La respuesta institucional ante el desplazamiento forzado en Sinaloa evidencia el fracaso de la estrategia estatal, federal y militar para proteger la vida y el patrimonio ciudadano, incumpliendo la obligación más fundamental del gobierno: garantizar la seguridad y dignidad de sus habitantes.
La crisis se agudizó con la expulsión de familias de la comunidad de Vainilla, quienes, después de décadas de pertenencia a la tierra, fueron ignoradas por las autoridades que literalmente les cerraron las puertas en Palacio de Gobierno. El caso de Nicanor Benítez expulsada desde hace dos meses de su tierra (“85 años viviendo en Vainilla y ahora no tengo nada”) sintetiza el abandono estatal y la falta de respuestas efectivas.
Abandono y Desprotección Total
Las familias desplazadas no reciben atención integral: carecen de vivienda, apoyo laboral y claridad sobre su futuro. Aunque el gobierno argumenta entregar despensas y “kits de ayuda”, el fondo del problema sigue ignorándose: la violencia sigue expulsando a miles y el Estado ha fallado en su deber de reconstruir condiciones mínimas de vida segura y digna. Todo esto queda documentado en informes académicos y testimonios que demuestran cómo la política pública es, en el mejor de los casos, una promesa vacía.
Dimensión y Causas de la Crisis
Sinaloa es el segundo estado del país con mayor número de desplazados forzados, rebasado solo por Chiapas: entre septiembre y diciembre de 2024 hubo al menos 6,476 personas desplazadas en seis eventos, cifra sistemáticamente subestimada por el gobierno estatal. La violencia criminal es la causa principal —en buena medida por pugnas dentro del propio Cártel de Sinaloa tras la captura de líderes históricos— mientras la protección institucional resulta insuficiente, restrictiva y poco transparente.
Las Exigencias Son Básicas, el Gobierno Responde con Negación
Los desplazados no reclaman privilegios; piden lo elemental: tierra, vivienda y respeto a su derecho a existir en paz. Sin embargo, reciben indiferencia de funcionarios y discursos huecos. Las puertas cerradas no sólo son físicas: son símbolo de una política de concesiones y simulación, de un Estado convertido en obstáculo en vez de salvaguarda, dejando a los expulsados entre la intemperie y el olvido.
Perspectiva Irreverente y Crítica
En este contexto, es imprescindible una narrativa periodística dura y sin concesiones: lo que está ocurriendo en Sinaloa no es solo un “problema social”, sino un saldo trágico y extremo del fracaso del Estado mexicano en su misión primaria. El gobierno se muestra más eficaz para administrar excusas que para garantizar derechos fundamentales, y la omisión sistemática equivale a complicidad con los poderes fácticos que expulsan, despojan y someten.
Con informacion: REVISTA ESPEJO/
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