En los últimos meses, bajo la administración de Claudia Sheinbaum y con Omar García Harfuch al frente de la seguridad, se han registrado históricas incautaciones de huachicol. Los operativos suman decenas de millones de litros de hidrocarburos decomisados en entidades clave como Baja California, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas y Tabasco. Sin embargo, las cifras muestran un contraste alarmante: en 11 de 12 grandes operativos de decomiso, no hubo personas detenidas. Esto ha generado críticas sobre la efectividad real más allá de los impactos mediáticos y volumétricos.
La constante es un saldo de “cero detenidos” en casi la totalidad de los casos, salvo una excepción reportada donde hubo consignación de 32 personas.
Justificación oficial: investigaciones, colaboración y “ir hasta las últimas consecuencias”
En respuesta a los cuestionamientos por la falta de detenidos y sentencias, la presidenta Sheinbaum insiste en que las investigaciones continúan y que el objetivo es “llegar hasta las últimas consecuencias”. En su discurso, la mandataria ha reiterado que su administración está dispuesta a sancionar a quien sea responsable, sin importar el nivel al que lleguen. Sin embargo, ante el dato innegable de los decomisos sin detenidos, su énfasis ha sido más en la exigencia pública de que los responsables paguen impuestos (“huachicoleros fiscales”), que en presentar arrestos concretos.
Durante su reciente conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo:
“Nada más, sobre el huachicol, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Las investigaciones están dando mucha información y nuestro objetivo es que todo sea legal, igual que en otros casos, que si hay combustible importado que paguen los impuestos que tienen que pagar y que sepamos a qué gasolinera va a ir”.
La presidenta también reconoció la existencia de redes transfronterizas: hidrocarburo robado en México, refinado en Estados Unidos y reingresado de forma ilegal al país con documentos alterados, fenómeno conocido como “huachicol fiscal”. Asegura que hay cooperación con las autoridades estadounidenses para desmantelar estas estructuras.
Críticas: impunidad, corrupción y falta de inteligencia operativa
Expertos y organizaciones civiles subrayan que los decomisos sin detenidos sólo exponen la debilidad institucional y una posible red de complicidades–o falta de inteligencia–dentro de las fuerzas federales y aduanas mexicanas. Algunos analistas argumentan que la filtración de información y la corrupción son factores determinantes para que los responsables logren evadir la justicia en estos golpes millonarios.
Entre la promesa y la realidad: el “papel de consejera”
La respuesta presidencial de exigir pago de impuestos, en lugar de exhibir detenciones o consignaciones penales, ha sido percibida por críticos y parte de la opinión pública como una postura que rebasa el límite de la autoridad y la seriedad institucional.
El propio fenómeno del huachicol fiscal muestra la sofisticación de las redes criminales y la urgencia de pasar de los discursos a resultados tangibles en materia de detención y enjuiciamiento de los responsables.
En resumen, el combate al huachicol bajo la administración de Sheinbaum se vio marcado por decomisos récord, fuerte retórica y una realidad que evidencia la impunidad predominante: casi ningún detenido, investigaciones en proceso y una apuesta por la regularización fiscal más que la sanción penal inmediata. La colaboración binacional es ahora parte central del discurso, pero la efectividad se mantiene en duda mientras las cifras de detenidos sigan siendo marginales frente al volumen de hidrocarburo asegurado.
Con informacion: ELNORTE/
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