“CERO y VAN DOS ?”: “CAYERON a de MAULEON a su CASA para ORDENARLE que ELIMINE PUBLICACION que PUSO a DESCUBIERTO que CANDIDATA TANIA CONTRERAS es CUÑADA del MAYOR TRAFICANTE de HUACHICOL”…que no pudo ser removido ni por la Secretaria de Defensa.

El mas reciente caso en que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) notificó a domicilio al columnista Hector de Mauleon,en EL UNIVERSAL ,para exigirle la eliminación de una columna sobre los vínculos familiares de la candidata Tania Contreras con operadores políticos en el robo de combustible -tema central de su investigación-,es un grave atentado contra el derecho a la información y la libertad de prensa en perjuicio de ciudadanos que deben saber que jabon patrocina sus candidatos. 

El acto, “mero saldo de un fallo electoral negociado con cara de falla” ,que además ordena la eliminación del contenido, le prohibía abordar el tema en el futuro, constituyendo un claro ejemplo de censura previa y hasta futura en el contexto de la represalia institucional que también llego a Codigo Magenta,quien fue mas profuso para exhibir la pudrición que rodea a la candidata y el gobernador.

El trasfondo: censura disfrazada de protección de derechos

El argumento oficial para estas acciones suele invocar la protección de derechos político-electorales, en particular cuando se alega violencia política de género, como en el caso de la candidata Tania Contreras. 

Sin embargo, la aplicación de medidas cautelares para retirar publicaciones que señalan posibles actos de corrupción o vínculos con actividades ilícitas -sin que medie una resolución judicial definitiva- abre la puerta a la censura y al silenciamiento de investigaciones periodísticas legítimas. 

El periodismo de investigación no puede estar supeditado a la voluntad de los órganos electorales ni a la sensibilidad de los actores políticos, pues su función es precisamente ventilar lo que el poder busca ocultar.

El riesgo de entregar datos personales a la autoridad electoral

El hecho de que el domicilio del columnista fuera proporcionado por el INE a petición del IETAM, bajo el amparo de un convenio, agrava la situación. Esto vulnera la privacidad y seguridad de quienes ejercen la crítica y el periodismo, enviando un mensaje de intimidación a toda la prensa y a la sociedad: quien investiga y denuncia puede ser localizado y amedrentado por el propio Estado corrupto.

¿Quién protege el derecho a saber de los ciudadanos?

La ciudadanía tiene derecho a conocer información relevante sobre el uso de recursos ilícitos en campañas, la infiltración del crimen organizado en la política y la corrupción en el aparato judicial, como lo documenta De Mauleón en su columna que incluso en “ValorTamaulipeco” enriquecimos con documentos para validar la información del periodista.

Cuando los órganos electorales censuran estos contenidos bajo pretextos administrativos o de género, no solo protegen a los actores señalados, sino que privan a la sociedad de herramientas para exigir rendición de cuentas y tomar decisiones informadas.

El doble discurso oficial

Mientras el gobierno de Tamaulipas asegura que no persigue ni censura a la prensa y que respeta la libertad de expresión, los hechos demuestran lo contrario: medidas cautelares, órdenes de eliminación de contenidos y amenazas de sanción económica a medios y periodistas críticos. Esta contradicción evidencia que el discurso oficial de respeto a la libertad de prensa es, en la práctica, letra muerta cuando se trata de proteger intereses políticos.

¿Qué debe hacerse frente a estas prácticas?

• Exigir que los órganos electorales y el INE se abstengan de intervenir en la labor periodística y de compartir datos personales de periodistas con terceros.
• Defender el principio constitucional de libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada, incluso cuando la información resulte incómoda para el poder.
• Denunciar nacional e internacionalmente los casos de censura institucional, para que no se normalicen ni se repitan.

La censura electoral en Tamaulipas no solo silencia a los periodistas, sino que priva a los ciudadanos de información valiosa y crucial sobre la corrupción y la infiltración criminal en la política. Callar al mensajero es encubrir el crimen. La única defensa real de la democracia es más información, no menos.

Asi se dolió EL UNIVERSAL el 16 de Mayo:

‘”…Ayer, un notificador del Instituto Electoral de Tamaulipas llegó hasta el domicilio de uno de los principales columnistas de este diario para hacer de su conocimiento que, tanto él, como EL UNIVERSAL, estaban denunciados por una persona cuyo nombre fue omitido en la notificación.

El documento ordenaba que el diario eliminara de su página web la columna en la que el autor toca el tema de los nexos de morenistas con personajes relacionados con el robo de combustible a Pemex, que utilizaban el producto de este ilícito para fondear campañas políticas. 

Además, se ordenaba que no volviera a tocar el tema. Cuando se le preguntó al notificador cómo obtuvo el domicilio del columnista, él respondió que le fue proporcionado por el INE por medio de un convenio. 

Varias preguntas. ¿El instituto electoral tiene autoridad para ejercer censura presente y futura de contenidos periodísticos? 

¿El INE puede proporcionar los datos que los ciudadanos les confían para que alguien que ejerce la crítica sea ubicado? 

¿El gobernador del estado, Américo Villareal, estará enterado de esta tropelía que raya en la censura?…”

Con informacion: ELUNIVERSAL+/ EL UNIVERSAL/HECTOR DE MAULEON