El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó una demanda administrativa para reclamar a la Secretaría de la Defensa Nacional el pago de 255 millones de pesos, así como intereses que se habrían acumulado durante más de una década.
El conflicto entre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Secretaría de la Defensa Nacional revela un entramado de irregularidades institucionales que cuestionan los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en entes de la administración pública bajo punible corrupción.
El caso expone fallas estructurales en la gestión de recursos del dinero de los contribuyentes en la ejecución de obras gubernamentales.
Antecedentes del conflicto
La controversia se origina en 2013 cuando el CJF contrató al Ejército,al que nunca deberia haber contratado, pues esa no es su voacion quehacer legal,para construir instalaciones judiciales, incluyendo:
- El edificio sede del Poder Judicial en Oaxaca (entregado en 2016)
- Centros de justicia penal en Baja California Sur, Tlaxcala y Chiapas
El acuerdo buscaba evitar retrasos con empresas privadas, pero salio peor (….como siempre) y generó ocho años de negociaciones fallidas para liquidar pagos pendientes. En octubre de 2023, el CJF cuantificó una deuda de $255 millones por finiquitos no reconocidos.
Irregularidades detectadas
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó múltiples anomalías:
Aspecto | Detalle |
---|---|
Legalidad | Convenio declarado ilegal por exceder las atribuciones castrenses |
Fiscalización | $67.5 millones en daño patrimonial por obras no acreditadas |
Transparencia | Falta de documentación comprobatoria para desembolsos |
El Ejército recibió $857 millones del CJF sin presentar evidencia suficiente del uso de recursos, según el informe de 2017 de la ASF.
Escenario bajo un autentico estado de derecho
El litigio actual ante la SCJN (demanda 13/01/2024) plantea tres desafíos fundamentales:
- Responsabilidad financiera: Determinación de intereses moratorios acumulados durante 10 años
- Definición competencial: Clarificación de límites en la participación de fuerzas armadas en obras civiles
- Continuidad procesal: Riesgo de retrasos y/o prostitución del litigio por cambio de integrantes en la Corte (renovación agosto 2024)
Implicaciones sistémicas:
- Cuestionamiento al modelo de adjudicación directa entre dependencias que provoca aun mas corrupción
- Necesidad de protocolos claros para contrataciones interinstitucionales
- Urgencia de mecanismos ágiles de solución de controversias administrativas
Este caso evidencia cómo la falta de controles democráticos y auditorías continuas puede derivar en opacidad prolongada,maxime cuando se trata del ejercito. La resolución sentará precedente sobre la rendición de cuentas en proyectos intergubernamentales y la capacidad de las instituciones para autorregularse y muy probablemente cambien las cosas para que todo siga igual o peor.
Con informacion: ELNORTE/ MEDIOS
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