Apenas el 24 de febrero, el día de la bandera, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró: “No es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros o que miraban fuera como ejemplos a seguir. Ahora no. Desde que llegó la transformación al gobierno es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país”.
Unos días después el gobierno se arrodilló ante las exigencias de Donald Trump y entregó a Estados Unidos a 29 mexicanos acusados de narcotráfico. No fue una extradición legal; algunos de los acusados tenían suspensiones judiciales, otros podrían ser sometidos a la pena de muerte en Estados Unidos, lo cual impediría su extradición.
El mismo fiscal general, Alejandro Gertz Manero, reconoció el 28 de febrero que no hubo una extradición: “El artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional, que está vigente desde hace 20 años, establece cuáles son las condiciones en las que por seguridad de nuestro país y de conformidad con una solicitud debidamente fundada del gobierno de Estados Unidos, es como se hizo esto. Sobre la base más estricta de esa ley federal”. Pero la Ley de Seguridad Nacional no permite la entrega de nacionales a gobiernos extranjeros sin un juicio de extradición.
El artículo quinto simplemente señala cuáles son las “amenazas a la seguridad nacional”, como espionaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio o actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; no establece que la sanción sea la entrega sin juicio de un nacional a un gobierno extranjero.

Es tan clara la violación a la ley que los encargados de la seguridad quisieron eximir de responsabilidad a la presidenta Sheinbaum. “Es una decisión del gabinete de seguridad -afirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch-. Es una decisión colegiada que se tomó en su momento, en que no tiene nada que ver la señora presidenta de la República”. Es inverosímil, sin embargo, que una decisión de esta naturaleza se haya tomado sin la aprobación de la mandataria.
Tanto Sheinbaum como García Harfuch declararon, por otra parte, que temían que los acusados fueran liberados por jueces mexicanos.
Se entiende la importancia de quedar bien con Trump ante las amenazas que ha lanzado a nuestro país. Según el Wall Street Journal, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió a los jefes militares mexicanos el 31 de enero que “si México no abordaba la colusión entre el gobierno del país y los cárteles de la droga, el Ejército estadounidense estaba preparado para tomar medidas unilaterales… Los altos mandos de México que estaban en esa llamada estaban sorprendidos y enojados, sintiendo que estaba sugiriendo una acción militar dentro de México”.
Un comunicado del Pentágono el 1 de febrero informó de dos llamadas separadas realizadas por Hegseth con el secretario mexicano de Defensa, Ricardo Trevilla, y el secretario de Marina, Raymundo Morales, pero no menciona la advertencia. La Casa Blanca explicó en un comunicado que 29 “criminales” fueron “extraditados” a Estados Unidos por un esfuerzo del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de la Unión Americana. No ofreció ningún reconocimiento al gobierno mexicano.
Se entiende que en las circunstancias el gobierno de México haya decidido entregar a 29 presuntos criminales mexicanos a Estados Unidos. También López Obrador se dobló ante Trump en 2019 cuando este exigió que usara al Ejército Mexicano como patrulla fronteriza. A veces un gobierno debe tomar decisiones pragmáticas, pero no puede decir que los gobiernos anteriores se arrodillaban y ellos no.
Con informacion de: SERGIO SARMIENTO/ELNORTE/
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