En la primera elección judicial de México, la justicia se ve amenazada por una bola de colados: aspirantes más próximos al delito que a la ley, cuya presencia en las boletas evidencia que, lejos de ser justicieros, buscan ajusticiar la esperanza ciudadana de un Poder Judicial íntegro, muy difícil de conseguir bajo un gobierno chueco.
La ecuación urnas-narco-jueces
La ecuación que advierte que “el narco controla las urnas, narco controlará el ungimiento de jueces”- encuentra eco en la realidad política y judicial de México, especialmente ante la inédita elección judicial marcada por denuncias de vínculos de aspirantes a jueces con el crimen organizado.
Diversos reportes y análisis advierten que la infiltración del narcotráfico en los procesos electorales ya es un fenómeno documentado: los cárteles han influido en la selección de candidatos, han intimidado a votantes y funcionarios de casilla, y han pactado con partidos para asegurar posiciones clave.
En este contexto, la apertura del Poder Judicial a la elección popular, sin filtros efectivos, ha sido señalada por expertos y opositores como una puerta para que el crimen organizado trascienda del control territorial y político al control institucional de la justicia. El riesgo es que jueces y magistrados ungidos bajo la sombra del narco terminen garantizando impunidad y protegiendo intereses criminales desde el corazón del sistema judicial.
La ecuación, lejos de ser una exageración, es una advertencia sobre la gravedad de permitir que estructuras criminales influyan en la designación de quienes deben impartir justicia. Si el narco controla las urnas, puede terminar controlando también los fallos, sentencias y libertades, consolidando una “narcocracia” en la que la ley deja de ser un dique y se convierte en un instrumento más del poder criminal.
La denuncia ante el INE
Organizaciones formalizaron ayer ante el INE sus denuncias contra 11 aspirantes a cargos en el Poder Judicial que presuntamente tienen lazos con el crimen y el líder religioso de la Luz del Mundo acusado de violación y lavado en EU.
Se trata de las primeras quejas, luego de que el Consejo General del INE aprobó anular las candidaturas de aspirantes si se confirma que tienen órdenes de aprehensión, suspensión de derechos políticos, sentencias por algún tipo de violencia o son deudores alimentarios.
Las denuncias incluyen a Francisco Herrera Franco, aspirante a juez en Michoacán. Le llaman “Fiscal de Hierro”, pues era Fiscal regional y lo vinculan con grupos criminales en esa entidad.
De Jesús Humberto Padilla Briones, aspirante a juez penal en Nuevo León, reportaron que en 2023 fue detenido con un arma de fuego y 17 dosis de droga.
También en NL y aspirante a juez en el Sistema Penal Acusatorio, se denunció a Fernando Escamilla Villarreal, abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40” y Eleazar Medina Rojas, “El Chelelo”, líderes de “Los Zetas” extraditados a EU.
Andrés Montoya García, quien busca ser magistrado del Tribunal de Apelación en Sonora, es hermano de José Antonio Montoya García, ex policía judicial acusado de ser el autor material de la desaparición en 2005 del periodista de El Imparcial, Alfredo Jiménez Mota.
Los aspirantes vinculados con Naasón Joaquín García, ex líder de la Luz del Mundo, son Madián Sinaí Menchaca Sierra, Karina Sánchez, Eluzai Rafael, Job Daniel Wong Ibarra, Cesiah Keren León Rocha, Betzabeth Almazán Morales y Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza.
Con informacion: ELNORTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: