El Gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó en septiembre de 2021 una demanda civil en la Corte del Onceavo Circuito Judicial en Miami-Dade, Florida, para recuperar aproximadamente 600 millones de dólares que presuntamente fueron desviados mediante contratos públicos otorgados a empresas vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y sus socios, principalmente la familia Weinberg.
Ahora,una jueza de Miami en EE.UU, fijó el 28 de abril como fecha fatal para iniciar el juicio civil con el que México busca recuperar 600 millones de dólares, provenientes de contratos públicos a empresas del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
De no cumplirse esta condición, la demanda será desechada, poniendo fin al intento de México por recuperar esos recursos en la vía civil estadounidense.
El origen de los fondos y la red de corrupción
Las autoridades mexicanas acusan a García Luna de encabezar una red de corrupción que, entre 2009 y 2018, permitió que empresas como Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Nice Systems Ltd., administradas por Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto, obtuvieran más de 630 millones de dólares en contratos del CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)[2][4].
Estos fondos fueron transferidos a paraísos fiscales y, posteriormente, a empresas fachada en Florida, donde se adquirieron numerosos bienes inmuebles y artículos de lujo, muchos de ellos a nombre de García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra y sus allegados.
Avances y obstáculos en la recuperación de activos
Hasta ahora, México ha logrado recuperar al menos 2.5 millones de dólares provenientes de la venta de inmuebles ligados a García Luna y su esposa en Florida, gracias a órdenes judiciales emitidas por la jueza Walsh. Sin embargo, esta cifra es apenas una fracción del monto total reclamado.
El litigio se ha centrado en 28 propiedades en Florida, de las cuales al menos 18 ya fueron vendidas por más de 28 millones de dólares, 12 antes del inicio del proceso judicial y seis después. Parte de los recursos recuperados provienen de la entrega voluntaria de bienes por parte de Linda Pereyra y de pagos de otros exfuncionarios implicados.
El posible acuerdo y sus implicaciones
Tras una mediación celebrada en noviembre de 2024, los abogados de las partes informaron a la jueza que “en principio se ha alcanzado un acuerdo para resolver todos los temas”. Este acuerdo podría incluir la cancelación de procesos penales y administrativos en México, lo que requiere aprobación “al más alto nivel”. Los detalles del acuerdo no se han hecho públicos, pero la jueza advirtió que no habrá más aplazamientos: o se inicia el juicio el 28 de abril o el caso será desechado definitivamente[9].
La frase: “los problemas cuando se resuelven con dinero, salen baratos”
Esta máxima cobra relevancia en el contexto del caso: si bien México busca recuperar una suma millonaria, el proceso ha sido largo, costoso y complejo. La posibilidad de un acuerdo económico implica que los implicados podrían evitar mayores consecuencias penales o administrativas a cambio de devolver parte de los recursos, lo que, en términos prácticos, puede resultar “barato” frente a la magnitud del daño causado al erario público y la gravedad de los delitos imputados que no Cebrián ser perdonados al amparo de ningun dinero
Cuando lana va por delante abre cualquier cerradura
En la balanza de la justicia, el peso del dinero suele inclinar la balanza más que el de la culpa. Al final, para algunos, el precio de la libertad es solo una cifra negociable.
Cuando la justicia se mide en dólares y no en años de prisión, el mensaje es claro: en ciertos estratos, el dinero no solo compra bienes, también compra impunidad.
En el tablero del poder, el dinero no solo paga abogados: a menudo, compra salidas y borra delitos. Así, para quienes pueden pagarlo, la cárcel es apenas una amenaza remota.
En casos como este, queda la amarga lección: en México y más allá, la justicia puede ser un lujo, y la cárcel, un destino reservado solo para quienes no pueden pagar su libertad.
Mientras el dinero siga siendo la llave de las celdas, la justicia seguirá siendo rehén del mejor postor.
En sintesis:
El caso García Luna en Miami ilustra cómo los grandes esquemas de corrupción trascienden fronteras y se enfrentan a complejos procesos legales para la recuperación de activos. Aunque México ha logrado avances, la resolución definitiva -ya sea mediante juicio o acuerdo- dependerá de la voluntad política y judicial de ambas partes. La advertencia de la jueza Walsh marca un punto de inflexión: el 28 de abril será decisivo para saber si México podrá recuperar una parte significativa de los fondos desviados o si, como suele ocurrir en casos de corrupción de alto nivel, los responsables logran resolver sus problemas “con dinero”, a un costo mucho menor que el daño causado.
Con informacion: ELNORTE/ MEDIOS/REDES
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