En 2018, un hacker al servicio del Cártel de Sinaloa logró acceder a información confidencial de un funcionario del FBI destacado en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Este individuo, vinculado directamente con la organización que entonces lideraba Joaquín “El Chapo” Guzmán, obtuvo registros telefónicos —incluyendo llamadas realizadas y recibidas, así como datos de geolocalización— del teléfono móvil de un agregado legal asistente del FBI.
Este incidente, que no es menor, ni cosa aislada,pone sobre la mesa las mas recientes reformas a la ley que permitirán a la policia de Omar García Harfuch acceder a los sistemas de bases de datos del gobierno que aglutina la informacion de sus ciudadanos y que pronto,muy pronto,estaran en manos del narco,como ocurre hoy en Tamaulipas y todo el pais.
Además, el hacker utilizó el sistema de videovigilancia de la Ciudad de México para seguir los movimientos del funcionario estadounidense, identificar a las personas con las que se reunía y, de esta forma, rastrear a informantes y colaboradores de la agencia federal. La información fue utilizada por el cártel para intimidar y, en algunos casos, asesinar a posibles fuentes o testigos colaboradores del FBI en México.
Revelación y reacción oficial
El caso fue revelado en una auditoría del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos, centrada en los esfuerzos del FBI para mitigar los riesgos derivados de la llamada “vigilancia técnica ubicua”.
Este término hace referencia a la proliferación global de cámaras de videovigilancia y al comercio de grandes volúmenes de datos de comunicaciones, viajes y localización. El informe no identificó públicamente al hacker, al funcionario del FBI ni a las víctimas, y tanto la embajada de Estados Unidos en México como el propio FBI evitaron hacer comentarios inmediatos sobre el caso.
Implicaciones y riesgos sistémicos
El incidente pone en evidencia la vulnerabilidad de las agencias de inteligencia y seguridad ante el uso combinado de tecnologías de vigilancia pública y la explotación de datos personales o de localización obtenidos de dispositivos móviles.
La facilidad con la que se puede acceder, cruzar y analizar información de cámaras urbanas y registros de telecomunicaciones representa un desafío creciente para la protección de fuentes confidenciales y la integridad de las operaciones encubiertas.
La auditoría del Departamento de Justicia subraya que la recopilación masiva de datos y la cobertura extendida de cámaras de vigilancia han planteado problemas significativos para las fuerzas del orden, especialmente porque dependen de informantes cuya seguridad se ve comprometida por estas brechas tecnológicas.
Tendencias y antecedentes
Este caso ilustra cómo los cárteles mexicanos han evolucionado en el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, empleando hackers y expertos en inteligencia de ubicación para fortalecer su capacidad de vigilancia y contrainteligencia. El fenómeno de la videovigilancia urbana, originalmente implementado para fines de seguridad pública y control del tránsito, se ha convertido en un recurso explotable por actores criminales cuando existen brechas de seguridad o corrupción en los sistemas de control.
El informe también advierte sobre la necesidad de que agencias como el FBI refuercen la capacitación de su personal y actualicen sus protocolos de seguridad para enfrentar amenazas de vigilancia ubicua, que ya no son exclusivas de gobiernos o corporaciones, sino también de grupos criminales organizados.
Resumen de puntos clave
- El Cártel de Sinaloa contrató a un hacker que accedió a registros telefónicos y datos de geolocalización de un funcionario del FBI en 2018.
- El hacker utilizó el sistema de cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México para rastrear los movimientos del funcionario y detectar a informantes.
- La información fue utilizada para intimidar y asesinar a colaboradores del FBI.
- El caso fue revelado en una auditoría del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre los riesgos de la “vigilancia técnica ubicua”.
- El incidente evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad ante el uso combinado de tecnologías de vigilancia pública y explotación de datos personales por parte del crimen organizado.
- El informe recomienda fortalecer la capacitación y los protocolos de seguridad para proteger a agentes y fuentes confidenciales.
Este caso representa un precedente crítico sobre los riesgos de la convergencia entre crimen organizado y tecnologías de vigilancia, y la urgente necesidad de reforzar las defensas institucionales ante amenazas híbridas.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ANDRES RODRIGUEZ/THE GUARDIAN
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