La Fiscalía General de la República (FGR) no pudo acreditar un presunto fraude en un contrato de 442 millones de pesos otorgado para el servicio de mantenimiento de los filtros de revisión y equipos de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Dos instancias judiciales resolvieron que no hay elementos para vincular a proceso a 5 ex funcionarios del AICM y 3 ex empleados de la empresa Provetecnia, por presuntamente ocasionar un daño a la hacienda pública de 229 millones 301 mil 253 pesos pagados en este contrato.
Primero un juez en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur y luego el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación determinaron no procesar a los imputados por los delitos de fraude y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Quienes libraron el proceso son Jordi Messeguer Gally, Director de Administración; Iván Durán Zenil, ex subdirector de Seguridad;Herón Villanueva Orozco, Gerente de Seguridad; Paola Mancilla Moreno, coordinadora de Equipos de Seguridad, y Francisco Luis Quiroz Pulido, comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil del AICM.
Ni eficacia, ni eficiencia
El caso del contrato del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde no logró acreditar un presunto fraude de 229 millones de pesos, ejemplifica fallas estructurales documentadas en múltiples fuentes. A continuación, se desglosan los principales problemas:
1. Ineficacia en las investigaciones
- Baja tasa de judicialización: Solo el 4.3% de las carpetas de investigación abiertas en 2022 llegaron a la etapa de vinculación a proceso, según datos de México Evalúa,citado por el diario español EL PAIS.
- Errores procesales recurrentes: En el caso del AICM, la FGR utilizó pruebas obtenidas mediante correos electrónicos sin validación jurídica internacional, lo que llevó a su declaración como ilícitas. Este tipo de negligencias es consistente con críticas sobre la falta de profesionalización y protocolos rigurosos en la institución.
2. Opacidad y falta de autonomía
- Designaciones discrecionales: La reforma de 2021 a la Ley de la FGR eliminó requisitos de mérito para nombramientos de fiscales, priorizando lealtades políticas sobre capacidad técnica, elsello de Morena. Esto explica casos como el de Alejandra Cuevas (excuñada del fiscal Gertz), donde se aplicó la justicia de forma selectiva.
- Ausencia de contrapesos: A pesar de los mandatos legales, la FGR no ha instalado el Consejo Ciudadano, un mecanismo diseñado para supervisar su actuación.
3. Uso político de la institución
- Priorización de casos mediáticos: Bajo la gestión inutil de Alejandro Gertz Manero, la FGR ha centrado recursos en casos emblemáticos (como el de Emilio Lozoya), mientras archiva investigaciones clave como la masacre de Tlatlaya, donde el Ejército ejecutó a civiles, actuando como su complice.
- Narrativa oficialista: El presidente López Obrador llego a utilizar a la FGR para desviar críticas, atribuyendo la impunidad al Poder Judicial en lugar de asumir responsabilidades institucionales.
- Claudia Sheibaum hace exactamente lo mismo y utiliza al fiscal en sus mañaneras para mandar señales de avances inexistentes.
- En el caso del AICM, la denuncia surgió tras la militarización del aeropuerto, lo que sugiere un trasfondo político en la imputación, otra vez la impunidad militar, imposible de someter al imperio de las leyes,estan armados.
4. Consecuencias sistémicas
- Impunidad garantizada: 9 de cada 10 delitos en México no reciben castigo, según México Evalúa. Esto se agrava con prácticas como el archivo temporal de carpetas (43% del total en 2022) sin justificación clara.
- Desconfianza internacional: Estados Unidos y organismos como WOLA han señalado la ineficacia de la FGR en combate al lavado de dinero y extinción de dominio, incluso tras reformas legales.
El caso del AICM: síntoma de un problema mayor
La incapacidad sospechosa de la FGR para probar el fraude en el contrato de mantenimiento no es un hecho aislado. Los jueces determinaron que las irregularidades eran de naturaleza administrativa, no penal, y que el AICM ya había subsanado las discrepancias vía deducciones. Esto refleja:
- Falta de coordinación entre la FGR y otras instancias del Estado.
- Sobrecarga de casos sin sustento jurídico sólido, como señalan los 967 mil archivos temporales en 2022.
- Persistencia de prácticas opacas, como el uso de pruebas inválidas o la dependencia de denuncias con motivaciones políticas.
En síntesis, la FGR opera como un instrumento débil, corrupto,politizado y reactivo, más enfocado en cumplir narrativas oficiales que en garantizar justicia. Su transformación requiere no solo ajustes legales, sino una depuración interna por la pudricion que aun impera y un compromiso real con la autonomía, condiciones que hoy brillan por su ausencia.
Con informacion: ELNORTE/
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