobertura”.
El maquillaje constitucional del informe
Mientras la realidad grita, el gobierno se refugia en el ritual: entregar el informe escrito al Congreso y declarar que “se cumplió la Constitución”, como si el papel valiera más que la vida de quienes ya no aparecen en ningún padrón. La brecha entre el informe oficial y el Informe Ciudadano es tan obscena que las organizaciones ya plantean reformar la Constitución para obligar al Ejecutivo a usar datos verificables y sancionar a quien maquille u oculte información..
No es una ocurrencia: es aceptar que en Sinaloa la mentira oficial se volvió política pública, y que sin un candado legal el próximo informe será otra pieza de ficción producida con recursos públicos. Que desde la sociedad se esté pidiendo castigar la manipulación de cifras dice todo sobre la confianza que se tiene en la palabra del gobierno: ninguna.
Urgencia de agenda, no de aplausos
Las 20 organizaciones que firmaron el Informe Ciudadano no piden likes, piden un giro de 180 grados: diálogo real con el Ejecutivo, políticas para empleo y seguridad, reforma de poderes Legislativo y Judicial y fortalecimiento de municipios para que dejen de ser comparsa de una tragedia anunciada. Hablan de elevar calidad en salud y educación, de crear empresas, de agregar valor a la producción agrícola y pesquera y de garantizar derechos ciudadanos, porque sin democracia no hay estrategia de desarrollo que no termine secuestrada.
Mientras el gobierno cuenta votos, la gente cuenta muertos, desaparecidos, despidos y escuelas vacías; esa es la contabilidad que el informe oficial intenta esconder bajo una narrativa de “unidad” y “transformación”. Llamarle a esto “emergencia económica, social y de seguridad” no es amarillismo, es simplemente negarse a seguirle el juego a un poder que prefiere un buen spot antes que un buen gobierno.
Con informacion: NOROESTE/
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