Policías en Veracruz obligan a transportistas a pagar una cuota de hasta 30 mil pesos para seguir su camino, de lo contrario son golpeados a patadas, puñetazos y cachazos.
El fenómeno que se suscita en esta entidad, pero tambien se replica en Tamaulipas y en casi todo el pais,nos ilustra con claridad una de las expresiones más sórdidas de la colusión entre crimen organizado y autoridad: no se trata de policías infiltrados por criminales, sino de verdaderos criminales parapetados tras el uniforme, utilizando el aparato del Estado como instrumento de extorsión y terror. Son, en sentido estricto, narcopolicías: agentes cuya función pública ha sido aniquilada y su investidura convertida en el disfraz que les posibilita ejercer, con total impunidad y autoridad legal simulada, las formas más brutales de delincuencia.
Estas lacras representan la descomposición institucional llevada a su extremo: sujetos que ya no aspiran ni siquiera a corromper la ley, sino a administrarla como botín, encarnando un modelo de violencia y saqueo sistemáticos. Operan retenes que son, en realidad, peajes de la mafia; las patrullas y placas son sus herramientas para la intimidación, el despojo y la represión. Su lexicografía es la del sicariato, pero con el aval del Estado: el golpe, la amenaza, la sentencia sumaria, la siembra de pruebas, el secuestro express y la ejecución ejemplar.
Conceptualizarlos implica entenderlos no como anomalía aislada, sino como parte de un sistema criminal que ha infiltrado la estructura policial al punto de fundir los límites entre autoridad y delincuencia. El narcopolicía es, pues, el agente doble definitivo: protector y verdugo, licenciado por la ley para pisotearla; ejecutor de las órdenes de la mafia y usufructuario de las franquicias que otorga el Estado. Su existencia demuestra —no solo en Veracruz, sino en muchas regiones del país— que el uniforme se ha vuelto, demasiado a menudo, un manto de impunidad para la extorsión, el secuestro y el asesinato.
Que esta ocurriendo bajo otro nefasto gobierno de Morena
El pasado 7 de julio, un grupo de ministeriales estatales -al parecer ligados a la Mafia Veracruzana– montó un retén en el kilómetro 17 en la carretera que va de Puebla a Cosamaloapan, a la altura de La Tinaja, para exigir el pago de cuotas, en un modus operandi similar al crimen organizado.
La Mafia Veracruzana es responsable del secuestro y la muerte de Irma Hernández, de 62 años, una taxista que se negó al cobro de piso y fue usada como escarmiento para otras personas que se resistan a las extorsiones.
En el caso de los policías, en videos obtenidos por REFORMA se observa a varias unidades de carga y de pasajeros detenidos, mientras los choferes son llevados a un inmueble abandonado para negociar la cuota o ahí mismo son apaleados.
Policías estatales y municipales al servicio del crimen también han sido señalados por operar redes de extorsión sistemática en distintas regiones de Veracruz, aprovechando retenes y patrullajes como fachada para amenazar y despojar de dinero a ciudadanos, transportistas y pequeños comerciantes, de acuerdo con testimonios recabados.
En regiones de Coatzacoalcos, Xalapa, Minatitlán, Córdoba, Orizaba y la zona norte del estado, los uniformados han sido acusados de realizar detenciones arbitrarias, sembrar drogas o armas, y exigir cuotas bajo amenaza de judicialización, de acuerdo con testimonios y fuentes de seguridad federal.
“Te dicen que tienes que pagar 30 mil (pesos) para dejarte ir, si no, te van a romper tu madre, ahí mismo en la casa esa abandonada te ponen una madriza en caso de que no pagues, amenazan con sembrarte drogas o armas, no hay forma de que te libres”, dijo a REFORMA un transportista que fue golpeado en el retén de La Tinaja.
Con informacion: ELNORTE/
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